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Opinión

El costo del odio en la política. Por Caleb Ordóñez T.

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En estos días el mundo nos muestra escenas que, más que noticias, parecen espejos rotos en los que nadie quiere mirarse. Historias de violencia política, de polarización sin freno y de sociedades que de pronto despiertan en medio del caos. Y aunque los vemos como problemas lejanos —Nepal, Ucrania, Estados Unidos o Argentina— lo cierto es que en México estamos más cerca de ese precipicio de lo que creemos.

Hace unos días, el asesinato del activista conservador norteamericano Charlie Kirk en Estados Unidos sacudió la política de ese país. Un crimen político y religioso con todas sus letras, resultado de un ambiente en el que la palabra se convirtió en bala, y el adversario en enemigo a exterminar. Lo mató no un ejército extranjero, sino el odio sembrado en casa. Murió por su forma de pensar la solución a problemas sociales y por ser orgullosamente cristiano, en una sociedad gringa cada día más confundía.

En Nepal, la generación Z se cansó de la corrupción y salió a las calles. Al principio fueron protestas, luego incendios de edificios públicos, 19 muertos, más de 700 heridos y un primer ministro que no tuvo más remedio que renunciar. Lo que comenzó como reclamo legítimo se transformó en rabia desbordada.

En Argentina, la polarización económica y política ha convertido cada marcha en un campo de batalla. Oficialistas y opositores parecen hablar en idiomas distintos, incapaces de acordar incluso lo básico: cómo contener una inflación que devora bolsillos y esperanzas. La democracia sufre cuando el diálogo es imposible y las calles se llenan de banderas opuestas.

Y en Estados Unidos ocurrió algo que duele en lo más humano: Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra buscando paz, fue asesinada brutalmente en un tren. El agresor, un exconvicto, la atacó sin razón aparente. Lo más terrible no fue solo la violencia, sino la indiferencia: pasaron segundos eternos en los que nadie se acercó a ayudarla. Murió sola, degollada, en medio de la multitud. Su historia recuerda que la deshumanización empieza cuando decidimos voltear la mirada.

¿Qué tienen en común estos episodios? Que todos son hijos de la polarización y de la incapacidad de las instituciones y de los ciudadanos para contenerla. Y aquí es donde México debe mirarse al espejo.

México y sus propias alarmas

Nuestro país ha vivido ya las primeras alarmas: decenas de candidatos asesinados en procesos electorales, presidentes municipales gobernando bajo amenazas, discursos oficiales que dividen entre “buenos” y “malos”, entre “conservadores” y “transformadores”. En redes sociales no hay debate, hay trincheras. Y en las calles, la violencia del crimen organizado se mezcla con la política como un veneno que corroe la confianza ciudadana.

Y para colmo, los propios legisladores, que deberían ser ejemplo de civilidad, se convierten en espectáculo de vergüenza nacional: escupiéndose, empujándose, gritándose insultos y mentándose la madre en el Congreso. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que debata con altura cuando quienes hacen las leyes se comportan como si la política fuera una pelea de barrio?

El riesgo es claro: si seguimos alimentando la lógica del odio, si dejamos que el adversario se convierta en enemigo, si nos acostumbramos a ver la violencia como parte del paisaje, un día la tragedia que hoy vemos en Nepal, en Argentina o en Estados Unidos será nuestra.

No se trata de sembrar miedo, sino de encender alarmas. La violencia política no llega de golpe: se construye poco a poco con cada insulto desde un atril, con cada mentira que se viraliza, con cada ciudadano que decide que “no es su problema” cuando alguien sufre.

¿Qué hacer entonces? Primero, exigir a nuestros líderes políticos que bajen el tono. La palabra importa: una frase incendiaria en boca de un presidente, de un gobernador o de un legislador puede ser la chispa que encienda la pólvora. Segundo, fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, porque sin árbitros confiables la cancha se convierte en selva. Y tercero, asumir como ciudadanos que la democracia no se defiende desde la comodidad del sofá: se defiende participando, informándose, dialogando incluso con quien piensa distinto.

La lección está ahí, en cada noticia internacional que leemos con horror. México todavía está a tiempo de elegir un camino distinto, de evitar que nuestras diferencias políticas se conviertan en trincheras de sangre. Pero para lograrlo, debemos dejar de ver la violencia como un espectáculo ajeno y reconocerla como una amenaza propia.

Y aquí está el reto: o empezamos a tratarnos como adversarios democráticos capaces de dialogar, o terminaremos viéndonos como enemigos a destruir. La historia reciente del mundo nos advierte lo que pasa cuando gana el odio. La pregunta es simple y brutal: ¿queremos que México sea recordado como una nación que aprendió de los espejos ajenos… o como un país que prefirió romperse en mil pedazos frente a ellos?

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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