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DEMOCRACIA DEL AGUA Y CAMBIO CIVILIZATORIO

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Por: Víctor M. Quintana S.

Una nueva y grave crisis recorre todo el país, sobre todo el norte árido: la crisis del agua. Ya ha provocado serias disputas entre comunidades, ente órdenes de gobierno, entre productores y consumidores. Es una crisis provocada por la agudización de la vulnerabilidad de poblaciones y ecosistemas ante el cambio climático. Nuevos actores, nuevos intereses invaden viejos derechos y accesos: compañías mineras extranjeras en unos cuantos meses consumen toda el agua que un pueblo necesita para su vida entera; acaudalados agricultores cosechan divisas con cultivos de exportación dejando sin agua para producir sus alimentos a los campesinos. La diputa por el agua ya causó dos asesinatos este año: el de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, en Chihuahua.

Sin embargo, se abre una oportunidad histórica para operar una transformación estructural. El año pasado se agregó un párrafo al Art. 4º. Constitucional estableciendo el derecho humano al agua y al saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días, que vence el próximo 3 de febrero para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. A partir de esto, la Red Temática del Agua, organismo que agrupa gente de la academia, de centros de investigación, activistas sociales y representantes de comunidades convocó los pasados 7 y 8 de diciembre al Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del auga en México”. En las diez mesas de trabajo, se recibieron muy sólidas propuestas, pensadas desde abajo y fundamentadas desde la ciencia, para construir una nueva ley para hacer efectivo el derecho del agua para todos y para siempre, así como para elaborar un Plan Hídrico Nacional e instancias ciudadanas, societales, para la gestión del más vital de los recursos.

El establecer en la Constitución el derecho humano al agua y hacer que el Estado lo garantice entraña convertir el suministro para consumo humano, para las generaciones actuales y futuras y para los ecosistemas, con agua de calidad y suficiente como la prioridad primera, básica, de la operación de todos los sistemas y de las cuencas. En una palabra, garantizar agua para todos y para siempre. Enseguida, tendría prioridad el agua necesaria para cultivar los alimentos básicos para la población, es decir, el agua para la soberanía alimentaria y no para el lucro . Sólo el agua que sobrara después de esto o el agua tratada, podría entonces emplearse para cultivos no básicos o para la industria o para la extracción de minerales.

Esto implica dos transformaciones fundamentales en la participación ciudadana y en el modo de vida. La primera es indispensable para el manejo de los bienes comunes escasos. Para implementarla se contempla la constitución de consejos de cogestión de cuenca. Estos consejos, integrados paritarariamente por representantes de los tres órdenes de gobierno y de las y los ciudadanos, vendrían a ser la pieza central de la democracia del agua. Sus funciones principales serían elaborar y ejecutar el plan rector de la cuenca, a partir de los dictámenes de disponibilidad y de impacto. Serían los responsables de realizar la gestión integral de las cuencas para que se utilicen sólo los caudales de agua ecológicamente disponibles en ellas y de evitar la sobreextracción y la contaminación y disminuir la vulnerabilidad. Democracia del agua sería pues quitarle al Estado al monopolio sobre la planeación y asignación de este recurso. Y si la democracia parte de lo más básico de lo básico nadie la podrá parar cuando se trate de la gestión de los demás bienes comunes. Democratizando el agua no se podría detener la democratización de la sociedad.

La otra transformación tiene implicaciones inimaginables. El que democráticamente se asignen los volúmenes de agua a las comunidades y a los ecosistemas, a partir de estimaciones científicas desinteresadas, hará que se atienda primero un piso de derechos básicos para todos y se destine lo que reste para usos agrícolas o industriales o domésticos suntuarios. Esto va a impactar a la industria, a la minería, incluso a la agricultura productora de alimentos no básicos. El lograr que nadie muera de sed ni de carencia de alimentos, ni de enfermedades provocadas por la falta de agua tiene su impacto en nuestro modo de vida, sobre todo en nuestro modo de consumo. No podemos seguir comiendo, bebiendo, vistiéndonos, transportándonos, divirtiéndonos como lo hacemos ahora. El planeta no lo aguantará y donde se resentirá primero será en el agua. Entonces, o nos encaminamos a un futuro hobbsiano donde sean los más fuertes quienes sigan concentrando –y malversando- los recursos naturales de todos a costa de la mala calidad de vida y la muerte de las mayorías; o empezamos una nueva civilización basada en el compartir, en la responsabilidad de cada uno con la comunidad planetaria. Una civilización que esté muy consciente de aquello que alguna vez dijo Iván Illich: “las fronteras de lo bueno y de lo estrictamente necesario prácticamente son las mismas”.

Si la nueva Ley General de Aguas que se construye de manera participativa recoge todo esto, silenciosa y pacíficamente estaremos dando un golpe mortal al extractivismo y al capitalismo depredador de ecosistemas y de comunidades. Al mismo tiempo estaremos sentando un primer cimiento para el cambio civilizatorio que le urge a esta humanidad cada vez más tensionada, violenta e injusta.

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Kristi Noem: la caída de la antimexicana más visible. Por Caleb Ordóñez T.

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En Washington nadie desaparece del poder: simplemente cambia de oficina, de pasillo o de batalla. Eso acaba de ocurrir con Kristi Noem, una de las figuras más visibles del trumpismo duro, una mujer que construyó su carrera política con una narrativa casi perfecta para seducir a Donald Trump: origen rural, discurso firme, conservadurismo frontal y una capacidad mediática poco común dentro del Partido Republicano.

Noem no surgió de las élites de Washington ni de las grandes universidades de la costa este. Su historia política nace en el corazón agrícola de Dakota del Sur, donde la tierra pesa tanto como la identidad política. Creció en una familia dedicada al campo y su biografía pública quedó marcada por un episodio decisivo: la muerte de su padre, que la obligó a asumir responsabilidades en el negocio familiar siendo muy joven. Esa experiencia se convirtió después en una de sus credenciales más poderosas ante el electorado conservador estadounidense: la mujer fuerte, práctica, criada en la América profunda.

Su ascenso fue rápido. Primero llegó a la legislatura estatal, luego al Congreso federal y más tarde a la gubernatura de Dakota del Sur. Pero su verdadero salto nacional ocurrió durante la pandemia, cuando decidió desafiar abiertamente las restricciones sanitarias que aplicaban otros gobernadores. Mientras gran parte de Estados Unidos cerraba escuelas, comercios y actividades públicas, Noem defendió la apertura, rechazó confinamientos estrictos y convirtió esa postura en una bandera ideológica.

Ahí fue donde Trump comenzó a verla como algo más que una gobernadora popular: la vio como una figura nacional útil para su proyecto político. Noem representaba una derecha que sabía comunicar con eficacia, que generaba titulares y que además tenía una estética perfectamente alineada con el relato trumpista: botas, campo, bandera y autoridad.

Por eso, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, la colocó al frente del United States Department of Homeland Security, una de las posiciones más delicadas del gabinete. No era un nombramiento menor. Era entregarle el control del aparato encargado de frontera, migración, protección territorial y seguridad interior.

Desde ahí asumió el papel esperado: endurecimiento migratorio, discurso severo contra el ingreso irregular y presión permanente sobre la frontera sur. Su presencia encajaba perfectamente en la estrategia política de Trump: convertir la seguridad en símbolo de control.

Pero Washington tiene una regla antigua: cuanto más visible es un funcionario, más rápido puede desgastarse.

El primer gran golpe vino con una campaña multimillonaria diseñada para incentivar que migrantes abandonaran voluntariamente territorio estadounidense. La cifra —220 millones de dólares— provocó preguntas incómodas dentro del Congreso y también dentro del propio círculo republicano. La discusión dejó de ser migratoria y pasó a ser administrativa: contratos, beneficiarios, decisiones internas y sospechas políticas.

Después llegaron audiencias tensas en el Capitolio. Legisladores comenzaron a cuestionar no sólo el manejo operativo del departamento, sino también la manera en que Noem administraba políticamente un aparato extremadamente sensible. A ello se sumaron críticas por gastos elevados, uso de recursos y decisiones internas que comenzaron a incomodar incluso dentro del trumpismo.

Pero en el entorno de Trump, el verdadero problema suele aparecer cuando alguien deja de controlar la narrativa presidencial. Y eso parece haber ocurrido cuando Noem dejó entrever públicamente que ciertas decisiones estratégicas habían sido avaladas directamente por Trump, algo que después fue desmentido desde el propio entorno presidencial.

En política estadounidense los errores administrativos se sobreviven; las incomodidades personales con el presidente, no siempre.

Así llegó su salida.

El relevo fue inmediato: Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, empresario, expeleador de artes marciales mixtas y uno de los republicanos más cercanos a Trump dentro del Senado.

Mullin tiene un perfil distinto al de Noem. Menos exposición mediática, menos narrativa personal y más disciplina política. Trump parece haber apostado por alguien menos protagonista y más funcional a una etapa donde necesita resultados operativos sin desgaste innecesario.

Eso no significa que Noem haya sido expulsada del círculo de poder. En realidad, fue trasladada a una nueva tarea internacional vinculada al llamado escudo hemisférico de seguridad, una estrategia orientada al combate regional contra narcotráfico, crimen organizado y redes transnacionales.

Y ahí aparece México.

Porque cualquier cambio en Seguridad Nacional estadounidense impacta directamente a nuestro país.

Noem representaba una línea frontal, muy ideológica, especialmente visible en el discurso migratorio. Mullin podría significar una etapa menos estridente públicamente, pero quizá más pragmática en la ejecución.

Eso abre tres escenarios. Primero, una renegociación inmediata sobre la forma en que Washington quiere administrar los flujos migratorios en la frontera compartida.

Segundo, mayor presión técnica sobre cooperación en materia de cárteles, rutas de tráfico y control del fentanilo.

Tercero, una interlocución menos mediática pero posiblemente más exigente.

México conoce bien este tipo de movimientos en Washington: cuando Trump cambia una pieza, rara vez es para suavizar; normalmente busca ajustar la maquinaria para que funcione con menos ruido y más control.

Por eso la salida de Noem no necesariamente implica moderación. Puede significar exactamente lo contrario: una nueva etapa donde el endurecimiento se ejerza sin protagonismos personales.

Washington vuelve a demostrar algo que nunca cambia: nadie cae sólo por errores; se cae cuando deja de ser útil al relato central del poder. Y ahora a esperar el nuevo ataque anti migrante.

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