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Educación y desarrollo económico Por Aquiles Córdova Morán

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La técnica es, como se sabe, el motor del desarrollo económico, por cuanto que es el empleo de una técnica más perfecta en relación con sus competidores lo que permite a un empresario gozar, aunque sea temporalmente, de una tasa extraordinaria de ganancia. La técnica, a su vez, no es otra cosa que el fruto más acabado de la aplicación, con fines prácticos, de los resultados de la ciencia universal y de la investigación científica con propósitos específicos.

Y lo que es cierto entre los individuos en este terreno, es igualmente cierto entre los países. Hoy es ya un conocimiento del dominio público que el rezago general de las naciones pobres comienza y se enraíza en el rezago científico y tecnológico de la mismas; y que, por tanto, la diferencia entre ellas y las naciones ricas se hará cada vez mayor si no se hacen, por parte de las primeras, los esfuerzos suficientes por cerrar, o cuando menos acortar, el abismo científico y tecnológico que hoy las separa y enfrenta, cuando menos en el terreno económico.

 
México, no hay necesidad de repetirlo, alinea con las naciones pobres; formamos parte, nos guste o no, de los pueblos que aún no logran satisfacer a plenitud sus necesidades más elementales. La ciencia y la técnica mexicana exhiben la impronta de un país “tercermundista”, van rezagados varios decenios en relación con lo que se hace y se sabe, en estos terrenos, en las grandes metrópolis del mundo.

 

El resultado inevitable de esta situación es no sólo de baja productividad del trabajo y la insatisfactoria calidad de los productos del mismo (lo que los convierte en poco competitivos en el mercado mundial), sino también, lo que es mucho más grave, la severa dependencia del aparato productivo nacional respecto del extranjero, hasta para sus cambios y modernizaciones más insignificantes.

 

La necesidad de una verdadera revolución científica en el país no es, pues, a la luz de estas verdades elementales, capricho de nadie ni invento de politólogos en busca de propuestas llamativas para un discurso oficial. Se trata de una necesidad real fundamental y urgentísima, que no debería admitir ya ningún tipo de aplazamientos. Ahora bien, soy un convencido de que una verdadera revolución científica, que de veras produzca los resultados que está requiriendo el desarrollo económico y social del país, tiene que comenzar, necesaria y obligadamente, por la enseñanza, por la educación nacional. Para una verdadera revolución científica, lo primero que hay que revolucionar es la educación: De aquí la profunda y estrecha ligazón entre educación y desarrollo económico.

 

Lo primero que habría que hacer, a mi juicio, sería cambiar de raíz el carácter individualista de la enseñanza. En la actualidad, el estudio no es otra cosa que un mecanismo para la solución de la problemática familiar, primero, y un camino relativamente seguro para el ascenso personal, en segundo lugar. Ni al estudiante ni al profesionista de nuestro país (hablo en general, claro, lo que implica las obligadas y honrosas excepciones) se le ocurre mirarse como parte activa de un proyecto nacional, como un obrero calificado más, en una vasta obra común que es la construcción del gran hogar de todos los mexicanos, la patria. Piensa en él y en los suyos (lo que no está mal), pero no piensa en el todo, no se mira como parte del gran esfuerzo común y, en consecuencia, desconoce hasta el sentimiento mismo de la solidaridad.

 

En segundo lugar, habría que cambiar el actual principio pedagógico que, exagerando un poco quizás, podríamos sintetizar como la aplicación a la enseñanza del “laissez faire, laissez passer”, por una actitud más enérgica y exigente con el estudiante, a modo de crearle un verdadero sentido de responsabilidad social, hábitos de estudio y de trabajo y obligarlo a adquirir un suficiente bagaje de conocimiento. El aparato educativo del país necesita comenzar a producir, en forma masiva y no excepcional, profesionistas con una altísima calidad científica y práctica, hombres verdaderamente útiles, capaces de resolver con holgura los problemas a que se enfrenten.

 

México necesita sabios, muchos sabios, sin ellos no saldremos del hoyo en que nos encontramos. Todos estos cambios, como es lógico suponer, deberían correr a cargo de los profesores, de los maestros. y aquí la pregunta inevitable que dijera Marx: ¿quién educaría al educador? Mi respuesta es sencilla y directa: el pueblo trabajador. Por eso, en la base de esta revolución educativa, yo coloco una revolución organizativa. Los centros educativos del país, todos, sin distinción de nivel, deben dejar de ser patrimonio, coto exclusivo de caza, de los burócratas de la Secretaría de Educación Pública y de las mafias sindicales, para pasar a ser patrimonio verdadero del pueblo, que es el que los crea, los sostiene y sufre directamente los perjuicios de una educación distorsionada. El pueblo, la comunidad (grande o pequeña) en que se asienta una institución educativa, debe tener una injerencia real, efectiva y debidamente reconocida por ley, en la vida y funcionamiento de la misma. De otro modo, todo quedará en buenos propósitos; los mejores esfuerzos se estrellarán contra la muralla de las inercias y de los intereses creados.

 

La solución al problema, pues, puede no ser sencilla, pero sí es, a mi juicio, absolutamente necesaria.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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