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Opinión

Desplome de la vacunación infantil en México. Por Itali Heide

La vacunación infantil ha sido durante mucho tiempo la salvaguarda del bienestar de nuestra generación más joven. Sin embargo, México se enfrenta a retos sin precedentes, ya que diversos problemas desafían los esfuerzos de inmunización. Como muchos otros países, México se enfrenta a la compleja tarea no sólo de recuperar el terreno perdido, sino también de reavivar la confianza pública en la vacunación.

Itali Heide

Itali Heide

Los datos más recientes muestran avances, pero también crecientes obstáculos: puede que la comunidad mundial esté intentando acercarse a los niveles de vacunación previos a la pandemia, pero mientras que México presumía de una tasa de vacunación del 90% antes de 2020, en tres años esta cifra se ha desplomado hasta el 75%.

Retos de acceso

Los obstáculos para el acceso a la vacunación infantil son considerables y representan un reto complejo que trasciende las fronteras y los entornos socioeconómicos. Más allá del ruido de la desinformación, muchos niños no pueden acceder a las vacunas que garantizan una vida sana.

A pesar de que muchos padres creen en los beneficios de las vacunas, el enredo logístico puede acarrear complejidades que superan las creencias. El acceso oportuno y conveniente a los centros de vacunación es a menudo una esperanza inaccesible, con escasez de personal sanitario, acceso a lugares de difícil acceso y escasez de existencias de vacunas.

Panorama de la vacunación en México

Las tasas de vacunación infantil de México, antaño estelares, se han desplomado por debajo del 75%, muy lejos de las tasas superiores al 90% de las que el país presumía. Estos rezagos ponen en riesgo a niños y niñas de enfermedades como difteria, hepatitis B, sarampión, tosferina, neumonía, poliomielitis, rubeola y tétanos, para mencionar algunas.

Aunque se están realizando esfuerzos para vacunar a las comunidades vulnerables y de difícil acceso, como las brigadas de Medical IMPACT que se están llevando a cabo en Acapulco, Estado de México y Puebla, el progreso aún está en recuperación. Sin embargo, equipos médicos siguen visitando el terreno directo para impactar las vidas de quienes necesiten apoyo.

Un dato estremecedor es que alrededor del 30% de los bebés menores de un año aún no han recibido una sola vacuna, lo que duplica o triplica el riesgo de amenazas para la salud en los primeros años de vida. Los calendarios incompletos están por todas partes, ya sea por un mar de desinformación o por falta de acceso. A mayor escala, UNICEF ha informado de 2,4 millones de niños en América Latina y el Caribe cuentan con cero dosis de vacunas y calendarios incompletos, lo que pone de manifiesto la necesidad de un acceso abierto a estos medicamentos que salvan vidas.

Hacer frente a la crisis

Ante el descenso de la vacunación infantil, es imperativo tomar medidas urgentes para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Recientes y crudos hallazgos muestran un rezago para más de 38 millones de niños en México, especialmente en lo que se refiere a un aumento de niños con «dosis cero» que podrían no tener acceso a ninguna vacuna.

En respuesta a este apremiante problema, Pacto por la primera infancia colabora con la Asociación Mexicana de Vacunología, Medical IMPACT y Promotora Social México para presentar «Foro Vacunación para la niñez: #SíPodemos«, un evento dirigido a fomentar un diálogo colaborativo y proactivo, sensibilizando a actores clave como el sector de salud pública, instituciones académicas, comunidad empresarial, sociedad civil, organizaciones, medios de comunicación, padres de familia y cuidadores. ¿El objetivo? Abogar por la vacunación oportuna de nuestra generación más vulnerable.

Lo que hay que hacer

Ahora más que nunca, es importante poder identificar rápidamente a las comunidades de riesgo, vacunando a quienes no han tenido acceso a medidas vitales. La prevención de brotes de enfermedades prevenibles es clave, y esto empieza por dar prioridad a la concienciación pública para disipar la desinformación y fomentar la confianza en las vacunas.

Se necesita una financiación correcta para asignar recursos a los más vulnerables, y esto empieza por comprender en qué punto nos encontramos ahora mismo. La sanidad debe priorizar las infraestructuras, la formación de los trabajadores y la disponibilidad de vacunas, lo que recae sobre los hombros del gobierno y la sociedad civil. Sólo construyendo sistemas sanitarios más resistentes y empoderando a las comunidades tendremos la oportunidad de aumentar las tasas de vacunación.

El llamamiento a la acción es crucial a escala mundial, pero es especialmente significativo para México, que se enfrenta a los retos pospandémicos. La urgencia exige aunar esfuerzos para reconstruir la confianza, fortalecer la atención sanitaria y dar prioridad a la salud de todos los niños para lograr un futuro más saludable.

Pacto por la primera infancia te invita a participar en el Foro Vacunación para la niñez: #SíPodemos, donde distintos rincones de la sociedad se reunirán para hablar de uno de los temas más acuciantes de nuestro tiempo. Tendrá lugar este 30 de noviembre en el Museo Memoria y Tolerancia, asiste presencialmente aquí.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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