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Opinión

Cuando el poder no puede, quiere arrebatar.

Nunca se había visto tan impotente el PRI. Tan impotente su presidente estatal, como ahora que han interpuesto un recurso para anular las elecciones a gobernador –que perdieron estrepitosamente- porque sobraron 171 mil boletas de votación. Seguramente son las que ordinariamente cruzan los asalariados o adespensados del tricolor en todos los comicios, pero ahora no pudieron hacerlo porque las bases del PRI se desgajaron por miles.    
Por: Victor Quintana S.  

El poder del PRI y del gobernador ya no pudo ahora. Cuando César Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua, en octubre de 2010 acuñó la frase: «El poder es para poder«. Aunque se refería a imponer el poder de Estado para acabar con la peor crisis de violencia vivida por Chihuahua desde tiempos de la Revolución, el dicho terminó por convertirse en la divisa de su gobierno.

Duarte tuvo el poder para someter a los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, mejor dicho, a su persona. Tuvo el poder para comprarse un banco, el Banco Progreso. Pudo gastarse un promedio de 900 millones de pesos anuales para cooptar a la mayoría de los medios de comunicación. El poder para apoyar como quiso la campaña de Peña Nieto a la presidencia. El poder para incrementar exponencialmente su poderío económico. Pudo también imponer su candidato a la gubernatura, dispersar a la oposición y colocar candidatos a modo en varios partidos. Pudo esquivar molestas rendiciones de cuentas y obligaciones de transparencia en su gestión. Ejerció el poder para someter a los organismos supuestamente autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pero el domingo 5 de junio el poder ya no pudo. Duarte, Peña y  su partido, sufrieron la más estrepitosa derrota de muchos años. Perdieron la gubernatura a manos de Javier Corral, candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Chihuahua. Fueron derrotados en los principales municipios y ciudades del estado: por los candidatos independientes a alcaldes en Juárez y en Parral: por candidatos blanquiazules en Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Nuevo Casas Grandes y otros 27municipios más, y en otros cuatro por el Movimiento Ciudadano, de tal suerte que ahora el más importante municipio controlado por los tricolores será el remoto y serrano Guadalupe y Calvo, en pleno Triángulo Dorado, en territorio chapo.

 No sólo eso, el PRI sólo alcanzará 5 de 22 diputaciones de mayoría y corre el riesgo de no alcanzar ninguna de representación proporcional merced a un ilegal convenio de transfusión de votos con sus tres partidos parásitos: Nueva Alianza, PVEM y PT. Convenio que ahora los propios priístas buscan impugnar.

Los resultados cuantitativos hacen más evidente la derrota duartista-priísta, en la medida en que ésta no se debe tanto a un espectacular ascenso del PAN, que sólo incrementó su votación en alrededor de 20% en seis años, sino y sobre todo al dramático derrumbe de 200 mil votos de la votación tricolor: ahora obtuvo, una tercera parte menos de sufragios que cuando Duarte llegó a la gubernatura.

Y no es que el sistema peñista-manlista-duartista no haya empleado su repertorio de refinadas y burdas mañas. Lo volvió a hacer: incluso acuarteló en Chihuahua durante varias semanas a ejércitos completos de funcionarios de los gobiernos mexiquense y nayarita para operar su triunfo. Contó con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación y de casi todas las casas encuestadoras que siempre pusieron arriba a su candidato Enrique Serrano.

Pero el 5 de junio el poder no pudo. Lo que pudo fue el hartazgo del pueblo chihuahuense. Lo que pudo fue el valor de dejarle de tener miedo al miedo y decidirse a votar. El poder de la participación ciudadana electoral, que avanzó casi ocho puntos, de 41 a 49% en estos seis años. La dignidad de un pueblo que dijo basta a que los pisotearan u día y otro también.

Además del hartazgo hubo otros factores que incidieron en el triunfo de la oposición al duartismo. La candidatura de Javier Corral, hombre comprometido con Chihuahua como legislador. El que un nutrido grupo de activistas sociales de Ciudad Juárez, de la capital, de la zona rural, de las comunidades indígenas, de la academia, se hayan aglutinado en la Alianza Ciudadana por Chihuahua, coalición social que animó a mucha gente no simpatizante del blanquiazul a votar. La valiente e impecable labor informativa y crítica del Canal 28 de televisión, una emisora comunitaria  que se ha convertido en toda una autoridad mora en buena parte de la entidad. El hábil y creativo manejo de las redes sociales que pudo contrarrestar y derrotar a los paquidérmicos medios de comunicación tradicionales y al soso manejo priísta de las redes.

Gracias a todo esto se derrotó no sólo al PRI y a los partidos zombies sino también a la candidatura independiente de José Luis Barraza, quien terminó restándole más votos al tricolor. Los demás candidatos a gobernador ni siquiera llegaron al 3%, Sin embargo, Morena  sorprendió con más de un 7% de la votación en las elecciones locales, colocándose como la tercera fuerza política del estado. Hay que anotar también que de las 33 curules del Congreso del Estado, 19 serán ocupadas por mujeres, gracias al recurso interpuesto y ganado en el TEPJF por mujeres chihuahuenses en 2013, que obliga a la paridad total de género en las candidaturas.

No será nada fácil la tarea del gobierno encabezado por Javier Corral. Además del gran peso de las expectativas depositadas en él y de las promesas de llevar a Duarte ante la justicia y gobernar con honestidad, democracia y transparencia, recibe un estado en ruinas y una administración que desde ahora está saboteando la entrega -recepción destruyendo u ocultando información  y documentos. La Secretaría de Hacienda duartista chantajea diciendo que, de no autorizarse más endeudamientos, en las próximas semanas no habrá ni con qué pagar la nómina y las arcas estarán vacías a la llegada de Corral. La catástrofe del tricolor hace que el gobierno saliente deje de atender los más graves problemas que aquejan al estado esperando se pudran o exploten de aquí al 4 de octubre.

Porque, además de los intentos de saboteo al gobierno entrante, está la presencia del crimen organizado en el occidente del estado. Los candidatos de los cárteles, el PRImen organizado habían perdido las elecciones en Bachíniva, Namiquipa e Ignacio Zaragoza pero maniobraron para “ganarlas” e imponer sus candidatos y así resguardar el corredor de la droga que viene desde Guadalupe y Calvo y los confines con Sinaloa y se va, paralelo a la sierra, por los llanos del Noroeste hasta llegar a las brechas fronterizas clandestinas.

Si el PRImen organizado les enseñó que, pese a perder varios municipios en la votación, los ganan manejando urnas y paquetes, ¿por qué no intentar hacerlo a nivel estatal?

A este PRI, aun a contrapelo de los muchos priístas honestos, no le importa la democracia, no le importa la paz. Está dispuesto a encender en llamas a Chihuahua con tal de mantener su corrupción, su privilegio, sus negocios criminales. Esto de lo que está detrás de la impugnación de Dowell.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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