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El ciudadano común y los medios informativos Por Aquiles Córdova Morán

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El viernes, 24 de febrero, Horacio Duarte Olivares, cabeza de carnero del ariete perredista que golpea a los antorchistas que defienden su derecho a la vivienda en Cuautlalpan, Texcoco, Estado de México, convocó “al pueblo cuautlalpense” a una “magna manifestación” que iría, caminando sobre la muy transitada vía que comunica la zona con el Distrito Federal, hasta el centro de la ciudad de Texcoco. El propósito era “exigir” a los gobiernos municipal y estatal la expulsión inmediata de los pobres sin vivienda que pretenden asentarse en un predio de su legítima propiedad, y el encarcelamiento de sus líderes, falsamente acusados por Duarte de “invasores” y de “fraccionadores clandestinos”.  Contados uno a uno, a la “mega marcha” acudieron no más de 350 gentes, muchas de las cuales no eran de Cuautlalpan y, algunas, ni siquiera de Texcoco sino de municipios vecinos. Ante el evidente fracaso, y temiendo magnificar el ridículo que ello suponía, Duarte Olivares se inventó el cuento de que “los antorchistas” estaban reunidos y “armados” en el terreno en litigio y, dado que la “marcha” tenía que pasar frente a ellos, se corría el riesgo de una agresión, por lo que propuso cambiar la marcha por un plantón y un  bloqueo total de la circulación en la vía México-Texcoco.  Para hacer más escándalo y cubrir mejor su fracaso, ordenó hacer una gigantesca fogata con decenas de llantas de desecho, al mismo tiempo que “su gente” se desgañitaba con el ritornelo creado por los “jefes” para manipularlos: “¡Fuera Antorcha de Texcoco!”. Entre las mantas y carteles que exhibían, destacaba una gigantesca vinilona que protestaba “por la candidatura a una diputación federal del “antorchista Brasil Acosta” (¿¿¡¡).

Doy estos detalles y señas de identidad para que el posible lector, por sí mismo, se dé cuenta de que ni el observador más distraído podía dejar de notar, a simple vista, la filiación política de los manifestantes, es decir, que no había ningún lugar para la duda o la equivocación al respecto. Por tanto, menos podía equivocarse el avisado y entrenado ojo de los reporteros. Y sin embargo, hubo sólo dos tipos de reacción de los medios: los que dieron la nota señalando correctamente la identidad perredista de quienes bloqueaban la circulación, pero con tal parcialidad en el manejo de voz e imagen a favor de los bloqueadores, que fue inevitable que el público culpara a “los antorchistas invasores”. Medios como Milenio (televisión y diario impreso) que no pierden ocasión para mostrar su odio y desprecio hacia las marchas y plantones de los “antorchos chantajistas”, esta vez dieron amplia cobertura al bloqueo y no se escuchó, siquiera, una palabra o un gesto de censura por “los daños a terceros” que tanto les preocupan cuando de Antorcha se trata.  El resto de los medios mintió desembozadamente atribuyendo la marcha y el bloqueo a “los antorchistas”. ¡Así, sin mayores remilgos!

Aunque el hecho en sí no es una novedad, el violentísimo contraste que esta vez surgió entre lo que vio todo el que estuvo cerca de los hechos y lo que los medios publicaron, lo convierte en paradigmático, en una oportunidad inmejorable para poner de relieve lo que realmente sucede con los tan llevados y traídos derechos de opinión y de información en nuestro país. En efecto, resulta muy fácil detectar aquí  varias verdades amargas que usualmente se diluyen por el poco acusado perfil de la mentira misma que manejan los medios. Primero, queda patente el grave peligro que entraña el que el Estado siga permitiendo (y hasta alentando), el condicionamiento del ciudadano para que acepte la idea de que la verdad sólo está en los medios, que la verdad son los medios, y que no necesita nada más para estar bien enterado de su realidad. De seguir por allí, estaremos renunciando al uso de otras importantes y más nobles fuentes de información y formación de un pensamiento crítico en la ciudadanía, tales como la educación sistemática (formal o autodidacta) y la lectura reflexiva de libros y revistas con un mejor tratamiento de los temas. Nos convertiremos, sin sentirlo, en una masa pasiva absolutamente manipulable en manos de los poderosos medios de información. Segundo, vuelve a probarse que la imparcialidad y la veracidad de que alardean los medios no es tal; que todos ellos, como obras y propiedad que son de seres humanos o de grupos con intereses propios muy definidos, se mueven y actúan más de acuerdo con esos intereses que con los de la verdad y el derecho ciudadano a la información veraz. Por lo tanto, que nadie debería creer a ciegas todo lo que lee o escucha, sino aplicar, cuando pueda y hasta donde pueda, su propia inteligencia y propia capacidad crítica.

Tercero, resalta el hecho de que, uno de los recursos de manipulación que con más frecuencia utiliza la propaganda mediática, es la doble medida, la doble moral, la doble política con que aborda un mismo fenómeno social convertido en noticia: puras flores para los “amigos” o para quienes favorecen los intereses del medio o de sus patrocinadores; las más feroces injurias, calumnias y acusaciones contra los “enemigos” o contra aquellos por cuyo desprestigio han recibido una paga, eventual o mediante un contrato. Cuarto y último (por ahora): queda patente también, una vez más, el desamparo absoluto, la total indefensión del ciudadano común ante cualquier ataque mediático, como consecuencia del carácter parcial de la legislación vigente y de la pobreza pecuniaria de las mayorías. La libertad de prensa y de opinión queda exhibida como totalmente unilateral, como un “derecho” real sólo para los privilegiados, para los dueños de los medios y sus servidores, pero no para la gente común, sin poder y sin dinero. Cuando se forma, como aquí, un complot mediático para favorecer a determinado grupo de poder a costa de la verdad y de los derechos de sus “enemigos”, hay una doble agresión: se agrede a quienes se imputa falsamente hechos que no cometieron; y se agrede, más aun quizá, a quienes se engaña con la mentira publicada, es decir, a la inmensa mayoría de la sociedad. Y ni unos ni otros disponen de algún recurso eficaz para defenderse y restablecer la verdad de los hechos. En no pocos casos, esta injusticia no se remedia ni siquiera con dinero, ya que los medios se protegen unos a otros y se niegan a publicar algo que “lesione al gremio”. Es el caso de Antorcha, que no puede defenderse de las reiteradas e impunes agresiones de un Ciro Gómez Leyva porque “perro no come carne de perro”. Hasta Carlos Marín, cofrade de Ciro Gómez, tuvo que abandonar su “lema” en el que alardeaba de lo contrario. Y tampoco funciona aquí el chapulín colorado. ¿Quién nos protegerá, entonces, contra el poder avasallador de los medios?

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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