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México

Desde 2014, 33 soldados abatidos por el narco

De 2014 a la fecha, un total de 62 militares ha muerto por diversas causas, sin embargo, más de la mitad (incluyendo los siete elementos que murieron por el ataque al helicóptero militar en Jalisco) ha caído en el cumplimiento de su deber al enfrentarse contra miembros de la delincuencia organizada. En ese mismo período, Tamaulipas ha sido el epicentro de los ataques contra las filas castrenses.

Con base en las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), obtenidas por 24 HORAS vía transparencia, durante el año pasado se registraron un total de 276 ataques a balazos por parte de grupos del crimen organizado contra personal militar. Es decir, los militares sufrieron de 23 agresiones con arma de fuego cada mes en promedio.

Durante 2014, y con un máximo de 175 ataques, Tamaulipas se ubicó como el estado de mayor riesgo para la fuerza militar; seguido de Guerrero, con 29 atentados, y el Estado de México y Sinaloa, con 16 y 13 agresiones respectivamente. El reporte incluye a Veracruz con ocho ataques; Zacatecas con siete; Sonora y Chihuahua con seis; cinco agresiones registradas en Jalisco; Durango con cuatro; y Coahuila, Puebla, Nuevo León y Guanajuato con un solo enfrentamiento.

En consecuencia, fue precisamente en municipios tamaulipecos donde más hechos violentos se detonaron de las refriegas entre efectivos militares y civiles armados, siendo Nuevo Laredo el más representativo con 34 choques armados; seguido de Matamoros con 24, y Reynosa con 30 enfrentamientos. Cabe señalar que en el caso particular de ese estado se trataron de células del cártel del Golfo y los Zetas, así como subgrupos derivados de las mismas organizaciones..

En el listado también figuran los municipios de San Miguel Totoloapan, Guerrero, con ocho agresiones; Luvianos, Edomex, con cuatro; Tlatlaya, también en territorio mexiquense, y Guasave, Sinaloa, con tres agresiones respectivamente.

Producto de dichos ataques y sumado con los eventos que tuvieron lugar este 2015, las filas del Ejército han resentido la muerte de 33 de sus integrantes, incluyendo cabos, soldados, tenientes y sargentos, quienes han sido asesinados a consecuencia de una agresión por arma de fuego por parte de miembros del crimen organizado.

De acuerdo con la Relación de personal (de la SEDENA) fallecido en la aplicación de la campaña contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del 1 de diciembre de 2006 al 16 de abril del año en curso, ya son 446 militares muertos por diversas causas, como son accidentes automovilísticos, caídas, ahogamientos, y ataques armados.

Con información de 24 Horas

Fuente: Vanguardia.com.mx

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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