Opinión

Conexión desconectada. Por Itali Heide

Itali Heide

Fue una sensación extraña despertar un lunes, mirar al teléfono y verlo vacío de notificaciones. Ni siquiera el clásico mensaje de UNOTV en la pantalla. Rápidamente quedó claro que no había energía ni señal, así que ¿ahora qué? La sensación de sentirse desconectado de la red virtual creada por la humanidad fue casi apocalíptica, sobre todo después de un año en el que nos hemos apegado aún más a nuestros dispositivos.

Al principio, me sentí un poco estancada. ¿Cómo iba a empezar mi rutina matutina si no había hecho mis rondas por las redes sociales, respondido a los correos electrónicos importantes y compartido algunos memes? Me parecía mal no saber lo que estaba pasando ahí fuera. No había nadie a quien llamar ni noticias que consultar. La única opción era salir al mundo real, pero incluso esa opción se limitó por la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo.

No me quedó de otra, más que recordar cómo vivir sin el teléfono en la mano, la computadora en la mesa y la mente en el algoritmo. Como miembro de la extraña división entre los Millennials y la Generación Z, de la generación que creció conociendo la vida tanto con como sin Internet al alcance de la mano, tuve que recordar lo que hacía antes de empezar a no hacer otra cosa que estar conectado.

Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi cerebro es lo suficientemente entretenido sin necesidad de distraerse desplazando el dedo por otra página interminable de información. ¡Resulta que puedo pensar! Incluso puedo preguntarme, imaginar y soñar. No todos los pensamientos eran entretenidos, a veces el aburrimiento se instalaba en mi cuerpo, pero descubrí una línea de pensamiento frente a un monólogo interior de pesadilla, desordenado con música de fondo a todo volumen, diecisiete pestañas abiertas y un anuncio pop-up recordándome que voy atrasada en la tesis.

Cuando se nos permite dar un paso atrás en nuestras obligaciones y responsabilidades, regresamos con una nueva perspectiva. Está claro que la tecnología ha llegado para quedarse, y para la mejora de la humanidad. Ha mejorado la vida de millones de personas en todo el mundo, ha creado conexiones entre continentes y nos ha entregado el mundo en las manos. Es una verdadera suerte estar vivo en una época en la que podemos explorar sin límites y crear como nunca antes. Sin embargo, como todo lo bueno que hay en este mundo, el exceso será en nuestro detrimento.

¿Estaríamos dispuestos a alejarnos de nuestros dispositivos si no fuera por la escasez de energía? Muchos de nosotros no lo haríamos. Yo, la neta, nunca habría dejado mi celular por más de 24 horas si no fuera por los terribles y devastadores cortes de luz que están viviendo en los estados. Verme obligado a enfrentarme a mi ansiedad de frente, sin ninguna distracción a la que recurrir, fue una batalla que, por simple que parezca, dejó una lección duradera: se nos permite vivir fuera de la pantalla, recuérdenlo.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.