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Opinión

EL ESTADO DE CHIHUAHUA «no country for lawyers» por VICTOR M. QUINTANA S.

El estado de Chihuahua: “No country for lawyers”

Víctor M. Quintana S.

 

Parafraseando al excelente novelista Cormack Macarthy podría decirse que el estado de Chihuahua no es lugar para abogados. Si los varones del estado, entre 2010 y 2014 perdimos cuatro años de vida, los abogados, seguramente mucho más.

 

Hace un año, el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua concedió el amparo de la justicia federal al licenciado David Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio Estatal de Colegios de Abogados, contra actos del gobernador del estado, César Duarte. Esos actos eran la negativa sistemática de audiencia a dicho colegio, así como abrir los expedientes de la investigación de los asesinatos de varias decenas de abogados en la entidad.

En efecto, desde hace aproximadamente 10 años se ha ultimado a 74 abogados en Chihuahua. Tan sólo durante la gestión de Duarte ha sido asesinado un abogado cada dos meses. Y si llama la atención tanto homicidio doloso entre este gremio, más se resalta la ineficacia de las investigaciones, la impunidad con que resultan.

Hay algunos casos emblemáticos: el de Miguel Etzel Maldonado, ex procurador general de Justicia del estado, ex presidente estatal del PRI, ex líder del Congreso, reconocido dentro y fuera de su partido. Fue asesinado a tiros la noche del 20 de octubre de 2009 al llegar a la cochera de su casa. Nadie ha sido arrestado por el crimen hasta el momento.

El licenciado Sergio Dante Almaraz, ex dirigente local del Frente Democrático Nacional y del partido Convergencia, padre del actual fiscal de la Zona Centro del estado, fuerte crítico de la política de procuración y administración de la justicia en Chihuahua, fue asesinado en Ciudad Juárez en enero de 2006. Su homicidio también sigue impune.

Ex diputados, catedráticos, litigantes, priístas, panistas, de izquierda, sin partido, dirigentes del gremio, servidores y ex servidores públicos. Ultimados en la calle, en la carretera, en su propio despacho. Por comandos, por pistoleros aparentemente solitarios… La diversidad es enorme, pero el gobierno trata, sin embargo, de agruparlos en el denominador común del expediente fácil de en algo andarían metidos.

Por eso el Colegio Estatal de Colegios de Abogados hace ya varios años emprendió la lucha en defensa no sólo de sus agremiados, sino de todos sus colegas chihuahuenses. Se cansaron de enviar oficios a los procuradores, luego a los fiscales y a los gobernadores. Plantaron la cruz en la plaza frente a palacio. Se plantaron ellos mismos enseguida para exigir justicia. Nada. El silencio fue la única respuesta del gobierno del estado.

Nunca se imaginaron que tendrían que acudir al amparo de la justicia federal para que el gobierno del estado se viera forzado a hacerles caso, pero lo hizo el secretario particular del gobernador derivándolos sólo a otros funcionarios. A la fecha no han podido hablar con Duarte.

Tuvieron que mediar los asesinatos de dos abogados más para que el 23 de noviembre el fiscal general del estado recibiera a los representantes del colegio estatal. Le exigieron que se establezca una fiscalía especializada para investigar los asesinatos de abogados, les dijo que no hay presupuesto. Y no mintió, pues el erario estatal está al borde de la bancarrota. Se comprometió empero a crear algo parecido: un grupo especial con este propósito, y a sostener reuniones periódicas con ellos para revisar el avance de las investigaciones.

Algo que ha proliferado en este país en los últimos años son las fiscalías especiales. Las de delitos contra las mujeres, contra periodistas y otras más. Lo que esto revela son tres cuestiones: en primer lugar, que los criminales organizados, desorganizados y de Estado, se han cebado en grupos muy específicos: mujeres, periodistas, derechohumanistas. En segundo lugar, la inacción de los diversos niveles y órdenes del gobierno para perseguir y castigar a los presuntos responsables; la impunidad, pues. En tercer lugar, las movilizaciones de protesta de los sectores afectados, que demandan el establecimiento de un espacio institucional determinado, al que se pueda pedir cuentas y evaluar la acción de procuración de justicia.

La mala noticia es que el crimen sigue avanzando, pero la buena es que cada vez hay más sectores de la sociedad que se organizan y levantan su voz. Como los abogados de Chihuahua.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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