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Opinión

El nuevo pacto de EU y México: ¿Socios a la fuerza? Por Caleb Ordóñez T.

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En política internacional pocas cosas pesan tanto como la relación entre México y Estados Unidos. A lo largo de la historia, cada acuerdo ha sido un espejo de los tiempos: desde la Iniciativa Mérida, que en su momento fue vista como una extensión del poder estadounidense, hasta los choques por migración y aranceles bajo la era Trump. Hoy, sin embargo, con la firma del nuevo acuerdo de seguridad, el tablero se mueve hacia un horizonte inesperado: cooperación con respeto a la soberanía.

Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordoñez T.

Este pacto, anunciado con bombo y platillo en ambos países, establece que México y Estados Unidos trabajarán juntos en temas de seguridad a través de intercambio de información, capacitación mutua y operaciones espejo en la frontera. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando haya reportes de tráfico de armas en un lado, el otro responderá de inmediato. Que agentes mexicanos podrán formarse en EE.UU., y al mismo tiempo oficiales norteamericanos aprenderán protocolos como el Plan DN-III y el Plan Marina. Todo bajo una regla de oro: no habrá tropas extranjeras operando en México.

Los números hablan. El acuerdo no surge de la nada, sino como resultado de una cooperación que ya está mostrando cifras llamativas. En apenas ocho meses, los encuentros migratorios en la frontera norte se han reducido hasta en un 93 %. La extradición de 55 líderes criminales ha sido interpretada como una señal clara de voluntad mexicana para enfrentar al crimen organizado. Y mientras el fentanilo sigue siendo el gran enemigo común, se presume una caída del 50 % en decomisos, lo que sugiere mayor control en la cadena de producción y tráfico. Además, en México los crímenes de alto impacto han bajado un 32 %, lo que fortalece el argumento de que la estrategia está funcionando.

Estos datos son un arma política en sí misma. Para el gobierno mexicano representan legitimidad frente a las críticas internas que cuestionan su capacidad de enfrentar a los cárteles. Para Washington son municiones de campaña, pues muestran resultados tangibles en el tema que más preocupa al electorado estadounidense: la frontera.

La narrativa de Rubio y la sombra de Trump

En medio de este escenario llegó Marco Rubio, ahora secretario de Estado estadounidense, con un discurso de cooperación que contrasta —aunque no del todo— con el tono beligerante de Donald Trump. Rubio declaró que “no hay ningún gobierno que coopere más que México”, una frase que sirve tanto de halago como de advertencia: cualquier retroceso podría ser leído como traición.

Trump, por su parte, ha insistido en narrativas duras: catalogar a los cárteles como terroristas, justificar ataques unilaterales en terceros países y hablar de militarización de la frontera como si se tratara de la única salida. Esa línea de pensamiento, aunque radical, aún resuena en sectores del electorado y mantiene la tensión latente.

La visita de Rubio buscó, entre otras cosas, suavizar esa retórica. Presentó la relación bilateral como una asociación estratégica, más que como un pleito de poder. Sin embargo, el fantasma de Trump ronda inevitablemente: cualquier incidente grave podría reavivar la tentación intervencionista de Washington.

Una nueva relación: socios, no subordinados. El punto central de este acuerdo, y lo que lo diferencia de otros intentos fallidos, es que México logró blindar su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al subrayar que no habrá operaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta es una línea roja que busca calmar las aguas internas —donde la narrativa de injerencia suele encender pasiones— y al mismo tiempo establece un marco de confianza con EE.UU.

Lo que veremos de ahora en adelante es una relación menos vertical. México ya no aparece como el socio débil que simplemente acepta instrucciones; se sienta en la mesa como aliado que pone condiciones. Estados Unidos, urgido por la crisis del fentanilo y la presión migratoria, parece haber aceptado este esquema.

A mediano plazo, este modelo puede abrir la puerta a algo más grande: cooperación en inteligencia financiera, tecnología de vigilancia y hasta campañas binacionales de salud pública contra las drogas. Si funciona, se convertirá en una especie de “Plan de Seguridad del Siglo XXI”, una evolución natural tras el desgaste de la Iniciativa Mérida.

El gran desafío será sostener la confianza. Las operaciones espejo, las capacitaciones cruzadas y el intercambio de información requieren un nivel de transparencia inédito entre ambos países. Bastará una filtración, un operativo mal coordinado o una narrativa electoral incendiaria para poner todo en riesgo.

Hoy, México y Estados Unidos parecen haber encontrado un punto medio entre la obsesión de Washington por la seguridad y la insistencia mexicana en la soberanía. Si logran mantener ese equilibrio, este acuerdo podría ser recordado como el inicio de una nueva era bilateral: una donde, por fin, se actúa como socios y no como vecinos desconfiados.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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