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México

Dictan formal prisión a exgobernador de Tabasco por lavado de dinero

La juez federal Taisia Cruz Parcero sujetó a proceso penal a Andrés Granier, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero de más de 35 millones de pesos, confirmó esta noche el Consejo de la Judicatura Federal.

La juez federal Taisia Cruz Parcero sujetó a proceso penal a Andrés Granier, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero de más de 35 millones de pesos, confirmó esta noche el Consejo de la Judicatura Federal.

El ex gobernador de Tabasco permanecerá en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México, aunque es probable que en los próximos días sus abogados impugnen esta resolución mediante una demanda de amparo, y soliciten que su defendido sea trasladado al hospital de reclusorios del Distrito Federal, ubicado en Tepepan, donde actualmente se encuentra recluida Elba Esther Gordillo.

El proceso penal sólo implica el supuesto lavado de 35 millones de pesos, y hasta ahora no está claro si la Procuraduría General de la República (PGR) acreditará nuevos montos de ese delito.

La Procuraduría de Justicia de Tabasco ha señalado que, durante la administración de Granier, se desviaron 2 mil 400 millones de pesos. En tanto, la PGR ha advertido sobre la desaparición de más de 989 millones de pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.

De acuerdo con la acusación que hoy tiene en la cárcel a Granier, se encontraron elementos para acusarlo de haber lavado dinero entre 2006 y 2012

Según el expediente, Granier recibió depósitos en efectivo en una cuenta de cheques de Banorte por 40 millones 740 mil 584 pesos -sin especificar el monto por concepto de inversión- y por percepciones derivadas de su cargo público, 22 millones 895 mil 408 pesos.

Además, 35 millones 338 mil 315 pesos, que, según la dependencia, son superiores a los ingresos patrimoniales de Granier.

La jueza Taissia Cruz Parcero encontró que hay elementos de prueba suficientes para sujetar a proceso a Granier.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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