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Opinión

EL ESTADO DE CHIHUAHUA «no country for lawyers» por VICTOR M. QUINTANA S.

El estado de Chihuahua: “No country for lawyers”

Víctor M. Quintana S.

 

Parafraseando al excelente novelista Cormack Macarthy podría decirse que el estado de Chihuahua no es lugar para abogados. Si los varones del estado, entre 2010 y 2014 perdimos cuatro años de vida, los abogados, seguramente mucho más.

 

Hace un año, el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua concedió el amparo de la justicia federal al licenciado David Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio Estatal de Colegios de Abogados, contra actos del gobernador del estado, César Duarte. Esos actos eran la negativa sistemática de audiencia a dicho colegio, así como abrir los expedientes de la investigación de los asesinatos de varias decenas de abogados en la entidad.

En efecto, desde hace aproximadamente 10 años se ha ultimado a 74 abogados en Chihuahua. Tan sólo durante la gestión de Duarte ha sido asesinado un abogado cada dos meses. Y si llama la atención tanto homicidio doloso entre este gremio, más se resalta la ineficacia de las investigaciones, la impunidad con que resultan.

Hay algunos casos emblemáticos: el de Miguel Etzel Maldonado, ex procurador general de Justicia del estado, ex presidente estatal del PRI, ex líder del Congreso, reconocido dentro y fuera de su partido. Fue asesinado a tiros la noche del 20 de octubre de 2009 al llegar a la cochera de su casa. Nadie ha sido arrestado por el crimen hasta el momento.

El licenciado Sergio Dante Almaraz, ex dirigente local del Frente Democrático Nacional y del partido Convergencia, padre del actual fiscal de la Zona Centro del estado, fuerte crítico de la política de procuración y administración de la justicia en Chihuahua, fue asesinado en Ciudad Juárez en enero de 2006. Su homicidio también sigue impune.

Ex diputados, catedráticos, litigantes, priístas, panistas, de izquierda, sin partido, dirigentes del gremio, servidores y ex servidores públicos. Ultimados en la calle, en la carretera, en su propio despacho. Por comandos, por pistoleros aparentemente solitarios… La diversidad es enorme, pero el gobierno trata, sin embargo, de agruparlos en el denominador común del expediente fácil de en algo andarían metidos.

Por eso el Colegio Estatal de Colegios de Abogados hace ya varios años emprendió la lucha en defensa no sólo de sus agremiados, sino de todos sus colegas chihuahuenses. Se cansaron de enviar oficios a los procuradores, luego a los fiscales y a los gobernadores. Plantaron la cruz en la plaza frente a palacio. Se plantaron ellos mismos enseguida para exigir justicia. Nada. El silencio fue la única respuesta del gobierno del estado.

Nunca se imaginaron que tendrían que acudir al amparo de la justicia federal para que el gobierno del estado se viera forzado a hacerles caso, pero lo hizo el secretario particular del gobernador derivándolos sólo a otros funcionarios. A la fecha no han podido hablar con Duarte.

Tuvieron que mediar los asesinatos de dos abogados más para que el 23 de noviembre el fiscal general del estado recibiera a los representantes del colegio estatal. Le exigieron que se establezca una fiscalía especializada para investigar los asesinatos de abogados, les dijo que no hay presupuesto. Y no mintió, pues el erario estatal está al borde de la bancarrota. Se comprometió empero a crear algo parecido: un grupo especial con este propósito, y a sostener reuniones periódicas con ellos para revisar el avance de las investigaciones.

Algo que ha proliferado en este país en los últimos años son las fiscalías especiales. Las de delitos contra las mujeres, contra periodistas y otras más. Lo que esto revela son tres cuestiones: en primer lugar, que los criminales organizados, desorganizados y de Estado, se han cebado en grupos muy específicos: mujeres, periodistas, derechohumanistas. En segundo lugar, la inacción de los diversos niveles y órdenes del gobierno para perseguir y castigar a los presuntos responsables; la impunidad, pues. En tercer lugar, las movilizaciones de protesta de los sectores afectados, que demandan el establecimiento de un espacio institucional determinado, al que se pueda pedir cuentas y evaluar la acción de procuración de justicia.

La mala noticia es que el crimen sigue avanzando, pero la buena es que cada vez hay más sectores de la sociedad que se organizan y levantan su voz. Como los abogados de Chihuahua.

Opinión

Opinión: El fuego amigo también deja huellas

Opinión: El fuego amigo también deja huellas

Hay denuncias políticas que terminan teniendo un efecto distinto al que sus autores esperaban. Eso ocurrió con las imágenes que Andrea Chávez publicó en redes sociales para cuestionar la Torre Centinela y mostrar calles inundadas y cubiertas de basura en Ciudad Juárez.

“Las calles de nuestra frontera nos recuerdan dónde se necesitaba de verdad esa inversión”, escribió la senadora. El problema para su argumento es evidente: la ciudad que aparece en esas fotografías es gobernada por Morena y buena parte de las tareas que señala corresponden al ámbito municipal.

Los comentarios en redes sociales apuntaron precisamente hacia ese lado. Si las alcantarillas aparecen obstruidas por basura, las calles se convierten en ríos y los baches forman parte del paisaje, la pregunta inevitable es por qué la crítica se concentra en el Gobierno del Estado y no alcanza también a la administración municipal encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, quien actualmente se encuentra de licencia mientras busca la candidatura a la gubernatura.

Chávez pretendía dirigir el reflector hacia la Torre Centinela, pero las imágenes terminaron abriendo otro frente: el de los problemas urbanos de Ciudad Juárez. En política, a veces el fuego amigo tiene más alcance que el ataque original.

El Álamo de Zazú y la protección animal

En otro frente, la asociación El Álamo de Zazú, conocida por su trabajo en favor de los animales, ha comenzado a ser señalada por asumir una posición política cercana a Morena y por sus críticas al alcalde Marco Bonilla.

La persona que encabeza la organización se ha visto involucrada en distintos conflictos, tanto con servidores públicos como con otras activistas y refugios de perros. A ello se suma su reciente posición política contra el alcalde, al que incluso ha dirigido insultos en un evidente tono partidista.

También se cuestiona el desempeño de Rocío Reza al frente de la Coordinación de Bienestar Animal. Sin embargo, la administración municipal ha impulsado acciones como la creación de esa coordinación, la contratación de brigadistas y la planeación de una veterinaria municipal y un recinto de rescate animal.

El problema no es que una organización tenga una posición política. El problema aparece cuando una causa como la protección animal termina mezclándose abiertamente con la disputa partidista. Entonces, una denuncia puede terminar percibiéndose como parte de una estrategia política.

Jorge Chánez y sus aspiraciones

En el PAN también hay movimientos que llaman la atención. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, estaría impulsando sus aspiraciones para buscar una candidatura a diputado local.

La duda es si esas aspiraciones corresponden con los resultados que ha entregado y con el escenario interno de Acción Nacional. El texto cuestiona además su comportamiento político y plantea que podría estar siendo mal asesorado o utilizado por otros panistas interesados en influir en el proceso interno.

Antes de levantar una candidatura, quizá tendría que revisar los resultados que ha entregado a Chihuahua. El proyecto político ya está en marcha, pero por ahora parece otra obra sin terminar.

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