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México

Colabora SFP con Sedesol y FEPADE en acciones contra delitos electorales

En medio de la contienda electoral, la secretaría de la Función Pública dio a conocer las acciones que se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, y la Procuraduría General de la República, con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de realizar acciones contra delitos electorales.

Para dicho fin, la dependencia federal recordó la firma del “Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana”, entre las instancias antes mencionadas.

Además, en febrero de este año se firmó un Adendum, en el cual “se establecen los compromisos en materia de Contraloría Social y estrategias de apoyo al blindaje electoral durante los procesos electorales federales y locales”.

En ese contexto, la Función Pública se comprometió en el convenio a “convocar e involucrar la participación de la Contraloría Social en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en la ejecución de los programas de desarrollo social”, entre otras acciones.

Cómo parte de las acciones, la dependencia está encargada de captar las quejas, denuncias e irregularidades y las atiende o, en su caso, las canaliza con las autoridades competentes.

Además, la secretaría difunde el alcance del Convenio y promueve la participación activa de las Contralorías Sociales, así como la difusión de la figura de la Contraloría Social con servidores públicos a través de los Órganos Estatales de Control.

A su vez, los contralores son los encargados de presentar las quejas y denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante campañas, ante la Función Pública o ante la FEPADE, según sea el caso.

México

PAN propone blindar a periodistas contra censura y acusaciones de calumnia electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para proteger el trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión, ante recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que han generado polémica por requerir a periodistas revelar sus fuentes y por sancionar publicaciones críticas sobre el proceso electoral judicial.

El diputado panista Federico Döring propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que las investigaciones o publicaciones de periodistas no puedan ser consideradas como calumnia electoral, salvo que se demuestre que actuaron en complicidad con actores políticos.

Esta iniciativa surge luego de que el INE solicitó a periodistas y ciudadanos —como Laisha Wilkins— que explicaran el origen de publicaciones sobre presuntas irregularidades en la elección de jueces, incluyendo el uso de “acordeones” para promover a candidatos vinculados a Morena. También se han iniciado procedimientos contra ciudadanos como Karla Estrella por presunta violencia política de género, a raíz de un tuit que cuestionaba la candidatura de una mujer supuestamente impulsada por su esposo diputado.

“Se debe garantizar el derecho a la información de todas las personas y evitar la censura previa”, advirtió Döring, quien también propuso que, cuando se trate de periodistas, las autoridades deban ponderar el derecho constitucional a la libertad de prensa antes de imponer sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la censura indirecta es una amenaza creciente para el periodismo en México.

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