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Con sentimientos encontrados, reciben aquí propuesta vs narcotúneles

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Con sentimientos encontrados, recibieron residentes de la zona aledaña al Río Grande la noticia de una propuesta de ley que criminaliza la construcción de túneles subterráneos entre Estados Unidos y México e impone más responsabilidades a los dueños de propiedades que lindan con la frontera.

A la vez que dieron la bienvenida a iniciativas en beneficio a la seguridad del país, consideraron como “duro” y hasta “injusto” sancionar a las personas en cuyas propiedades hayan sido construidos túneles ilegales.

“Por un lado está bien que hagan este tipo de leyes, pero por otro uno qué culpa tiene si de pronto aparece un túnel en el patio de nuestra casa”, expresó Rodolfo Villarreal, quien es propietario de la tienda de abarrotes “La Estrella de Jalisco”, donde enseguida tiene su casa.

El negocio se encuentra en la esquina de las calles Findley y Estrella, a menos de 200 pies de la línea internacional y del marcador 25, donde autoridades de Estados Unidos y México descubrieron en julio del 2010 un “narcotúnel”.

El túnel, de una extensión de 64 metros, fue construido con “tecnología rudimentaria” debajo del lecho encementado del Río Bravo, a escasos metros del puente internacional Córdova-De las Américas, según dieron a conocer las autoridades en ese entonces.

Este corredor ilegal forma parte de los 149 túneles que atraviesan la frontera, los cuales han sido encontrados desde 1990, 139 de ellos fueron encontrados desde el 2001, según lo estipula el proyecto de ley del Acta de Prevención de Túneles Fronterizos. La mayoría de éstos se encuentran en Arizona y California. La pieza de ley HR 4119, auspiciada por el congresista paseño Silvestre Reyes, fue aprobada el martes en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su votación.

La medida planea frenar la construcción de túneles a través de proveer mayores herramientas investigativas y opciones para el proceso judicial de estos crímenes, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Reyes.

Entre esas herramientas se utilizaría la intervención telefónica, pero sólo a través de una orden judicial, precisó el portavoz del congresista, José Borjón.

“Se aseguraría esta herramienta de último recurso a que esté disponible para los agentes federales investigando crímenes muy serios relacionados a la actividad ilegal de (la construcción) de túneles fronterizos”, comentó. La propuesta de ley también señala que los propietarios de tierras aledañas a la frontera, también podrían ser sancionados.

La ley actual da una sentencia máxima de 10 años en prisión a quien tenga conocimiento, “o intransigentemente cometa desacato”, sobre la construcción o el uso de un túnel ilegal en las tierras en que dicha persona es propietaria o tiene el control de las mismas.

Además requiere que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) informe anualmente y notifique a los propietarios o inquilinos de tierras que se encuentran a una milla al norte de la frontera, en zonas de “alto riesgo”, sobre las leyes y cómo reportar violaciones a la ley federal del orden público.

Borjón precisó que DHS designaría esas zonas de “alto riesgo” y determinaría la mejor manera de notificar a los propietarios de la ley.

Para Israel Alvarado, propietario del taller de carrocería Alliance Collision Center localizado a unos cuantos pasos del puente Libre, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, aunque la consideró como “dura”.

Alvarado manifestó que el problema aquí en El Paso no es tanto la construcción de túneles, porque ya los hay en el sistema de alcantarillado y desagüe que desemboca en el Río Grande (Bravo). “El problema aquí son las alcantarillas”, dijo.

Tanto él como Carmen Rivera, quien vive a una cuadra al oeste del negocio de Alvarado, han sido testigos de inmigrantes indocumentados que salen de las alcantarillas justo al norte de la calle Paisano.

“Hace como un mes salieron muchos indocumentados de allí. Los de la ‘migra’ y la policía andaban corriendo tras de ellos”, dijo Rivera, mientras apuntaba a una alcantarilla en medio de la intersección Cebada y San Antonio.

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México

Sheinbaum afirma que arribo de avión militar de EU fue autorizado desde octubre

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la llegada de un avión militar de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca se realizó con autorización previa del gobierno mexicano y no representó ninguna acción irregular ni una violación a la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el permiso para el ingreso de la aeronave había sido solicitado desde el mes de octubre, por lo que su arribo estaba contemplado dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

Detalló que el avión no transportaba tropas militares y que su presencia en territorio mexicano estuvo vinculada con actividades de capacitación, lo que descarta cualquier interpretación relacionada con un despliegue armado.

Sheinbaum informó que, desde el inicio del proceso, existió comunicación constante entre ambos países. Señaló que la información emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos fue compartida con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo contacto permanente con la Embajada estadounidense para dar seguimiento al vuelo.

La presidenta también explicó que el comunicado oficial sobre el tema no se difundió de inmediato porque era necesario confirmar que no se hubiera registrado ningún sobrevuelo fuera de lo autorizado dentro del espacio aéreo mexicano.

En otro tema, la titular del Ejecutivo reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos para reforzar las acciones contra el consumo de drogas y el tráfico de armas, bajo un enfoque de responsabilidad compartida.

Recordó que, de acuerdo con datos oficiales, el 75 por ciento de las armas aseguradas en México, alrededor de 21 mil unidades, provienen de manera ilegal de territorio estadounidense, y mencionó un decomiso reciente en Tijuana como ejemplo de la porosidad fronteriza.

Sheinbaum sostuvo que el combate al narcotráfico no puede recaer únicamente en México si no se atiende la demanda de estupefacientes en Estados Unidos como un problema de salud pública y educación.

Asimismo, defendió la estrategia nacional de seguridad al destacar la incautación de 320 toneladas de drogas y una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos, e insistió en que así como México enfrenta a las organizaciones criminales, Estados Unidos debe frenar el flujo de armamento y el lavado de dinero en su territorio.

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