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México

Confirman detención de un líder de Nueva Generación

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, confirmó hoy la detención de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien reportes de prensa identifican como Víctor Hugo Delgado Rentería, alias «El Tornado».

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, confirmó hoy la detención de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien reportes de prensa identifican como Víctor Hugo Delgado Rentería, alias «El Tornado».

En una rueda de prensa tras la toma de protesta de Gerardo Solís como nuevo delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado occidental de Jalisco, Murillo fue interrogado sobre las versiones del arresto de «El Tornado» en una operación reciente del Ejército en el área metropolitana de Guadalajara.

«Si es el mismo del que estamos hablando está detenido, está en la Procuraduría y está a punto de ser consignado (puesto a disposición de un juez)», replicó el fiscal.

Al pedírsele detalles de la detención, Murillo se limitó a decir que los dará a conocer «en el momento que se consigne» al detenido.

Según publicó la prensa local, Delgado Rentería fue detenido el 10 de julio junto con una persona identificada como Domingo Medina Moguel, alias «El Mingo», quien se presume era su escolta, durante una operación del Ejército en el área metropolitana de Guadalajara, la capital estatal.

Por otro lado, Murillo reconoció que pese a las recientes detenciones de capos del narcotráfico, especialmente la de Miguel Ángel Treviño Morales, líder del cártel de Los Zetas, aún quedan «muchos» líderes del crimen organizado por capturar.

Sobre el arresto de Treviño, alias «Z40», el pasado 15 de julio en el estado de Tamaulipas, el fiscal lo consideró muy significativo porque «en el origen de la mayor violencia que se da en el país estaba precisamente implicado el grupo que este hombre» dirigía.

«De continuar al paso que vamos espero que pronto podamos hablar no sólo de la eliminación de la violencia sino también de lo más importante, que es la eliminación de la posibilidad abierta de delinquir que estos grupos tienen mediante el poder económico que les produce el manejo de drogas prohibidas», dijo.

Añadió que, desde su punto de vista, la detención de Treviño «es un paso importante, imprescindible, que es sólo un paso en la búsqueda de la paz y de a tranquilidad».detencion tornado

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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