Opinión
DE FILIAS Y FOBIAS POLÍTICAS Por Luis Villegas
Fíjese que me estuve aguardando. En efecto, los días, las semanas y los meses transcurrían con morosa calma y yo me abstenía de escribir estas líneas, digamos que esperaba los tiempos. Ya llegaron. Las tan anheladas/temidas elecciones del 1º de julio arribaron y se fueron sin mayor pena ni gloria. Quien se sienta regocijado del resultado está en su derecho. Muy su gusto. Yo -como podrán suponer-, no. Otro gallo me (nos) cantara si quien ganó, hubiera ganado de manera contundente y consistente; me explico: No solo por un buen porcentaje en relación con el segundo lugar, sino con una representatividad óptima de, digamos, el cuarenta y tantos por ciento del electorado o cerca de la mayoría absoluta; sin tantos altibajo en el asunto de los dineros (públicos y privados) empleados en la campaña; sin ese despilfarro evidente que hace sonreír a los entendidos cuando de “topes” de campaña se habla; y sin la sospecha alarmante y desalentadora, de una compra masiva de votos a través de empresas privadas, merced los buenos oficios de los gobiernos de Edomex y Nuevo León.
Estamos a casi mes y medio de la jornada electoral del 1 de julio de 2012 y el clima de indefinición perdura. El Presidente del TRIFE continúa haciendo declaraciones rimbombantes y es claro que lo único sensato que debería hacer sería excusarse de conocer este asunto; vista su manifiesta parcialidad, junto con su colega, la Magistrada María del Carmen Alanís; el primero, porque previo a cualquier consideración de hecho o de derecho, públicamente declaró: “No se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. ¿Y entonces para qué está, el muy burro? ¿No se da cuenta que sin “mesa” en lugar de urnas no traga? ¿Qué los más de 150 mil pesotes que se embolsa mes a mes son producto de las disputas electorales? En cuanto a la segunda, ella fue la principal responsable de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010.2
Como sea, nomás para irnos calando y ver “de qué lado masca la iguana”, le sugiero que entre al siguiente sitio: 
Métase, ahí usted realiza un test respecto de sus inclinaciones políticas. De acuerdo al diagrama de Nolan que se configuró con mis respuestas, resulta que soy “liberal”. O séase que, políticamente hablando, como facundo Cabral, “no soy de aquí ni soy de allá”. Siempre he creído que no soy amigo de los extremos -claro que por mi mal genio no parece-, pero contestando con toda sinceridad las preguntas que ahí aparecen, me di cuenta que sí: “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

Esa es copia de mi diagrama. Algunas del las preguntas (con mis respuestas) que le formulan son del cuño siguiente:
1. ¿Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables?
R. No debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso.
2. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello…
R. La Iglesia debe autofinanciarse, y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico.
3. La defensa del país corresponde a quienes prestan Servicio Militar en los ejércitos.
R. El Servicio Militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y/o a la formación de los jóvenes.
4. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo…
R. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan, en ningún caso.
5. Las drogas suponen un drama para muchas familias.
R. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz.
6. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos éstas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad.
R. Las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no.
Y así por el estilo; son 20 preguntas y dependiendo de las respuestas aparecerá su propio diagrama; inténtelo, no pierde nada y va ayudarlo a Usted en esa labor apasionante a la que Sócrates invitaba: Conocerse a sí mismo.
A partir de ese punto, podrá empezar a preguntarse cómo responderían los candidatos de su preferencia e incluso -sin que sea guasa- si ese candidato o candidata es capaz de formularse la pregunta (o la respuesta). Le aseguro que muchos individuos e individuas, tras un cargo político, no tienen la menor idea de quiénes son, qué piensan, saben o creen, a qué aspiran como gobernantes. Pero en fin, empecemos por educarnos y conocernos a nosotros mismos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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