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CRUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA por VICTOR M. QUINTANA

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RUZADA CONTRA EL HAMBRE…DE JUSTICIA.

Por: Víctor M. Quintana S.

Si Chihuahua estuviera en Massachussetts otro gallo cantaría. Pero no, aquí la justicia muere por inanición. El asesinato de dos parejas en la capital del
Estado el domingo pasado, o la masacre de finales de marzo en el bar Mogavi de la misma capital viene a revelar con tozudez lo que las autoridades estatales y federales soslayan, ocultan, disfrazan: en el estado sigue habiendo asesinatos sin fin.  En tan sólo la ciudad capital han sido asesinadas más personas en masacres que en Boston, Newtown o Columbine juntos. En Juárez en un solo año hubo más víctimas mortales que en todo Manhattan en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo,  en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro.  Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.

La primera  fue la de Creel, en la sierra Tarahumara el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana y en especial el municipio de Bocoyna han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo que arrojó once personas asesinadas.

Ciudad Juárez fue  el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la  de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho masacres de 2008 a 2011.  Llama la atención que  en esta frontera  no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.

En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado  10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años.  Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones, “Fe y Vida”, en junio de 2010 con 20 ejecutadas. Destacan además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas, la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas,  y la del Bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical “La Quinta Banda” y cuatro personas más.

De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total, ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a  los bares. Por cierto en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor del 90% de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.

Ningún gobierno ha podido detener las masacres: los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010 van cuando menos 13 masacres con 154 personas asesinadas y en los pocos meses del peñanietismo, 3 masacres con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.

Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde el 2008: apenas llegarían a representar el 1.5% de los más de los 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe- del titular del ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.

Y sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los  órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.

 

 

 

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Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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