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México

Cordero repartió bonos a altos funcionarios del Senado

El Senador electo, Martí Batres, acusó que Ernesto Cordero aprobó una serie de bonos para al menos 22 altos funcionarios de la Cámara Alta. Llamó a los beneficiados con estos incentivos a que devuelvan el dinero.

“Trabajadores del Senado nos han dado una información en el sentido de que se están otorgando de último momento una serie de bonos y estímulos a los altos funcionarios del Senado. Justo cuando estamos diciendo que esto ya no puede seguir; justo después de las elecciones y justo cuando hay un proceso de cambios”, dijo Batres en conferencia de prensa este jueves.

El legislador electo de Morena llamó a quienes se hayan visto beneficiados a “no gastarse lo recursos”.

Indicó que estos bonos, detallados en una carta firmada por Ernesto Cordero, fueron calificados como “estímulo especial por desempeño sobresaliente”.

“No es obligación entregar el estímulo, no es una prestación legal, de carácter obligatorio, puede no decidirse esto”, agregó.

Detalló que se trata de al menos 22 altos funcionarios del Senado, a quienes se les autorizó bonos por 60 días de salario o 40 días de salario. Entre ellos están: el Secretario general, directores generales, al tesorero, a los directores de adquisiciones, al secretario Técnico, a una secretaria particular, a asesores.

“Esto no es correcto. Nosotros queremos hacer un llamado a quienes están recibiendo estos bonos a que los devuelvan. Se trata de aprovechar bien los recursos, es una nueva etapa”, reiteró.

Dijo que ya había sorprendido los bonos que se otorgaron los senadores salientes, a lo que ahora se suma estos bonos a funcionarios.

“No queremos realizar una persecución contra nadie, ni ningún señalamiento personalizado. Pero sí son nuevos tiempos y creo que todos debemos ayudar a que las cosas cambien”, dijo.

En su mensaje también hizo un llamado a que los actuales senadores respeten los tiempos y no tomen decisiones que le corresponden a la próxima legislatura.

“Queremos hacer un llamado respetuoso al Senado saliente, especialmente al presidente del Senado, Ernesto Cordero, un llamado respetuoso en varios sentidos. Primero, para permitir que la próxima legislatura pueda tomar las decisiones que le corresponden. Prácticamente ha terminado ya el ciclo del actual Senado de la República, y por lo tanto consideramos que es importante comentar algunas cuestiones”, indicó.

Pidió también “que no haya despidos de trabajadores de base; que no se den nombramientos administrativos en este momento; que no se hereden adquisiciones administrativas al nuevo Senado de último momento; que no se dejen compromisos laborales financieros, institucionales, firmados de último momento”.

Pidió que durante el proceso de acreditación de los legisladores y de transición en el Senado, no se ratifiquen los seguros de vida, los seguros de retiro, los seguros de gastos médicos. “Eso lo vamos a discutir. Entonces que no nos vayan a dejar situaciones”, dijo.

CORDERO DEFIENDE LEGALIDAD

Por su parte, el Senado defendió la legalidad de los bonos autorizados por Cordero para 22 funcionarios de esta Cámara y sus colaboradores más cercanos.

“En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento del Senado de la República están contempladas las facultades del Presidente de la Mesa Directiva para dirigir y vigilar el buen desempeño de la Cámara, y en su caso, estimular a los servidores públicos que han cumplido con eficiencia sus responsabilidades profesionales”, según un comunicado de prensa.

Asimismo, se asegura que lleva a cabo una transición ordenada con los legisladores electos de todos los partidos.

“A las instalaciones de esta institución han llegado diversos senadores electos por el voto ciudadano para solicitar información detallada sobre diversos temas parlamentarios y legislativos han sido atendidos con la puntualidad requerida”, destacó el Senado.

La transición no considera afectación alguna al derecho de los trabajadores sindicalizados, de base, ni tampoco las prestaciones sociales consignadas en la Ley Federal del Trabajo.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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