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Opinión

EL GABINETAZO Por Luis Villegas

A unos minutos de que se desvele el gran misterio, me atrevo a pergeñar estas líneas de urgencia, solo para dar testimonio de mis puntos de vista respecto de la integración del gabinete del futuro Primer Mandatario de este país, Enrique Peña Nieto.

 

Quizá donde mayor incertidumbre se ha generado, es en el caso de la Secretaría de Gobernación; por razones de amistad, de cercanía o de experiencia, los nombres que se han barajado para ocuparla van de Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam -experimentados e instituciones- a Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, íntimos del próximo Presidente de México. Otro tanto se puede decir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyos titulares, se especula, podrían ser José Antonio Meade o Luis Videgaray. Sin que se descarte, en el caso de este último, un puesto ad hoc en una especie de “Supersecretaría”: Jefatura del Gabinete. Además de Gobernación, a Jesús Murillo Karam se le ubica en la Procuraduría General de la República; y a Pedro Joaquín Coldwell, en la Secretaria de Energía.

 

En una de las secretarías más importantes, como es la de SEDESOL -por su elevado presupuesto en acciones de contenido social, así como el grado de interacción con la sociedad y los grupos más vulnerables- figuran los nombres del propio Miguel Osorio Chong e incluso el de Rosario Robles.

 

A Emilio Lozoya tan pronto lo sitúan en Relaciones Exteriores como en la Comisión Federal de Electricidad (aunque en el caso de esta última también se deja oír el nombre de Alfredo del Mazo) o PEMEX; aunque no falte quien mencione a Alicia Bárcenas como Canciller. En cuanto a Alfonso Navarrete, mientras unos lo ubican como el responsable de la procuración de justicia, peleando por el puesto con Jesús Murillo Karam, otros apuestan porque será el responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otro nombre que figura en alguna posición clave, es el de Liébano Sáenz a quienes unos lo hacen futuro Secretario de Energía -peleando por el puesto con Pedro Joaquín Coldwell- y otros a cargo de la importante PEMEX. Sin embargo, no falta quienes colocan al mismo Liébano Sáenz a cargo de la Secretaría de Economía, en donde también figuran los nombres de Pedro Noyola e Ildefonso Guajardo Villarreal.

 

En la Secretaría de Turismo, suenan los nombres de dos mujeres: Ivonne Ortega y Claudia Ruiz Massieu; así como los de Jorge Carlos Ramírez Marín, en la Secretaría de la Reforma Agraria (e incluso en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social); Gerardo Ruiz Esparza, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Ernesto de Lucas Hopkins en deporte; Rafael Pacchiano, a cargo de la política en materia de juventud; Emilio Chuayffet Chemor o Yoloxóchitl Bustamante, en la Secretaría de Educación Pública; Juan José Guerra Abud, como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; José Antonio González Anaya, con los destinos del IMSS en sus manos; responsable del enlace Legislativo, Roberto Campa; a cargo del CISEN se oye a: Alfredo Castillo o Eugenio Ímaz; en la Secretaría de Agricultura, a Enrique de la Madrid; en el Infonavit a Alejandro Murat; Manuel Mondragón y Kalb, parece que sería el próximo Subsecretario del Interior; en una “cosa” que sería algo así como una “Coordinación de Gobierno Digital”, Alejandra Lagunes; y Sebastián Lerdo de Tejada, a cargo del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018;

 

Quizá en donde menos motivos de especulación haya es en el área de comunicación social, donde fungirá sin lugar a dudas, se supone, David López.

 

En resumen, ¿quiénes estarán a cargo de los destinos de la República? Sepa Dios; aunque parece indudable que los nombres que van a ocupar puestos clave son el de Pedro Joaquín Coldwell, Jesús Murillo Karam, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

 

Sin embargo; si por las vísperas se sacan las “témporas”. Detengámonos así sea un instante en algunos de estos nombres; Pedro Joaquín Coldwell, sin ir más  lejos; quien en su larga trayectoria ha sido: Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Secretario de Turismo del Gobierno Federal y, actualmente, líder del PRI a nivel nacional; Joaquín Coldwell no solo ha solapado el caso de su antecesor, Humberto Moreira, acusado de llevarse parte o todo el monto de 33 mil millones de pesos del Erario de Coahuila; sino que del año 2006 a la fecha, parecen haberse olvidado las denuncias de la ex-esposa, del otrora Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, a quien acusó de haberse enriquecido durante su mandato ”con 600 millones de dólares” 1 (de lo que el actual Presidente electo me imagino no se dio cuenta, pese a ser el Secretario de Administración del Gobernador Montiel).

 

O que decir de Luis Videgaray, quien luego de negar entregas de dinero a través de tarjetas electrónicas, con motivo del pasado proceso electoral fue desmentido por el propio líder de su Partido, quien debió reconocer públicamente que, en efecto, se obtuvieron “7 mil 851 tarjetas de prepago con saldos que suman unos 66 millones 326 mil 300 pesos, ‘destinados al financiamiento de la estructura y organización’ de las elecciones del 1 de julio, a través de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V.”.2

 

¿Y qué se puede decir si fuera cierto lo de Claudia Ruiz Massieu como Secretaria de Turismo? ¿De veras esté el horno como para esos bollos? ¿No hay un poquito de pudor, aunque sea?

 

Lo que quiero decir es que esta película ya la vi. Entre las viejas y las nuevas “caras”, pareciera que este es el mismo PRI de siempre, el de los De  la Madrid, de los Salinas, de los Zedillo. Lo que sigue es esperar cuántas de las promesas de campaña efectivamente se cumplen y cuánto dura la “Luna de Miel” entre los integrantes del nuevo equipo, antes de calentar motores rumbo a las elecciones del 2018. Tan mal están las cosas que habrá que cifrar nuestras esperanzas en las elecciones de ese año.

 

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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