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Opinión

El nuevo pacto de EU y México: ¿Socios a la fuerza? Por Caleb Ordóñez T.

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En política internacional pocas cosas pesan tanto como la relación entre México y Estados Unidos. A lo largo de la historia, cada acuerdo ha sido un espejo de los tiempos: desde la Iniciativa Mérida, que en su momento fue vista como una extensión del poder estadounidense, hasta los choques por migración y aranceles bajo la era Trump. Hoy, sin embargo, con la firma del nuevo acuerdo de seguridad, el tablero se mueve hacia un horizonte inesperado: cooperación con respeto a la soberanía.

Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordoñez T.

Este pacto, anunciado con bombo y platillo en ambos países, establece que México y Estados Unidos trabajarán juntos en temas de seguridad a través de intercambio de información, capacitación mutua y operaciones espejo en la frontera. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando haya reportes de tráfico de armas en un lado, el otro responderá de inmediato. Que agentes mexicanos podrán formarse en EE.UU., y al mismo tiempo oficiales norteamericanos aprenderán protocolos como el Plan DN-III y el Plan Marina. Todo bajo una regla de oro: no habrá tropas extranjeras operando en México.

Los números hablan. El acuerdo no surge de la nada, sino como resultado de una cooperación que ya está mostrando cifras llamativas. En apenas ocho meses, los encuentros migratorios en la frontera norte se han reducido hasta en un 93 %. La extradición de 55 líderes criminales ha sido interpretada como una señal clara de voluntad mexicana para enfrentar al crimen organizado. Y mientras el fentanilo sigue siendo el gran enemigo común, se presume una caída del 50 % en decomisos, lo que sugiere mayor control en la cadena de producción y tráfico. Además, en México los crímenes de alto impacto han bajado un 32 %, lo que fortalece el argumento de que la estrategia está funcionando.

Estos datos son un arma política en sí misma. Para el gobierno mexicano representan legitimidad frente a las críticas internas que cuestionan su capacidad de enfrentar a los cárteles. Para Washington son municiones de campaña, pues muestran resultados tangibles en el tema que más preocupa al electorado estadounidense: la frontera.

La narrativa de Rubio y la sombra de Trump

En medio de este escenario llegó Marco Rubio, ahora secretario de Estado estadounidense, con un discurso de cooperación que contrasta —aunque no del todo— con el tono beligerante de Donald Trump. Rubio declaró que “no hay ningún gobierno que coopere más que México”, una frase que sirve tanto de halago como de advertencia: cualquier retroceso podría ser leído como traición.

Trump, por su parte, ha insistido en narrativas duras: catalogar a los cárteles como terroristas, justificar ataques unilaterales en terceros países y hablar de militarización de la frontera como si se tratara de la única salida. Esa línea de pensamiento, aunque radical, aún resuena en sectores del electorado y mantiene la tensión latente.

La visita de Rubio buscó, entre otras cosas, suavizar esa retórica. Presentó la relación bilateral como una asociación estratégica, más que como un pleito de poder. Sin embargo, el fantasma de Trump ronda inevitablemente: cualquier incidente grave podría reavivar la tentación intervencionista de Washington.

Una nueva relación: socios, no subordinados. El punto central de este acuerdo, y lo que lo diferencia de otros intentos fallidos, es que México logró blindar su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al subrayar que no habrá operaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta es una línea roja que busca calmar las aguas internas —donde la narrativa de injerencia suele encender pasiones— y al mismo tiempo establece un marco de confianza con EE.UU.

Lo que veremos de ahora en adelante es una relación menos vertical. México ya no aparece como el socio débil que simplemente acepta instrucciones; se sienta en la mesa como aliado que pone condiciones. Estados Unidos, urgido por la crisis del fentanilo y la presión migratoria, parece haber aceptado este esquema.

A mediano plazo, este modelo puede abrir la puerta a algo más grande: cooperación en inteligencia financiera, tecnología de vigilancia y hasta campañas binacionales de salud pública contra las drogas. Si funciona, se convertirá en una especie de “Plan de Seguridad del Siglo XXI”, una evolución natural tras el desgaste de la Iniciativa Mérida.

El gran desafío será sostener la confianza. Las operaciones espejo, las capacitaciones cruzadas y el intercambio de información requieren un nivel de transparencia inédito entre ambos países. Bastará una filtración, un operativo mal coordinado o una narrativa electoral incendiaria para poner todo en riesgo.

Hoy, México y Estados Unidos parecen haber encontrado un punto medio entre la obsesión de Washington por la seguridad y la insistencia mexicana en la soberanía. Si logran mantener ese equilibrio, este acuerdo podría ser recordado como el inicio de una nueva era bilateral: una donde, por fin, se actúa como socios y no como vecinos desconfiados.

Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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