Por unanimidad, el Consejo general del IFE desahogó las primeras 45 quejas relacionadas con el uso y destino de los recursos utilizados en las campañas y aprobó los proyectos de la Unidad de Fiscalización que las declaró infundadas.
De esta manera, el máximo órgano del Instituto Federal Electoral (IFE) cerró los asuntos relacionados con la reunión en la que supuestamente se pidieron seis millones de dólares para la campaña del abanderado presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador.
Además se declaró infundado el caso de la empresa de televisión estadunidense Frontera Televisión Network, donde supuestamente se firmó un contrato por el cual se destinaron 50 millones de dólares a la empresa Monex para fondear la campaña en el extranjero del priista Enrique Peña Nieto.
En el mismo sentido se declaró infundado el supuesto financiamiento a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a través de las cuentas privadas de la ciudadana Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
También se desechó la queja relacionada con las tarjetas de lealtad expedidas por la empresa Soriana, como resultado de un convenio de esa empresa con la CTM, supuestamente para inducir el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este mismo caso estaba relacionado con la querella interpuesta por el presunto rebase de los topes de campaña del PRI y sus aliados en la coalición Compromiso por México.
Los consejeros electorales expusieron que la Unidad de Fiscalización del instituto efectuó un trabajo exhaustivo y detallado, siempre en ejercicio de su autonomía y con las facultades para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, lo que permitió resolver los casos expuestos.
El consejero presidente Leonardo Valdés Zurita señaló que los proyectos aprobados resumen los resultados de 680 diligencias realizadas a lo largo de 70 días para allegarse los elementos de prueba necesarios para resolver estas quejas.
Puntualizó que todavía están pendientes 58 denuncias relacionadas con el uso y destino de los recursos utilizados, que son precisamente las relacionadas con los casos que causaron mayor impacto mediático.
Tal como lo explicaron los propios consejeros antes de emitir su voto, el asunto relacionado con la empresa Monex, declarado infundado, es diferente de aquel en que los partidos opositores al PRI denunciaron que se estableció una red de financiamiento paralelo para la compra del voto.
De la misma manera el uso de las tarjetas Soriana, utilizadas supuestamente para la compra del voto es diferente de la queja resuelta este día que estuvo relacionada exclusivamente con el convenio firmado entre esta tienda y la CTM para la entrega de tarjetas de lealtad, donde no se puede manejar ni transferir dinero.
A pesar de estas aclaraciones, el representante perredista, Camerino Márquez Madrid, anunció que llevarán al Tribunal Electoral federal la impugnación contra los casos Monex y Soriana aprobados este día por el Consejo del IFE.
Ello debido a que en su opinión no se agotaron todas las líneas de investigación y más bien se buscó exculpar a los responsables dándoles pleno valor probatorio a la información proporcionada por las autoridades gubernamentales.
De hecho el debate entre los partidos que integraron las coaliciones Movimiento Progresista y Compromiso por México derivó en un intercambio de postura y acusaciones relacionadas con los últimos acontecimientos, como la violencia ocurrida el 1 de diciembre, día de la asunción del nuevo gobierno.
Mientras los partidos de izquierda advirtieron del retorno del PRI autoritario y controlador, dispuesto a reprimir para acabar con la protesta social, los partidos de la coalición Compromiso por México reiteraron la legalidad de su victoria electoral.