Opinión

DEMOCRACIA DEL AGUA Y CAMBIO CIVILIZATORIO

Por: Víctor M. Quintana S.

Una nueva y grave crisis recorre todo el país, sobre todo el norte árido: la crisis del agua. Ya ha provocado serias disputas entre comunidades, ente órdenes de gobierno, entre productores y consumidores. Es una crisis provocada por la agudización de la vulnerabilidad de poblaciones y ecosistemas ante el cambio climático. Nuevos actores, nuevos intereses invaden viejos derechos y accesos: compañías mineras extranjeras en unos cuantos meses consumen toda el agua que un pueblo necesita para su vida entera; acaudalados agricultores cosechan divisas con cultivos de exportación dejando sin agua para producir sus alimentos a los campesinos. La diputa por el agua ya causó dos asesinatos este año: el de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, en Chihuahua.

Sin embargo, se abre una oportunidad histórica para operar una transformación estructural. El año pasado se agregó un párrafo al Art. 4º. Constitucional estableciendo el derecho humano al agua y al saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días, que vence el próximo 3 de febrero para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. A partir de esto, la Red Temática del Agua, organismo que agrupa gente de la academia, de centros de investigación, activistas sociales y representantes de comunidades convocó los pasados 7 y 8 de diciembre al Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del auga en México”. En las diez mesas de trabajo, se recibieron muy sólidas propuestas, pensadas desde abajo y fundamentadas desde la ciencia, para construir una nueva ley para hacer efectivo el derecho del agua para todos y para siempre, así como para elaborar un Plan Hídrico Nacional e instancias ciudadanas, societales, para la gestión del más vital de los recursos.

El establecer en la Constitución el derecho humano al agua y hacer que el Estado lo garantice entraña convertir el suministro para consumo humano, para las generaciones actuales y futuras y para los ecosistemas, con agua de calidad y suficiente como la prioridad primera, básica, de la operación de todos los sistemas y de las cuencas. En una palabra, garantizar agua para todos y para siempre. Enseguida, tendría prioridad el agua necesaria para cultivar los alimentos básicos para la población, es decir, el agua para la soberanía alimentaria y no para el lucro . Sólo el agua que sobrara después de esto o el agua tratada, podría entonces emplearse para cultivos no básicos o para la industria o para la extracción de minerales.

Esto implica dos transformaciones fundamentales en la participación ciudadana y en el modo de vida. La primera es indispensable para el manejo de los bienes comunes escasos. Para implementarla se contempla la constitución de consejos de cogestión de cuenca. Estos consejos, integrados paritarariamente por representantes de los tres órdenes de gobierno y de las y los ciudadanos, vendrían a ser la pieza central de la democracia del agua. Sus funciones principales serían elaborar y ejecutar el plan rector de la cuenca, a partir de los dictámenes de disponibilidad y de impacto. Serían los responsables de realizar la gestión integral de las cuencas para que se utilicen sólo los caudales de agua ecológicamente disponibles en ellas y de evitar la sobreextracción y la contaminación y disminuir la vulnerabilidad. Democracia del agua sería pues quitarle al Estado al monopolio sobre la planeación y asignación de este recurso. Y si la democracia parte de lo más básico de lo básico nadie la podrá parar cuando se trate de la gestión de los demás bienes comunes. Democratizando el agua no se podría detener la democratización de la sociedad.

La otra transformación tiene implicaciones inimaginables. El que democráticamente se asignen los volúmenes de agua a las comunidades y a los ecosistemas, a partir de estimaciones científicas desinteresadas, hará que se atienda primero un piso de derechos básicos para todos y se destine lo que reste para usos agrícolas o industriales o domésticos suntuarios. Esto va a impactar a la industria, a la minería, incluso a la agricultura productora de alimentos no básicos. El lograr que nadie muera de sed ni de carencia de alimentos, ni de enfermedades provocadas por la falta de agua tiene su impacto en nuestro modo de vida, sobre todo en nuestro modo de consumo. No podemos seguir comiendo, bebiendo, vistiéndonos, transportándonos, divirtiéndonos como lo hacemos ahora. El planeta no lo aguantará y donde se resentirá primero será en el agua. Entonces, o nos encaminamos a un futuro hobbsiano donde sean los más fuertes quienes sigan concentrando –y malversando- los recursos naturales de todos a costa de la mala calidad de vida y la muerte de las mayorías; o empezamos una nueva civilización basada en el compartir, en la responsabilidad de cada uno con la comunidad planetaria. Una civilización que esté muy consciente de aquello que alguna vez dijo Iván Illich: “las fronteras de lo bueno y de lo estrictamente necesario prácticamente son las mismas”.

Si la nueva Ley General de Aguas que se construye de manera participativa recoge todo esto, silenciosa y pacíficamente estaremos dando un golpe mortal al extractivismo y al capitalismo depredador de ecosistemas y de comunidades. Al mismo tiempo estaremos sentando un primer cimiento para el cambio civilizatorio que le urge a esta humanidad cada vez más tensionada, violenta e injusta.

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Opinión

Los muros que lloran: las redadas y el alma chicana. Por Caleb Ordoñez Talavera

En el norte de nuestro continente, justo donde termina México y comienza Estados Unidos, hay una línea invisible que desde hace décadas divide más que territorios. Divide familias, sueños, culturas, idiomas, economías… y últimamente, divide también lo humano de lo inhumano.

Esta semana, Donald Trump —en una etapa crítica de su carrera política, con una caída notoria en las encuestas, escándalos judiciales y un sector republicano que empieza a verlo más como un riesgo que como un líder— ha regresado a una vieja y efectiva estrategia: la del miedo. El expresidente ha lanzado una ofensiva pública para prometer redadas masivas contra migrantes, deportaciones “como nunca antes vistas” y políticas de “cero tolerancia”.

La razón no es nueva ni sutil: apelar al votante blanco conservador que ve en el migrante un enemigo económico y cultural. Ese votante que, ante la inflación, la violencia armada o el desempleo, prefiere culpar al que habla español que exigirle cuentas al sistema. En medio del descontento generalizado, Trump no busca soluciones reales, busca culpables útiles. Y como en otras épocas oscuras de la historia, los migrantes —sobre todo los latinos, sobre todo los mexicanos— vuelven a ser carne de cañón.

Pero hay una realidad más profunda y más dolorosa. Quien ha vivido el cruce, legal o no, sabe que la frontera no es sólo un punto geográfico. Es una cicatriz. Las políticas migratorias —de Trump o de cualquier otro mandatario— convierten esa cicatriz en una herida abierta. Cada redada, cada niño separado de sus padres, cada deportación arbitraria, no es solo una estadística más. Es una tragedia personal. Y más allá de lo político, esto es profundamente humano.

En este escenario, cobra especial relevancia la figura del “chicano”. Este término, que nació como una forma despectiva de llamar a los estadounidenses de origen mexicano, fue resignificado con orgullo en los años 60 durante los movimientos por los derechos civiles. El chicano es el hijo de la diáspora, el nieto del bracero, el hermano del que se quedó en México. Es el mexicano que nació en Estados Unidos y que, aunque tiene papeles, no olvida de dónde vienen sus raíces ni a quién debe su historia.

Los chicanos son fundamentales para entender la cultura estadounidense moderna. Están en las universidades, en el arte, en la política, en la música, en los sindicatos. Y sin embargo, cada redada, cada discurso de odio, también los golpea. Porque no importa si tienen ciudadanía: su apellido, su acento o el color de su piel los expone. Ellos también son víctimas del racismo sistémico.

Hoy, más que nunca, México debe voltear a ver a su gente más allá del río Bravo. No como simples paisanos lejanos, sino como parte de nuestra nación extendida. Porque si algo une a los mexicanos, estén donde estén, es su espíritu de resistencia. Los migrantes no huyen por gusto, sino por necesidad. Y a cambio, han sostenido economías, levantado ciudades y mantenido viva la cultura mexicana en el extranjero.

Las remesas no son solo dinero: son prueba de amor, sacrificio y esperanza. Y ese compromiso merece algo más que silencio institucional. Merece defensa diplomática, apoyo consular real, y sobre todo, empatía nacional. Cada vez que un mexicano insulta o desprecia a un migrante —por su acento pocho, por su ropa, por sus papeles— se convierte en cómplice de la misma discriminación que dice condenar.

Las fronteras, como están planteadas hoy, no son lugares de paso. Son cárceles abiertas. Zonas donde reina la vigilancia, el miedo y la burocracia cruel. Para miles de niños, esas jaulas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) son su primer recuerdo de Estados Unidos. ¿Ese es el país que dice defender los valores cristianos y la libertad?

Además, no podemos hablar de migración sin hablar del racismo. Porque este no es solo un tema migratorio, sino profundamente racial. Las políticas antiinmigrantes suelen tener rostro y acento. No se aplican con la misma fuerza para migrantes europeos o canadienses. El blanco pobre puede aspirar a mejorar; el latino pobre, a ser deportado.

Trump lo sabe, y por eso lo explota. En un año electoral donde su imagen se desmorona entre procesos judiciales, alianzas rotas y amenazas internas, necesita un enemigo claro. Y el migrante latino cumple con todos los requisitos: está lejos del poder, es fácil de estigmatizar y difícil de defender políticamente.

Pero aún hay esperanza. En cada marcha, en cada organización de ayuda, en cada abogado que ofrece servicios pro bono, en cada chicano que no olvida su origen, se enciende una luz. Y también en México. Porque un país que protege a sus hijos, donde sea que estén, es un país más digno.

No dejemos que los muros nos separen del corazón. Hoy más que nunca, México debe recordar que su gente no termina en sus fronteras. Y que el verdadero poder no está en las redadas ni en las amenazas, sino en la solidaridad. Esa que nos ha hecho sobrevivir guerras, pandemias, traiciones… y que ahora debe ayudarnos a defender lo más humano que tenemos: nuestra gente.