Conecta con nosotros

Opinión

Democracia con justicia para la libertad por Javier Corral Jurado

Published

on

Tras un largo, penoso y desgastante proceso para seleccionar a los candidatos al Senado en Chihuahua, Acción Nacional finalmente tomó decisiones muy difíciles, pero muy aleccionadoras para todos los que participamos en esta contienda.
Por supuesto, la más importante decisión fue la de anular el proceso y no reconocerlo como válido, toda vez que logramos acreditar varias de las causales que dentro de nuestra reglamentación interna son motivo para anular una elección.

La resolución de la Comisión Nacional de Elecciones está sustentada en una razón jurídica, una verdad legal: la demostración de prácticas totalmente contrarias a nuestros principios de doctrina, a nuestros estatutos que versa precisamente sobre la nulidad de la votación recibida en los centros de votación, particularmente en los municipios de Juárez, Delicias y Chihuahua, en virtud de las irregularidades graves, que en el propio recurso fueron denunciadas y acreditan la inducción del voto a través del traslado de votantes, la compra de votos, así como la promesa de entrega de dádivas, como lo es las despensas.

Y fue tal el cochinero que los tres precandidatos impugnamos, en un caso inaudito los que ahora se sienten sorprendidos por la resolución de la Comisión, también se impugnaron entre sí varios centros de votación. Lo que no han dicho ante la opinión pública, es que sus impugnaciones se acumularon en mi favor.

Ninguna de estas conductas me fue imputada a mi, ni por mis competidores internos, mucho menos por la CNE. Claramente la resolución señala que  «la conducta antijurídica cometida por los precandidatos Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel Baquera señalados en el presente asunto como responsables de la comisión de actos graves y contrarios a lo establecido en el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, así como en la Convocatoria para la Selección de la Fórmula de Senadores por el Principio de Mayoría Relativa por el estado de Chihuahua, el numeral 22 establece que queda prohibido para los precandidatos:

“22.-…
a)La entrega de recursos en efectivo, bienes de consumo o de servicio a los electores. La Comisión Nacional de Elecciones señalará en las Normas Complementarias las excepciones para la entrega de bienes de consumo, que por su valor y naturaleza no representen un riesgo a la equidad de la elección:
b) El pago de cuotas, viáticos o transporte para actos del Partido o de la Precampaña;
c) Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a cambio de la obtención del voto.
d) Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los electores;
…”.

Las afirmaciones anteriores no se sacaron de la manga, ni son fruto de la inventiva, constituyen el análisis del caudal probatorio que en menos de 48 horas pudimos reunir para acreditar esas conductas. Tan es así que el resolutivo de la comisión señala que: “Resulta evidente del cúmulo de documentales públicas y privadas y medios magnéticos que se aportaron como pruebas que en efecto acreditan que se realizaron prácticas que son consideradas ilegales dentro de nuestro marco normativo interno, como lo es el manejo de voto “corporativo” esto es la movilización de grandes grupos de gente con el propósito de votar en un sentido para apoyar a un precandidato; asimismo, es evidente y causa convicción a esta sala las pruebas visuales que se exhibieron como las distintas video filmaciones en donde se destaca coacción del voto durante la jornada electoral del 19 de febrero de 2012, en diversos centros de votación donde se aprecia con claridad que fueron entregadas cantidades de dinero en efectivo, así como productos, los cuales señalan que fueron despensas, después de haber sufragado”.

Por ello he dicho que en estas condiciones no había otra acción posible que lo que ha resuelto la Comisión Nacional de Elecciones: anular todo el proceso; la anulación es un acto de justicia a nuestro caso, entraña un gran mensaje del Partido Acción Nacional, pues acredita públicamente un deslinde con esas prácticas indebidas y sanciona las ambiciones desmedidas que han arriesgado innecesariamente la imagen de nuestra institución, a la que tanto queremos, porque tanto ha dado a México y tanto nos ha costado.

Anular un proceso como el de Chihuahua reivindica los principios y los valores de la lucha histórica del PAN por darnos procesos democráticos y elecciones libres; es un refrendo a la cultura de la legalidad en la que nos hemos empeñado, y es un triunfo de las voces múltiples que con todo valor y determinación se manifestaron en contra de ese proceso fraudulento.

En más de un sentido, y sobre todo por el complicado momento que vivimos, la anulación del proceso panista en Chihuahua es una esperanza para todo el panismo del país, pues por un lado reafirma la institucionalidad democrática de Acción Nacional, la eficacia de sus cauces internos para quien quiera usarlos y coloca un antecedente fundamental para el correcto desarrollo, el debido cuidado y limpieza con que deben realizarse los futuros procesos eleccionarios internos. El antecedente debe ser claro y no debemos regatearle su significado en términos de la opinión pública: quien coloque en el acarreo y la compra del voto su estrategia para ganar una elección, no debe tener éxito en el Partido.

Para el panismo de Chihuahua es una reivindicación de su exigencia de limpieza y respeto a su auténtica voluntad de elegir en libertad a sus candidatos y no permitir que el PRI los ponga a su comodidad; esa voluntad que fue brutalmente distorsionada por el acarreo masivo, la compra y coacción del voto, así como por la estrategia fraudulenta de cambiar a última hora la ubicación de decenas de casillas en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Para los jóvenes de Chihuahua, y de todo México, es un mensaje de aliento, sobre todo para aquellos que han perdido la esperanza en el triunfo de las causas justas, que ya no confían en que rinda frutos el trabajo basado en la constancia, en los principios y valores; al final de la jornada prevalece la verdad, la razón y se hace justicia.

El penoso episodio electoral Chihuahuense urge al Partido a entrar en una profunda reflexión no sólo sobre el diseño institucional de sus procesos eleccionarios, claramente agotado, sino sobre todo en términos del evidente deterioro ético y moral que permite este tipo de conductas en no pocos actores políticos, y la impunidad que los prohíja.  El Presidente Felipe Calderón  ha dicho que la impunidad carcome las condiciones de desarrollo integral del ser humano. «Porque la impunidad es el estímulo más poderoso,  el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique».

En este sentido la decisión de anular ataja esa cultura de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Agradezco a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que de manera amplia y libre, votaron a favor de mi candidatura al Senado y me han colocado en el primer lugar de la fórmula. Estoy convencido que el partido también envía un mensaje a la comunidad a través de mi postulación, de que se resarce a los que hacen las cosas bien, y que también para nosotros hay cabida. Les aseguro, que fuera de la inventiva o la calumnia, nadie podrá recriminarme que actué mal durante la precampaña: jugué limpio y me apegué a las reglas y a la convocatoria. De lo único que me han acusado mis competidores internos es de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar lo que miles de chihuahuenses vieron con sus propios ojos.

Digo con toda claridad que si no fuera por el insultante acarreo de mis competidores, ninguno de los dos hubiera obtenido la libre votación que obtuve, e incluso, yo hubiera obtenido muchos más votos en Juárez, pero el acarreo impidió y desanimó a muchos votantes de buena fe. Y hay un dato que he compartido con el Comité Ejecutivo Nacional como criterio orientador de su decisión: entre la militancia quedé en primer lugar, pues gané la mayoría de los centros de votación que se instalaron en los Comités Municipales del PAN, ahí donde sólo podían votar los miembros activos del partido, y donde obviamente no se podía dar el acarreo, esos municipios representan el 80% del padrón interno.

Está el acta de cómputo de los resultados en los CDM’s donde sí había urnas separadas, que suman un total de 4057 votos totales incluyendo 108 nulos. El número de miembros activos que votaron para elegir a los diputados plurinominales fue de 5674.
La diferencia son 1617 votos de activos que se depositaron en la urna común, ciudadanos y activos y por tanto es imposible saber el resultado del 100% de los CDM´s. Pero sí podemos establecer que la votación máxima es la misma que la de los diputados o sea 5674 votos de miembros activos de un total de 16230. Obtuve el 41.4% de la votación, Borruel el 35.7%, y Pérez Cuellar el 21.2 %. Gané los comités municipales más importantes del Estado, entre ellos los de Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua.

Pero está el otro asidero: en todas las encuestas de preferencia que se hicieron en Chihuahua, incluidos los sondeos de opinión, nunca fue otro el orden de preferencias, pero sí mucho más amplia mi ventaja frente a ellos.

Estoy seguro que en su gran mayoría el panismo de Chihuahua ve una justicia completa con la decisión de reconocer la legitimidad de mi candidatura. Sé que hay voces que advierten que en Chihuahua la unidad del partido se podrá fracturar; que Borruel y Pérez Cuellar complicarán el ambiente interno con mi candidatura; nadie da lo que no tiene, y lo único que no tienen hoy, ninguno de los dos, es credibilidad. La unidad del partido en Chihuahua está fracturada, pero no por mí, sino por el fraude que vieron miles de panistas.

Estoy listo para dar una campaña vigorosa, propositiva, llena de ideas y soluciones a los graves problemas que enfrenta Chihuahua y nuestro país;  puedo darle el debate con toda fuerza y sin ningún titubeo a nuestros adversarios, sin vergüenza alguna, y tengan la seguridad de que pondré mi mayor desempeño como parlamentario formado en las filas de Acción Nacional, para quien siempre ha sido mi única, pero incondicional lealtad.

Guardo una enorme gratitud hacia todos los que durante esta larga y ardua jornada  han mantenido una fe inquebrantable en nuestra causa de dignificación y reivindicación de Acción Nacional. A todo mi equipo de trabajo por su solidaridad y apoyo incondicional. A los intelectuales que apoyaron abierta y públicamente mi exigencia de nulidad del proceso y  respaldaron mi candidatura.

Como se sabe, tanto Carlos Borruel como Cruz Perez Cuellar han interpuesto recursos de impugnación a la nulidad de la elección, bajo el argumento que controvierte mas que el fondo de la resolución, la forma y el método de las conclusiones en esta expuestas, acusan una debilidad en la motivación y fundamentación .  En mi carácter de tercero interesado he dado puntual respuesta a todos y cada uno de los argumentos.

Sin embargo, no estará firme la decisión de la CNE ni mi candidatura hasta que la Sala Regional del TRIFE con sede en Guadalajara resuelva en definitiva los escritos de impugnación. Confío en que la autoridad electoral también me dará la razón, y se haga justicia; también  en esa instancia.

POSDATA: De confirmarse mi candidatura al Senado por el TRIFE, ha aceptado acompañarme como candidata suplente Silvia Martinez de Luján, mujer capaz,  de enorme vocación en el servicio a los demás,  y una panista formada en el ideal de incuestionable honestidad.  Desde aquí le agradezco su generosa respuesta.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

Published

on

By

La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto