El Congreso Estatal exigió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que libere los recursos que mantiene congelados para atender los daños causados por la sequía al campo chihuahuense.

El diputado Jesús José Sáenz Gabaldón manifestó –mediante la iniciativa de acuerdo dirigida al Poder Ejecutivo Federal- que se requieren también los más de 70 millones de pesos que adeuda (sic) la Sagarpa desde el año pasado a esta entidad.

En la propuesta se pide que no se reduzcan de 444 millones a 202 millones de pesos la partida presupuestal destinada para apoyar al campo, y que los recursos comprometidos lleguen a los productores del campo más necesitados.

“Pedimos que se quiten las trabas como el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación para acceder a los tan suplicados mecanismos de apoyo, ya que ante la contingencia que se vive en la entidad no debe de existir traba alguna”, dijo.

Al exigir que se liberen los recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) para atender la emergencia que demanda el campo chihuahuense, explicó que la iniciativa está basada en los más de 4 mil millones de pesos que se requieren para atender esta contingencia.

Al ser entrevistado al respecto, el mandatario estatal demandó la entrega de recursos extraordinarios federales que fueron prometidos por el presidente Felipe Calderón para atender de manera inmediata los efectos de la sequía en la entidad.

“Espero que esto se agilice, hemos firmado anexos, la Cámara de Diputados se ha pronunciado en dos ocasiones por recursos extraordinarios, yo espero que se atienda con recursos extraordinarios las necesidades de la sequía de Chihuahua…”.

Duarte Jáquez resaltó que a consecuencia de la sequía que azota al campo chihuahuense, se tiene la pérdida de 350 mil reses, se han registrado más de 600 incendios forestales y muchas comunidades carecen del vital líquido.

“Los efectos de la seguía siguen siendo muy graves, cada día hay más comunidades sin agua, por eso se ha activado un equipo de distribución de agua para consumo humano que pasa de las 300 pipas en estos momentos”, destacó.

Por último, la LXIII Legislatura pidió a los gobiernos federal y estatal que los programas alimenticios para las comunidades indígenas, “se hagan bajo el principio de corresponsabilidad de las personas sujetas de Derecho, siendo motivadoras para el desarrollo y crecimiento de los pueblos indígenas”