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México

El 78% de los delitos involucran jóvenes

El presidente de la Confederación Nacional Campesina, diputado Gerardo Sánchez García, denunció hoy que en casi 12 años de régimen del Partido Acción Nacional (PAN) los jóvenes del país representen una generación perdida, porque, en su inmensa mayoría no cuentan con oportunidades para formarse.

En el marco del 43 aniversario de la Vanguardia Juvenil Agrarista (VJA) que encabeza Israel León Maldonado, el líder de la CNC lamentó que debido a lo anterior los jóvenes y adolescentes, entre los 14 y 21 años de edad, se involucran en el 78 por ciento de los delitos cometidos en el país, pues, sin futuro, son presa fácil de la delincuencia organizada.

“La terrible realidad, dijo, muestra que el 44 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años son pobres, lo que comprende a casi 20 millones de los cuales el 60 por ciento corresponde al campo”, por lo que convocó a la juventud del país a recuperar la Presidencia de la República para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su candidato Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Israel León Maldonado manifestó que la juventud nacional espera el próximo primero de julio un cambio de rumbo con responsabilidad y que en  el PRI, así lo demuestran recientes encuestas, encuentran esa opción.

La razón, destacó, es que resulta insostenible la situación actual de los jóvenes en México, ya que la insensibilidad de los gobiernos panistas han demostrado la falta de una política pública adecuada a este sector, lo que orilla a los jóvenes a emigrar o sumarse a las filas del crimen organizado.

Basado en estadísticas del INEGI, el dirigente de la VJA mencionó que del total de emigrantes mexicanos al extranjero del 2005 al 2010, alrededor del 57 por ciento tenía de 15 a 29 años de edad con destinos principales a Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, en los últimos dos sexenios unos 14 millones de trabajadores han caído en la informalidad a causa del desempleo, de los cuales más del 80 por ciento comienzan sus actividades entre los 14 y 19 años de edad.

“Nos preocupa la forma en que el PAN ha conducido el país, que el gobierno federal no sea capaz de incorporarnos al desarrollo económico nacional dentro del marco legal, cuando los jóvenes representamos la cuarta parte de la población de este país y estamos dispuestos a participar en lo que nos corresponda”, enfatizó.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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