Opinión
DE LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO Por Luis Villegas
Lo escribí así porque así suele escribirse: En plural; pero no; no hay “propósitos” de Año Nuevo; hay solo uno; un único, urgente, perentorio, definitivo, exclusivo, inaplazable propósito: Adelgazar. Ya no quepo en ningún lado. Fui al cine la semana pasada y padecí la vergüenza pública de no poder salir del carro porque no cupe por una abertura que hace algunos años habría permitido que pasáramos cómodamente no uno, sino dos yo. Hubo necesidad de repetir todo el numerito: Meter reversa, salirse del espacio de estacionamiento, echar cálculos y decidir que no, que los méndigos que se estacionaron a los lados se estacionaron muy justo y emprender la búsqueda de otro huequito (huecote) para recomenzar y salir del vehículo con algún rastro de dignidad.
Así que decidido a enflacar a toda costa empecé con una dieta que comenzó con una disque “desintoxicación” y con ese cuento me tienen comiendo puras frutas y verduras. La verdad no sé qué o cómo me va a desintoxicar esa dieta si para eso tengo el hígado, los riñones y el pulmón (escrito así, en singular, porque con lo que fumé en mis mocedades posiblemente de los dos no se haga uno). Bien mirado, posiblemente la dieta me llegue a desintoxicar el cuerpo, pero el alma me la está dejando hecha un asco. Nunca había incurrido en el pecado de la envidia con tanta persistencia. Anoche estaba el Adolfo untando una rebanada de pan con Nuetella y casi babeo; a punto estuve -fue un instante no más, que conste-, de soltarle un batacazo en la nuca y robarle su pan. Para consolarme, me comí una p… guayaba; eso sí, acompañada de una infusión de yerbabuena (sin miel ni azúcar ¡horror! porque el té verde está a punto de salírseme por las orejas). Yo, que al queso “panela” no podía ni olerlo; ahora lo miro casi con amor, me lo imagino (lo sueño), enrolladito en una tortilla de maíz calientita (una de las míseras dos que me puedo comer) y se me hace agua la boca. No hay derecho. Así que si usted me ve en la calle con la mirada vidriosa o nota que lo empiezo a mirar así como de modo extraño; una de dos: Es que ando famélico, al borde del desmayo por inanición; o de plano le estoy viendo a usted cara de filete y me lo estoy imaginando salteado con papas y zanahorias.
Claro que entre ese matarse de hambre voluntario y el morirse de hambre de manera involuntaria media un abismo; porque a la insatisfacción de no comer yo, le sigue la satisfacción enorme de ver a Adolfo devorarlo todo a su paso, como marabunta; o de contemplar a Luis Abraham rozagante, mientras se bebe una Indio sin hacer gorgoritos, deshaciéndose en explicaciones de porqué su sobrepeso no es un asunto de kilos de más sino la secuela que dejó en él el ya no asistir al gimnasio. De María ni hablo, porque ella come como pajarita: Poquito y deja un batidero.
Pero hablaba del abismo que media entre no comer por decisión propia y no hacerlo por necesidad. Creo sin lugar a dudas que todo lo que pueda decirse de los propósitos de Año Nuevo para el recién desempacado gobierno de Enrique Peña Nieto, existe también solo un urgente, único, perentorio, definitivo, exclusivo e inaplazable propósito: Combatir la desigualdad y la pobreza. Hace cuatro años, con datos de la UNICEF, las cifras sobre la pobreza en México señalaban que a 50.6 millones de mexicanos no les alcanzaban sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público; incluso dedicando todos sus recursos a estos términos. Así, el 18.2% de la población sufría carencias alimentarias -casi veinte millones de personas-, de los cuales 7.2 millones habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones pertenecían a zonas rurales; entre 2006 y 2008, el nivel de vida de más de un millón de familias cayó bajo el umbral de la pobreza.1 Al 2012, según la nota de algún medio de comunicación: Uno de cada dos mexicanos, padecía algún grado de pobreza.2
En resumen, por un lado, México tiene a 11 de los hombres más ricos del mundo; por el otro, existen más de 50 millones de mexicanos en la pobreza: “De acuerdo con la lista de multimillonarios de la revista Forbes, los 11 mexicanos que aparecen en el ranking de la publicación atesoraron una fortuna cercana a 112,300 millones de dólares en el 2011, es decir, alrededor de 10% del Producto Interno Bruto. […] Del otro lado de la moneda, y de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 a 2010 el número de personas que viven en pobreza pasó de 48.8 a 52 millones de personas. […] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que la desigualdad social en México es la segunda más alta de las economías que integran el organismo, sólo detrás de la observada en Chile”.3
En ese sentido, hablando de la inequidad social, hace poco más de un año, la propia OCDE apuntaba que la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la Organización, entre los que México se situaba “como uno de los más desiguales con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica respecto a 10% de la población más pobre”. Refiriéndose a dicha inequidad, el mexicano José Ángel Gurría, Secretario General de dicha Organización, apuntaba: “Sin una estratega comprensiva para el crecimiento inclusivo, la desigualdad seguirá creciendo”.4 En su sitio en la red, Rolando Cordera, destacado académico y economista, nos comenta que en un estudio reciente, Miguel Székely señala que entre las razones que explican el marcado grado de desigualdad en México se encuentra la falta de educación; y remata con esta escalofriante afirmación: “México […] se ubica entre las doce sociedades más desiguales del mundo. Así, de acuerdo con ese estudio, México estaría entre los países más desiguales de América Latina debido no sólo a la desproporcionada concentración en el 10% de la población más rica, sino también por las desigualdades educativas, las diferencias en la participación de la mujer, el número de hijos por familia y las diferentes oportunidades que ofrecen las distintas regiones del país”.5
De este modo, cualquier acción de Gobierno que no se encamine de manera clara y directa a atacar estos dos problemas: Pobreza e inequidad (económica y social), como gérmenes de otros más, incluida la inseguridad, debe considerarse como una medida ociosa; una versión (otra) de “más de lo mismo”. Y es de esperar, también, que no se escude, el PRI, en la cantaleta de los “malos gobiernos del PAN” para justificar su inacción o torpeza; básicamente por dos razones: La primera, la debacle económica del país se gestó y desarrolló hasta alcanzar proporciones inadmisibles bajo administraciones priístas (piénsese en Carlos Salinas de Gortari, solo por mencionar un caso); y la segunda, la mayoría de los gobiernos estatales son y han sido del PRI todos estos años. Así que a darle, que es (¡Chin!) Mole de Olla.
Luis Villegas Montes.
[email protected], [email protected]
1 Visible en el sitio: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm
2 Nota publicada por el periódico El Economista, bajo el título: “Uno de cada dos mexicanos, con algún grado de pobreza”, en fecha 8 de diciembre de 2012, de la redacción.
3 Nota publicada por el periódico El Economista, bajo el título: “Sólo en México, 52 millones de pobres Vs 11 millonarios”, en fecha 8 de marzo de 2012, de la redacción.
4 Nota publicada por el periódico El Universal, bajo el título: “Crece en México la desigualdad social: OCDE”, en fecha 6 de diciembre de 2011, suscrita por Ixel Yutzil González.
5 Visible en el sitio: http://rolandocordera.org.mx/pobreza/desigual.htm
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.


You must be logged in to post a comment Login