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¿Dónde está la raíz de los problemas educativos? Por Aquiles Córdova Morán

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En nuestros días la palabra “radical” soporta una gran carga negativa: decir radical es decir violento, irracional, equivocado, peligroso. Pero no siempre fue así; en su función originaria, esta rica y exacta palabra era una invitación (y al mismo tiempo un requisito infaltable) al buen discurrir, al razonamiento íntegro y profundo de cada problema, buscando no sólo abarcar y entender su naturaleza y trabazón internas, sus múltiples conexiones e influencias recíprocas con otros fenómenos, sino también y en primerísimo lugar, seguirlo fiel y minuciosamente, recorriendo en sentido inverso su desarrollo histórico previo, hasta sus fuentes originales, hasta el momento mismo de su nacimiento. Dicho brevemente: ser radical quería decir ir a la raíz de los problemas si en verdad se quiere entenderlos y conocerlos bien y, en consecuencia, hallarles una solución eficaz y definitiva.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Está en las primeras páginas y primeros lugares de los medios informativos, el proyecto de reforma educativa que el gobierno de la República recién estrenado en sus funciones propone, y que el país entero demanda con urgencia. A juzgar por algunos de los principios y señalamientos que la prensa ha podido (o querido) recoger de modo puntual y preciso, se puede colegir que no se trata de un documento hecho al vapor y sólo con fines propagandísticos o de imagen mediática; se nota muy bien que hubo un estudio concienzudo y un diagnóstico rigurosamente basado en dicho estudio, sobre algunas de las fallas y lacras más trascendentes y generalizadas que el sistema educativo nacional viene padeciendo en las últimas décadas, mismas que explican suficientemente nuestros magros resultados en esta importante materia. Y se nota, además, que hay la decisión firme de aplicar la medicina adecuada, el correctivo preciso a cada problema según su naturaleza, sin reparar en costos políticos, de imagen pública o en “poderes fácticos” que pudieran sentirse afectados con dicho correctivo.

Sin embargo, creo que no sobra hacer algunas consideraciones al respecto. La primera es que todos debemos recordar que esta no es, ni con mucho, la primera “revolución educativa” que se nos propone. Comenzando con la del propio fundador de lo que es hoy la Secretaría de Educación Pública, don José Vasconcelos, que quiso educar no sólo a la población en edad escolar sino al país entero, fundando las “misiones culturales” y ordenando la edición masiva de lo más representativo de la cultura universal que se “vendía” a un precio menos que simbólico para ponerlo al alcance de todos, pasando por las de educadores tan notables como don Jaime Torres Bodet, don Agustín Yáñez y don Jesús Reyes Heroles, hasta llegar a la de nuestros días, muchos son ya los intentos en este mismo sentido. Por tanto, hay razón para preguntarse seriamente: ¿cuáles fueron las causas de que tales intentos por perfeccionar la educación hayan fracasado? Y es obvio que fracasaron (porque si no hubiese sido así, hoy no tendríamos los problemas que tenemos ni, por tanto, habría necesidad una nueva reforma) como es obvio también que la respuesta a tan dura interrogante no es sencilla, que nadie tiene a mano la receta mágica para que, esta vez, el éxito sea seguro y rotundo.

Pero existen certezas evidentes que no hay por qué callar: por ejemplo, que no se puede hablar de que los ilustres reformadores anteriores no supieran hacer un diagnóstico correcto de los males de nuestro sistema educativo; o que fueran incapaces de encontrar el remedio adecuado a los mismos; o que les faltara valor, decisión o tal vez honestidad y firmeza para perseguir los objetivos que ellos mismos plantearon. De donde se deduce claramente que no basta llenar esos requisitos para que una reforma educativa tenga el éxito asegurado; que, por tanto, hace falta algo más: un enfoque radicalmente nuevo que, sin desechar las experiencias pasadas sino precisamente apoyándose en ellas como su plataforma de impulso, sea una auténtica superación dialéctica de aquéllas; un enfoque que vaya a la raíz del problema para que nos permita ver y hacer todo lo que estuvo a faltar en los ensayos previos.

La educación es (permítaseme la metáfora ramplona en aras de la claridad) una planta que, como todo vegetal, necesita un suelo nutricio adecuado a sus necesidades de alimentación y crecimiento, tanto que si ese suelo falta, o no es el requerido, la planta muere o crece raquítica y enclenque, sin dar los frutos que de ella se esperan. Y así como ningún cerebro sano puede esperar de suelos pobres, de topografía agreste y montañosa y de clima desértico, un rico, florido y espontáneo jardín de especies finas y delicadas, o simplemente un huerto con abundante producción frutal, también espontáneo y silvestre, así es locura esperar una educación vigorosa, floreciente, productiva y creativa en un país con población pobre, enferma, mal alimentada, sin vivienda digna ni servicios básicos, con un magisterio mal formado y peor pagado, corrompido, por añadidura, por una politiquería sindical completamente indiferente a las necesidades educativas de la nación. No es casualidad ni buena suerte, sino ley inexorable del desarrollo social, que la educación de máxima calidad y óptimos frutos se dé en los países ricos, y la opuesta sea el pan cotidiano en los países pobres y desiguales.

Alguien dirá que Roma no se hizo en un día y tendrá razón. Pero no nos confundamos. La política educativa, como toda la política y el universo entero, se desenvuelve en una doble dimensión: en el tiempo y en el espacio. Del primero depende la sucesión de las distintas fases de su desarrollo; del segundo depende la simultaneidad, la coexistencia con otros fenómenos, precisamente aquellos con los cuales se relaciona e interactúa y de los cuales depende, en gran medida, su correcto y vigoroso desarrollo e incluso su existencia misma (según que falten algunos o todos a la vez). La gradualidad, el “irse poco a poco” según las circunstancias y los recursos, es perfectamente admisible, y hasta inevitable, tratándose de la sucesión de las fases de desarrollo; pero no así la simultaneidad, la coexistencia con aquello que necesita para existir, o al menos, para desarrollarse vigorosamente. Así, podemos tomarnos cierto tiempo para completar edificios, laboratorios, bibliotecas, computadoras, instalaciones deportivas, etc., pero si no atacamos, simultánea y no sucesivamente, la pobreza, la enfermedad, la desnutrición, la falta de vivienda y servicios, el transporte rápido y barato y, por encima de todo, la correcta formación y actualización permanente de nuestros maestros, cuidando también sus ingresos y sus niveles de bienestar (con la respectiva gradualidad en cada uno de estos factores), todo lo que hagamos en materia educativa será trazar rayas en el agua. Al menos, esa es mi modesta opinión.

¿Dónde está la raíz de los problemas educativos? 

 

Aquiles Córdova Morán

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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