En los últimos años, el organismo ha perdido varios litigios por quitarles los apoyos económicos a los atletas; las resoluciones en contra más recientes fueron la de las raquetbolistas Samantha Salas y Paola Longoria
En los últimos años, la Conade ha sufrido sus peores reveses en un campo ajeno al deportivo: el legal. De 2021 a la fecha, el organismo federal ha tenido al menos cinco resoluciones en contra por parte de las autoridades judiciales en litigios promovidos por diferentes atletas, quienes han reclamado a través de esta vía que la entidad les regrese sus apoyos o premios económicos.
Por ejemplo, hace unos días Samantha Salas se convirtió en la más reciente deportista que le gana una demanda a la Conade. Desde el año pasado la raquetbolista –ranqueada número dos del mundo– había dejado de recibir su beca ordinaria, luego de que el organismo federal argumentara que tenía una deuda por la comprobación de sus gastos de 2015; incluso, no tuvo el apoyo de la dependencia para ir al Campeonato Mundial de 2022 en San Luis Potosí, evento donde quedó campeona mundial en dobles.
Fue entonces que Samantha Salas decidió interponer una demanda para recuperar su beca deportiva y recibir el monto de 15 mil 500 pesos que le corresponden mensualmente, según tabuladores de la Conade publicados en el Diario Oficial de la Federación. “Yo traigo el asunto de Samantha y no me sorprende que se estén ganando las demandas en contra de Conade, eso estaba pronosticado desde un principio; lo increíble es la posición del organismo respecto de todos los atletas que por sus méritos deportivos las merecen, faltando a sus obligaciones de ley. Las demandas de los clavadistas y nadadores ya están en proceso”, declaró al abogado de Samantha Salas, Luis Jiménez.
Las batallas perdidas
Antes de perder la demanda con Samantha Salas, en agosto pasado el organismo recibió el revés con Paola Longoria, quien fue demandada por la Conade por un supuesto adeudo de un millón 500 mil pesos en las comprobaciones del 2014, al grado que le quitó además su derecho de beca por tres años; sin embargo, la raquetbolista se defendió y terminó ganando el pleito, por lo que ahora la Conade debe restablecerle la beca que le corresponde, la cual es de 21 mil 500 pesos por ser campeona mundial.
Otro caso es el de la clavadista Adriana Jiménez, quien demandó a Conade por haberle quitado en el 2019 su beca de 20 mil pesos con el argumento de que participó en el reality deportivo Exatlón; la ahora ex deportista metió en su defensa que nunca le llegó la carta compromiso con esa clausula, y finalmente en 2022 le favoreció la resolución y la Conade tuvo que desembolsar el retroactivo de tres años.
También fue muy sonado el caso de la esgrimista Paola Pliego, quien ganó una indemnización de 15 millones de pesos por parte de la Conade, después de que el juez confirmara la sentencia definitiva, tras ser víctima de un falso positivo (en doping) que evitó compitiera en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Y uno de las recientes resoluciones a favor de los atletas, la cual hizo mucho ruido en las redes sociales, fue cuando las nadadoras artísticas ganaron el amparo para que les devolvieran sus becas que les fueron suspendidas desde enero de este año; el organismo trató de impugnar, pero el fallo fue en su contra por lo que tuvo que desembolsar un millón 140 mil pesos por el retroactivo de enero a mayo, y de paso continuar pagando la beca mensual correspondiente.
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También la halterista Luz Acosta demandó en 2021 al organismo para que le otorgara el premio económico que le correspondía por la medalla de bronce que ganó en Londres 2012, la cual se le asignó hasta 2018 luego de la descalificación de dos competidoras. Medio año después Conade tuvo que pagarle 125 mil pesos. Estos fueron los casos más recientes y aún vienen más para la dependencia.
El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.
Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.
De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.
Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.
Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.