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México

‘El 85’, un narco de extrema violencia

Sin antecedentes penales y con un perfil bajo, pero capaz de desatar una extrema violencia, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Erick Valencia Salazar, “El 85”, pretendió ocupar el lugar que dejó el extinto Ignacio, “Nacho”, Coronel, pero de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca tuvo el control absoluto de la región como su antecesor, e incluso tuvo que enfrentar embates del grupo llamado La Resistencia y El Cártel del Milenio, vinculados con Los Zetas.

Valencia Salazar, cuyos orígenes se remontan al cártel del Milenio o cártel de Los Valencia, se asumió como “hombre fuerte” en Jalisco tras la muerte de “Nacho” Coronel, junto con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien fue detenido en julio de 2011 en un operativo en Tlajomulco de Zúñiga. Entre sus primeras acciones está reorganizar para el cártel de Sinaloa el abastecimiento de droga a través de la zona del Pacífico.

Antes de 2010, de “El 85” sólo había una mención. La PGR lo involucró en la averiguación previa en contra de Zhenli Ye Gon, a quien le fueron asegurados 205.6 millones de dólares en un domicilio de la colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, pero de ahí en fuera su trayectoria era un misterio.

El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien será presentado hoy lunes en las oficinas de la SIEDO junto con 11 de sus cómplices –cuatro personas de las 16 detenidas, fueron liberadas–, tuvo como sus principales enemigos a células de agrupaciones rivales, como Los Zetas e inclusive La Familia Michoacana.

Los liberados

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) liberó a cuatro de los 16 sujetos arrestados. Horas después de su liberación, los cuatro reiteraron su inocencia y pidieron que se limpie su imagen. Los liberados son Andrés Santana, Juan Carlos Villalobos Valdez, Andrés y Cristian Jiménez.

Uno de ellos y quien fue detenido por uniformados de Zapopan en calles de la colonia San Juan de Ocotán, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, relató: “Escuchamos unas detonaciones y salimos a ver porque mi hermana había salido a la tienda, y cuando menos lo esperamos los policías estaban ahí y nos agarraron, no nos dijeron nada, sólo que nos acostáramos en el suelo , nos agarraron, nos subieron a la patrulla y no nos dijeron nada”, recordó lo sucedido el viernes.

Su papá, Arturo, un comerciante de 49 años, pidió que tras el error de los policías, no se le trate como delincuente. “Queremos que se limpie nuestra imagen, y no quedar como delincuentes. Es lo que queremos, que la gente vea que somos inocentes, que no nos dedicamos a nada malo, para tener seguridad y tranquilidad para nosotros y nuestras familias”.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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