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El ciudadano común y los medios informativos Por Aquiles Córdova Morán

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El viernes, 24 de febrero, Horacio Duarte Olivares, cabeza de carnero del ariete perredista que golpea a los antorchistas que defienden su derecho a la vivienda en Cuautlalpan, Texcoco, Estado de México, convocó “al pueblo cuautlalpense” a una “magna manifestación” que iría, caminando sobre la muy transitada vía que comunica la zona con el Distrito Federal, hasta el centro de la ciudad de Texcoco. El propósito era “exigir” a los gobiernos municipal y estatal la expulsión inmediata de los pobres sin vivienda que pretenden asentarse en un predio de su legítima propiedad, y el encarcelamiento de sus líderes, falsamente acusados por Duarte de “invasores” y de “fraccionadores clandestinos”.  Contados uno a uno, a la “mega marcha” acudieron no más de 350 gentes, muchas de las cuales no eran de Cuautlalpan y, algunas, ni siquiera de Texcoco sino de municipios vecinos. Ante el evidente fracaso, y temiendo magnificar el ridículo que ello suponía, Duarte Olivares se inventó el cuento de que “los antorchistas” estaban reunidos y “armados” en el terreno en litigio y, dado que la “marcha” tenía que pasar frente a ellos, se corría el riesgo de una agresión, por lo que propuso cambiar la marcha por un plantón y un  bloqueo total de la circulación en la vía México-Texcoco.  Para hacer más escándalo y cubrir mejor su fracaso, ordenó hacer una gigantesca fogata con decenas de llantas de desecho, al mismo tiempo que “su gente” se desgañitaba con el ritornelo creado por los “jefes” para manipularlos: “¡Fuera Antorcha de Texcoco!”. Entre las mantas y carteles que exhibían, destacaba una gigantesca vinilona que protestaba “por la candidatura a una diputación federal del “antorchista Brasil Acosta” (¿¿¡¡).

Doy estos detalles y señas de identidad para que el posible lector, por sí mismo, se dé cuenta de que ni el observador más distraído podía dejar de notar, a simple vista, la filiación política de los manifestantes, es decir, que no había ningún lugar para la duda o la equivocación al respecto. Por tanto, menos podía equivocarse el avisado y entrenado ojo de los reporteros. Y sin embargo, hubo sólo dos tipos de reacción de los medios: los que dieron la nota señalando correctamente la identidad perredista de quienes bloqueaban la circulación, pero con tal parcialidad en el manejo de voz e imagen a favor de los bloqueadores, que fue inevitable que el público culpara a “los antorchistas invasores”. Medios como Milenio (televisión y diario impreso) que no pierden ocasión para mostrar su odio y desprecio hacia las marchas y plantones de los “antorchos chantajistas”, esta vez dieron amplia cobertura al bloqueo y no se escuchó, siquiera, una palabra o un gesto de censura por “los daños a terceros” que tanto les preocupan cuando de Antorcha se trata.  El resto de los medios mintió desembozadamente atribuyendo la marcha y el bloqueo a “los antorchistas”. ¡Así, sin mayores remilgos!

Aunque el hecho en sí no es una novedad, el violentísimo contraste que esta vez surgió entre lo que vio todo el que estuvo cerca de los hechos y lo que los medios publicaron, lo convierte en paradigmático, en una oportunidad inmejorable para poner de relieve lo que realmente sucede con los tan llevados y traídos derechos de opinión y de información en nuestro país. En efecto, resulta muy fácil detectar aquí  varias verdades amargas que usualmente se diluyen por el poco acusado perfil de la mentira misma que manejan los medios. Primero, queda patente el grave peligro que entraña el que el Estado siga permitiendo (y hasta alentando), el condicionamiento del ciudadano para que acepte la idea de que la verdad sólo está en los medios, que la verdad son los medios, y que no necesita nada más para estar bien enterado de su realidad. De seguir por allí, estaremos renunciando al uso de otras importantes y más nobles fuentes de información y formación de un pensamiento crítico en la ciudadanía, tales como la educación sistemática (formal o autodidacta) y la lectura reflexiva de libros y revistas con un mejor tratamiento de los temas. Nos convertiremos, sin sentirlo, en una masa pasiva absolutamente manipulable en manos de los poderosos medios de información. Segundo, vuelve a probarse que la imparcialidad y la veracidad de que alardean los medios no es tal; que todos ellos, como obras y propiedad que son de seres humanos o de grupos con intereses propios muy definidos, se mueven y actúan más de acuerdo con esos intereses que con los de la verdad y el derecho ciudadano a la información veraz. Por lo tanto, que nadie debería creer a ciegas todo lo que lee o escucha, sino aplicar, cuando pueda y hasta donde pueda, su propia inteligencia y propia capacidad crítica.

Tercero, resalta el hecho de que, uno de los recursos de manipulación que con más frecuencia utiliza la propaganda mediática, es la doble medida, la doble moral, la doble política con que aborda un mismo fenómeno social convertido en noticia: puras flores para los “amigos” o para quienes favorecen los intereses del medio o de sus patrocinadores; las más feroces injurias, calumnias y acusaciones contra los “enemigos” o contra aquellos por cuyo desprestigio han recibido una paga, eventual o mediante un contrato. Cuarto y último (por ahora): queda patente también, una vez más, el desamparo absoluto, la total indefensión del ciudadano común ante cualquier ataque mediático, como consecuencia del carácter parcial de la legislación vigente y de la pobreza pecuniaria de las mayorías. La libertad de prensa y de opinión queda exhibida como totalmente unilateral, como un “derecho” real sólo para los privilegiados, para los dueños de los medios y sus servidores, pero no para la gente común, sin poder y sin dinero. Cuando se forma, como aquí, un complot mediático para favorecer a determinado grupo de poder a costa de la verdad y de los derechos de sus “enemigos”, hay una doble agresión: se agrede a quienes se imputa falsamente hechos que no cometieron; y se agrede, más aun quizá, a quienes se engaña con la mentira publicada, es decir, a la inmensa mayoría de la sociedad. Y ni unos ni otros disponen de algún recurso eficaz para defenderse y restablecer la verdad de los hechos. En no pocos casos, esta injusticia no se remedia ni siquiera con dinero, ya que los medios se protegen unos a otros y se niegan a publicar algo que “lesione al gremio”. Es el caso de Antorcha, que no puede defenderse de las reiteradas e impunes agresiones de un Ciro Gómez Leyva porque “perro no come carne de perro”. Hasta Carlos Marín, cofrade de Ciro Gómez, tuvo que abandonar su “lema” en el que alardeaba de lo contrario. Y tampoco funciona aquí el chapulín colorado. ¿Quién nos protegerá, entonces, contra el poder avasallador de los medios?

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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