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Política

Con Calderón y Peña, 75% del alza en la deuda en una década

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Ciudad de México. Tres de cada cuatro pesos en que aumentó la deuda pública en la última década correspondió a operaciones de contratación de pasivos realizadas en los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en los seis que siguieron del ex presidente Enrique Peña Nieto, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La deuda pública interna y externa contratada por el gobierno federal pasó de 4 billones 56 mil 34 millones, en 2011, a 9 billones 702 mil millones en 2020, un repunte de 139.2 por ciento.

Esto es, un aumento de 5.6 billones de pesos en ese periodo, reportó la ASF en su primer informe parcial de la Cuenta pública de 2020. Además, desglosó que de 2011 a 2018 la deuda tuvo un alza de 4.2 billones de pesos, mientras que de 2018 a 2020 se incrementó 1.3 billones de pesos. Ello implica que tres de cada cuatro pesos, o 75 por ciento del total, corresponde a los últimos dos años de la gestión de Calderón y los seis de Peña Nieto.

Como parte del mismo informe, entregado ayer a la Cámara de Diputados, la auditoría detalló que en 2020, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) fue insuficiente para cubrir la pérdida acumulada de ingresos tributarios y petroleros de ese año, que ascendió a 399 mil 468 millones 700 mil.

Con el FEIP, que opera desde 2001 para compensar la pérdida de ingresos, solo se pudo cubrir 51.1 por ciento de esa caída en la recaudación, y ese instrumento cerró 2020 con un saldo de solo 9 mil 479 millones 783 mil pesos y, al no haber remanentes, su reserva quedó en cero pesos, detalló la ASF.

Respecto de la evolución de la deuda, el órgano fiscalizador calificó que en el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pago de amortizaciones fue el adecuado y conforme a los lineamientos establecidos en la materia.

En el dictamen se explica que, al tomar en cuenta la deuda de todo el sector público federal –gobierno federal, empresas productivas del Estado y banca de desarrollo–, el saldo en 2020 ascendió a 12 billones 440 mil 906.7 millones de pesos, cantidad mayor en un billón 12 mil 941.7 millones de pesos al monto de 2019, un aumento de 8.9 por ciento.

“Como proporción del PIB, dicho saldo fue superior en 7 puntos porcentuales respecto del nivel alcanzado en el ejercicio anterior, al pasar de 46.8 por ciento a 53.8 por ciento, entre 2019 y 2020”, indicó.

El costo financiero de la deuda ascendió a 544 mil 700 millones, 9.1 por ciento del gasto federal para 2020, agregó.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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