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CNDH desaparece Oficina Especial para el caso Ayotzinapa

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La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la desaparición de la Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’, la cual fue creada en diciembre de 2014 para “atender de manera prioritaria” el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

La titular de la CNDH decidió que las responsabilidades de dicha oficina, como los trabajos de acompañamiento y seguimiento del caso de los normalistas, serán ahora asumidos por la Dirección General de la Primera Visitaduría.

La Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’ fue creada el 18 de diciembre de 2014 como parte de las investigaciones que se siguieron en torno a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 80 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México, fueron interceptados y uno de los vehículos, con 43 de los normalistas, desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.

En julio de 2019, la CNDH (entonces presidida por Luis Raúl González Pérez) informó sobre la presentación de seis denuncias penales y 12 administrativas contra funcionarios federales y estatales, que presuntamente incurrieron en omisiones y delitos como tortura, al investigar la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Las denuncias penales involucran a 235 personas del servicio público, y las administrativas a 140 funcionarios, y derivan de las violaciones graves a derechos señaladas en la recomendación 15VG/2018, realizada por el mismo organismo.

En dicha recomendación se formularon un total de 128 puntos recomendatorios, 120 de ellos dirigidos a 17 autoridades del orden federal, estatal y municipal, y los otros 8 para realizar otras acciones derivadas de los primeros puntos recomendatorios.

Además se plantearon a las autoridades 224 Acciones y Propuestas de Investigación.

Hasta hace unos meses, la CNDH aceptó que ninguna de las recomendaciones podía considerarse como “totalmente atendida: 66 se encuentran en vías de atención y 62 tienen un estatus de no atendidas”.

Mientras que de las 224 acciones y propuestas de investigación que se plantearon, 2 se encontraban totalmente atendidas, 18 en vías de atención y 204 como no atendidas.

En este contexto, cuando Piedra Ibarra asumió la presidencia de la CNDH anunció que la recomendación 15VG/2018 sería analizada junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos con la finalidad de valorar el alcance de la Oficina Especial y encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones.

Así fue que la titular de la CNDH decidió ordenar la desaparición de Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’ e instruyó a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos completar el seguimiento de la recomendación.

En tanto que, José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría, será el responsable de acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa de investigación.

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Fuente: Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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