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Defiende Cruz Pérez Cuéllar funciones de los nuevos delegados

Tras las declaraciones del secretario general de gobiero del estado de Chihuahua, César Jauregui Robles, sobre figura y atribuciones de los delegados del nuevo gobierno federal, el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, aclaró que esta figura recién aprobada no le quita atribuciones al estado y que traerán más beneficios para Chihuahua.

El senador chihuahuense manifestó que el anuncio y presentación de los 32 coordinadores estatales del próximo gobierno federal ha generado una serie de comentarios y planteamientos que es necesario aclarar.

Desmintió los señalamientos de que, el concentrar en un solo funcionario la totalidad de las dependencias y organismos federales que actúan en una entidad federativa, se crea un poder paralelo al del gobernador, un poder dual, lo cual está prohibido en la Constitución.

En ese sentido destacó que se trata de una apreciación falsa, ya que los nombramientos de los próximos coordinadores estatales son netamente administrativos, derivados de las facultades que la ley otorga al jefe del Ejecutivo federal para designar a sus representantes ante los integrantes del pacto federal.

Dijo que un delegado federal no tiene ni el peso, ni la jerarquía, ni la responsabilidad constitucional que corresponde a una autoridad política popularmente electa, como es un gobernador. Recordemos que, así como el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a un delegado de la Federación en los estados, así los gobernadores tienen la atribución de designar a un representante del estado ante la Federación. En la Ciudad de México operan 31 representantes de los estados ante el gobierno federal y nadie los considera “superrepresentantes” o “supergobernadores”.

De la misma manera, mencionó que los “superdelegados” no llegarán con el próximo cambio de gobierno, sino que ya existen en la actualidad como lo son los representantes estatales del IMSS y la PGR, que devengan sueldos superiores a los de varios gobernadores y al del mismo presidente de la República.

En relación a la crítica de que esta figura será antesala de candidaturas políticas, aclaró que en su calidad de funcionarios públicos, los próximos coordinadores estatales estarán sujetos a la normatividad actual que prohíbe y castiga el uso de recursos públicos para hacer proselitismo político, utilizar la imagen personal para la promoción partidista o realizar actos anticipados de campaña, además de la rendición de cuentas y transparencia que exige la legislación anticorrupción vigente.

Agregó que las repercusiones políticas de los próximos “coordinadores estatales de desarrollo” –con sus respectivos coordinadores regionales–, hay que buscarlas en otro nivel: en los 2 180 millones de pesos que se habrán de liberar anualmente para destinarlo a gasto social, al eliminar 4 600 delegados y subdelegados, y en el hecho de que un único representante federal no sólo mejora la comunicación y la coordinación con las entidades, sino que también facilita las funciones de observación y contrapeso a los poderes locales que son inherentes a un federalismo democrático.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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