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Colabora SFP con Sedesol y FEPADE en acciones contra delitos electorales

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En medio de la contienda electoral, la secretaría de la Función Pública dio a conocer las acciones que se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, y la Procuraduría General de la República, con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de realizar acciones contra delitos electorales.

Para dicho fin, la dependencia federal recordó la firma del “Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana”, entre las instancias antes mencionadas.

Además, en febrero de este año se firmó un Adendum, en el cual “se establecen los compromisos en materia de Contraloría Social y estrategias de apoyo al blindaje electoral durante los procesos electorales federales y locales”.

En ese contexto, la Función Pública se comprometió en el convenio a “convocar e involucrar la participación de la Contraloría Social en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en la ejecución de los programas de desarrollo social”, entre otras acciones.

Cómo parte de las acciones, la dependencia está encargada de captar las quejas, denuncias e irregularidades y las atiende o, en su caso, las canaliza con las autoridades competentes.

Además, la secretaría difunde el alcance del Convenio y promueve la participación activa de las Contralorías Sociales, así como la difusión de la figura de la Contraloría Social con servidores públicos a través de los Órganos Estatales de Control.

A su vez, los contralores son los encargados de presentar las quejas y denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante campañas, ante la Función Pública o ante la FEPADE, según sea el caso.

México

Polémica nacional: vocera de Morena afirma que el narco “es uno de los mayores empleadores de México” y el partido se deslinda

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Una fuerte controversia se desató a nivel nacional luego de que Adriana Marín, titular del área de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmara que el narcotráfico es uno de los principales generadores de empleo en el país, declaración que provocó una oleada de críticas en redes sociales.

Las palabras de Marín fueron emitidas durante una mesa de debate juvenil realizada en noviembre de 2025, pero retomaron relevancia en días recientes tras viralizarse fragmentos del encuentro. En dicho espacio, la funcionaria abordó la complejidad de combatir al crimen organizado y sostuvo que en diversas regiones del país el narco representa la única alternativa laboral para miles de personas.

Durante el debate, en el que participó Edson Andrade, convocante de la marcha de la Generación Z contra la violencia del crimen organizado, Marín cuestionó la legitimidad de dicha movilización y criticó la narrativa de la oposición. Al ser interrogada sobre los resultados de la estrategia de seguridad federal, argumentó que la erradicación del narcotráfico enfrenta obstáculos estructurales.

“El narcotráfico es uno de los mayores empleadores a nivel nacional. Recluta alrededor de 160 mil a 185 mil personas y cada semana se requieren cerca de 350 más para sustituir a quienes son detenidos o asesinados”, afirmó. Añadió que la problemática se agrava porque el Estado y la iniciativa privada no han generado suficientes oportunidades laborales en ciertas zonas del país.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción negativa, al ser interpretadas como una justificación del crimen organizado y una minimización del daño social provocado por la violencia. Ante el escándalo, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino emitió un comunicado para deslindarse de los dichos de su colaboradora.

En el pronunciamiento, Morena aclaró que las expresiones fueron realizadas a título personal durante el programa de debate juvenil Razonados, organizado por La Razón de México, y que no representan la postura oficial del grupo parlamentario ni de sus integrantes.

Al mismo tiempo, el partido denunció que Adriana Marín ha sido víctima de acoso digital tras la difusión de sus comentarios, por lo que llamó a frenar los ataques en su contra. Morena calificó dichas agresiones como inaceptables y aseguró que buscan intimidar a quienes participan en espacios de discusión pública.

El episodio reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad, la falta de oportunidades económicas en diversas regiones del país y el papel del discurso político frente a la violencia del narcotráfico, en un contexto marcado por una alta sensibilidad social ante este fenómeno.

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