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EL ESTADO DE CHIHUAHUA «no country for lawyers» por VICTOR M. QUINTANA S.

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El estado de Chihuahua: “No country for lawyers”

Víctor M. Quintana S.

 

Parafraseando al excelente novelista Cormack Macarthy podría decirse que el estado de Chihuahua no es lugar para abogados. Si los varones del estado, entre 2010 y 2014 perdimos cuatro años de vida, los abogados, seguramente mucho más.

 

Hace un año, el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua concedió el amparo de la justicia federal al licenciado David Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio Estatal de Colegios de Abogados, contra actos del gobernador del estado, César Duarte. Esos actos eran la negativa sistemática de audiencia a dicho colegio, así como abrir los expedientes de la investigación de los asesinatos de varias decenas de abogados en la entidad.

En efecto, desde hace aproximadamente 10 años se ha ultimado a 74 abogados en Chihuahua. Tan sólo durante la gestión de Duarte ha sido asesinado un abogado cada dos meses. Y si llama la atención tanto homicidio doloso entre este gremio, más se resalta la ineficacia de las investigaciones, la impunidad con que resultan.

Hay algunos casos emblemáticos: el de Miguel Etzel Maldonado, ex procurador general de Justicia del estado, ex presidente estatal del PRI, ex líder del Congreso, reconocido dentro y fuera de su partido. Fue asesinado a tiros la noche del 20 de octubre de 2009 al llegar a la cochera de su casa. Nadie ha sido arrestado por el crimen hasta el momento.

El licenciado Sergio Dante Almaraz, ex dirigente local del Frente Democrático Nacional y del partido Convergencia, padre del actual fiscal de la Zona Centro del estado, fuerte crítico de la política de procuración y administración de la justicia en Chihuahua, fue asesinado en Ciudad Juárez en enero de 2006. Su homicidio también sigue impune.

Ex diputados, catedráticos, litigantes, priístas, panistas, de izquierda, sin partido, dirigentes del gremio, servidores y ex servidores públicos. Ultimados en la calle, en la carretera, en su propio despacho. Por comandos, por pistoleros aparentemente solitarios… La diversidad es enorme, pero el gobierno trata, sin embargo, de agruparlos en el denominador común del expediente fácil de en algo andarían metidos.

Por eso el Colegio Estatal de Colegios de Abogados hace ya varios años emprendió la lucha en defensa no sólo de sus agremiados, sino de todos sus colegas chihuahuenses. Se cansaron de enviar oficios a los procuradores, luego a los fiscales y a los gobernadores. Plantaron la cruz en la plaza frente a palacio. Se plantaron ellos mismos enseguida para exigir justicia. Nada. El silencio fue la única respuesta del gobierno del estado.

Nunca se imaginaron que tendrían que acudir al amparo de la justicia federal para que el gobierno del estado se viera forzado a hacerles caso, pero lo hizo el secretario particular del gobernador derivándolos sólo a otros funcionarios. A la fecha no han podido hablar con Duarte.

Tuvieron que mediar los asesinatos de dos abogados más para que el 23 de noviembre el fiscal general del estado recibiera a los representantes del colegio estatal. Le exigieron que se establezca una fiscalía especializada para investigar los asesinatos de abogados, les dijo que no hay presupuesto. Y no mintió, pues el erario estatal está al borde de la bancarrota. Se comprometió empero a crear algo parecido: un grupo especial con este propósito, y a sostener reuniones periódicas con ellos para revisar el avance de las investigaciones.

Algo que ha proliferado en este país en los últimos años son las fiscalías especiales. Las de delitos contra las mujeres, contra periodistas y otras más. Lo que esto revela son tres cuestiones: en primer lugar, que los criminales organizados, desorganizados y de Estado, se han cebado en grupos muy específicos: mujeres, periodistas, derechohumanistas. En segundo lugar, la inacción de los diversos niveles y órdenes del gobierno para perseguir y castigar a los presuntos responsables; la impunidad, pues. En tercer lugar, las movilizaciones de protesta de los sectores afectados, que demandan el establecimiento de un espacio institucional determinado, al que se pueda pedir cuentas y evaluar la acción de procuración de justicia.

La mala noticia es que el crimen sigue avanzando, pero la buena es que cada vez hay más sectores de la sociedad que se organizan y levantan su voz. Como los abogados de Chihuahua.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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