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El imperio de «El Chapo» Guzman

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La red criminal que construyó Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera está integrada por 288 empresas y 230 operadores claves en 10 países de América y en España, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La noche de este sábado la Comisión Nacional de Seguridad informó de la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán del penal del Altiplano.

Desde 2007 a la fecha Estados Unidos —a través del Departamento del Tesoro— ha identificado el imperio financiero y las redes operativas que construyó  Guzmán Loera y sus socios en 10 países del continente y España.

Son 288 empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero de su emporio de drogas, donde lo mismo una boutique o aerolíneas, inmobiliarias, mineras, gasolineras y hasta la crianza de avestruces han servido a este objetivo, en una red criminal en la que se han identificado a 230 operadores clave, entre los que están familiares de los jefes del narcotráfico, pero también líderes de seis cárteles extranjeros y su gente, que son sus aliados.

Tras la captura de El Chapo, el gobierno de Estados Unidos enfiló baterías contra otros líderes del cártel: Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael El Mayo Zambada, a quienes coloca al mismo nivel que el capo en la estructura de mando de la organización, en la que también aparece como un operador con su propia célula, Rafael Caro Quintero, libre desde agosto de 2013.

Un reporte difundido ayer por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro da cuenta de la empresa criminal que forjó Guzmán Loera.

En 2007 se detectó una primera célula de su socio El Mayo Zambada, que dejó en claro que también se trata de un negocio familiar, ya que entre los 12 operadores identificados están su esposa Rosario Niebla Cardosa y seis de sus hijos, entre ellos Jesús Vicente Zambada Niebla —ahora sujeto a proceso en Estados Unidos—; esta red opera seis empresas, entre ellas la lechería Santa Mónica, un negocio de arte y hasta una estancia infantil en Sinaloa.

También se descubrieron las presuntas actividades al servicio del cártel de Víctor Emilio Cázares Salazar, con 23 operadores más y 19 negocios —inmobiliarias, comercializadoras y restaurantes— distribuidas en Jalisco, Sinaloa y Tijuana, Baja California. De hecho, los giros comerciales de cada grupo son variados, lo mismo hay arrendadoras, centros comerciales, casas de empeño, un parque acuático y hasta el Autódromo de Culiacán Race Park pertenecía a estas redes.

Para 2009 las investigaciones del gobierno estadounidense condujeron a los nexos internacionales, con la red de Agustín Reyes Garza, un presunto lavador con negocios en Jalisco, pero también en Bogotá, Colombia: el Criadero las Cabañas y Agropecuaria la Cruz.

Al año siguiente se descubrió al grupo del empresario Alejandro Flores Cacho que manejaba 19 compañías, una de ellas en Colombia y el resto en el Distrito Federal, Morelos, Estado de México y Chihuahua, entre ellas tres empresas aeronáuticas y el Club Deportivo Ojos Negros de Baja California.

En la estructura del cártel también hay una red especializada en el tráfico de precursores químicos con 16 empresas en Puebla, Jalisco y el Distrito Federal, entre ellas Geofarma y Distribuidora Médica Hospitalaria, además de una distribuidora en Panamá.

En 2010 la OFAC también incluyó en su lista de narcotraficantes a más familiares de los líderes del cártel como Jesús Reynaldo El Rey Zambada García, hermano de El Mayo ya detenido; así como a la ex esposa y los hijos de El Chapo: María Alejandrina Salazar Hernández; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López

Mientras que en la célula de El Azul se incluyó entre sus 17 operadores más importantes a su esposa María Guadalupe Gastélum Payán y sus hijos Juan Ignacio, Cristian Iván, Nadia Patricia y Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum a cargo de 12 empresas.

También en su grupo está identificado el empresario mexicano-colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, con 11 empresas en ambos países, señalado como quien dota de cocaína al cártel, pero cuenta con negocios fachada como la crianza de avestruces y caballos en México, casas de empeño en Guadalajara, así como el Hotel Paraíso Resort en Colombia.

La célula de Caro Quintero también ocupa un lugar con 37 empresas en Jalisco y Sinaloa, entre ellas la Hacienda Las Limas, inmobiliarias, estaciones de gasolina y hasta una con razón social Minerales Nueva Generación.

Los aliados en el extranjero

En Colombia el socio de El Chapo y su organización es el cártel de Jorge Milton Cifuentes Villa, con 34 operadores visibles y 54 empresas que articulan una red financiera al servicio del narcotráfico. Destacan una empresa internacional de servicios financieros con filiales en el Distrito Federal; Miami, Florida y Madrid España; Panamá y Bogotá, Colombia. Además de la Línea Aérea Pueblos Amazónicos, de Bogotá y Líneas Aéreas Lincandisa en Quito, Ecuador.

También en la relación de la OFAC aparecen fundaciones filantrópicas como Salva la Selva y Bienestar para el Porvenir, la Compañía Metalúrgica Extractiva de Colombia, o Genética del Sur en Uruguay.

En Guatemala los aliados son el cártel que lidera Marllory Dadiana Chacón Rossell, una mujer que controla 28 empresas en ese país, con ramificaciones en Panamá, como haciendas, boutiques, importadoras e inmobiliarias; en esa nación también trabaja con El Chapo el cártel de los Lorenzana —que encabeza Waldemar Lorenzana Lima—, que puso a su servicio ocho empresas constructoras, negocios de bienes raíces y una exportadora.

En Belice, el socio es John Ángel Zabaneh y su cártel, que opera cinco empresas turísticas y de químicos. Mientras que en Honduras, el cártel de José Miguel Chepe Handal Pérez trabaja con la organización mexicana a través de siete compañías como “El Rancho La Herradura” y tiendas de autopartes; en ese mismo territorio también hay una alianza con el cártel de Los Cachiros, que lideran los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Madariaga, que lavan activos en cinco empresas como una minera, una ganadería, en inversiones turísticas y una inmobiliaria.

Fuente: El Universal

México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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