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Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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