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México

Con el gobierno federal anterior hubo más de 200 millones de actos corruptos en tan sólo un año

La Confederación Nacional Campesina denunció que de acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos años de la administración federal anterior, se identificaron más de 200 millones de actos corruptos por parte de las autoridades públicas, y lamentó que México padezca uno de los problemas más graves que afectan a la mayoría de los países del mundo y atentan contra la población.

En este sentido, el senador y presidente de la CNC, Gerardo Sánchez García, aseguró que en el estado de Guanajuato en 10 años de administraciones panistas anteriores, la corrupción, según Transparencia Internacional, se incrementó en un 100%, por lo que demandó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conformar un grupo plural de trabajo para investigar y esclarecer el presunto uso indebido de recursos públicos en esa entidad.

El líder cenecista sostuvo que es el sector rural uno de los más afectados por la corrupción y como ejemplo mencionó las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del Gobierno de Guanajuato que encabezó Juan Manuel Oliva –que serían destinadas a la construcción de la Refinería Bicentenario– propuesta que se incluyó, como se recordará, fue anunciada por el entonces Presidente Felipe Calderón el 15 de octubre del 2008 en el marco de la presentación del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), con una inversión de 12 mil millones de pesos para la construcción de dicha refinería.

Pero hasta la fecha, acusó, esa obra no existe y, además, existió una presunta red de corrupción que la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) detectó en el Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG) y áreas de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), en la que se involucra a 177 funcionarios estatales, autorizando contratos a empresas fantasmas, como Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A de C.V., por 294 millones de pesos (MP) por concepto de equipo médico y compras irregulares realizadas a la empresa con licitaciones falsas por 238 MP.

El senador guanajuatense precisó también que en el Hospital General de Silao, existen denuncias de ocultamiento de información al Congreso Local por inversión en obra pública por 561.4 MP; de 27.4 MP por diferencias en cuentas bancarias; 50 cheques sin localizar; un adeudo por 79.3 MP al Seguro Popular; un desfalco por 294 MP; 1.2 MP de gastos no comprobados y un sobrepago de más de 600 mil pesos; estos presuntos actos irregulares suman casi 964 MP.

Asimismo, detalló que en revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Transparencia y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Estado de Guanajuato, destaca el proyecto de construcción de la torre de 23 pisos denominada “Conjunto Estrella”, proyecto que fue cancelado y donde se erogaron inútilmente 15 MP.

El dirigente de la CNC destacó que en su tierra de origen y con el gobierno anterior destacaron irregularidades en la operación del Seguro Popular por pérdidas por la venta de medicinas de costo real y la asignación de contratos sin licitar. La ASF confirmó irregularidades del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, solo en el surtido de medicamentos, por casi 3 MP.

Por si fuera poco, abundó, en 2010, de acuerdo a la auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), el gobierno de Guanajuato, a través del DIF estatal, adjudicó contratos a las empresas “Impulsora Comercial Estrella” e “Impulsora Comercial la Espiga”, presuntamente ligadas a dirigentes panistas locales, entre quienes figuran como accionistas familiares de ellos, por 150 MP.

En ellos se incluyen paquetes de útiles escolares por 40.7 MP (No. de contrato 4580000576), donde el OSF destaca que se dieron pagos irregulares por casi 2 MP, sin que se hallara evidencia del material comprado. También destaca la compra de más de 940 mil latas de atún caducadas y en mal estado. Y no sólo eso, sino que las autoridades del DIF dispusieron de casi 1.3 MP adicionales para que sustituyeran las latas de atún referidas, por latas de pollo en agua. Por otra parte, el DIF adjudicó un contrato sin licitar, presuntamente a Elia Margarita Lona Calvo quien es consuegra del ex Gobernador Juan Manuel Oliva por 1.8 MP para la adquisición de miel de abeja.

El legislador recordó que uno de los objetivos de la construcción del Expo Parque Bicentenario fue que se reconociera a Guanajuato como protagonista de esta conmemoración: “como la capital de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución”, sin embargo, de origen el proyecto generó controversias, primero porque el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez eligió como sede a Silao y no Dolores Hidalgo, que históricamente es la Cuna de la Independencia Nacional, por lo que debió ser el punto medular de las celebraciones y segundo por su alto costo y las escasas perspectivas de utilización.cnc corrupcion federal

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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