EL PODER JUDICIAL, DESTRUIDO POR EL AUTORITARISMO

Por: Víctor M. Quintana S.

No es López Obrador, son los gobiernos priístas  quienes mandan al diablo a  las instituciones. La transición a la democracia está atorada en México porque en lugar de destituir el autoritarismo, es el autoritarismo quien destruye las instituciones democráticas. Los caprichos y desplantes del gobernador César Duarte han sumido a Chihuahua en la más grave crisis institucional de que se tenga memoria. No sólo se trata del total sometimiento de los poderes al Jefe del Ejecutivo del Estado, sino de la abyección, la pérdida de toda legitimidad, del más espantoso ridículo que sufre lo que era el Poder Judicial del Estado.

El martes 5,  el Supremo Tribunal de Justicia se vio como el escudo de los Habsburgo: con dos cabezas. Un presidente con licencia que dice ya la cumplió y reclama la presidencia con todo y oficina; y otro presidente en funciones que no se quiere levantar de la silla. Ambos originarios de Parral, paisanos y  en su momento, designados por César Duarte con la connivencia, o más bien, obediencia del pleno del Supremo Tribunal y del Congreso del Estado.

La sumisión del Poder Judicial al Gobernador Duarte es cosa ya sabida,  pero los hechos más recientes lo que demuestran es una voluntad de aniquilar este poder, de exhibirlo como un títere del Ejecutivo. El 8 de diciembre pasado, el entonces presidente del TSJ, Miguel Salcido Romero pidió licencia de su cargo por haber sido designado Secretario de Educación por el Gobernador. En su lugar fue “electo” por el pleno el magistrado Gabriel Sepúlveda. Hay que aclarar que tanto éste como otro diputado priísta de la anterior legislatura, más otros once, entre ellos dos apoyados por Acción Nacional en el Congreso, entraron con calzador y al vapor al ser retirados “voluntariamente” trece magistrados no hace ni dos años por designios del Palacio de Gobierno.

La caída de Salcido de la Presidencia del Judicial a la Secretaría de Educación y Cultura fue interpretada como una represalia del gobernador, por no haber aquel aceptado recibir la obra de la recién inaugurada Ciudad Judicial (“la más grande de Latinoamérica”, whatever that means). Obra que superó en mucho el presupuesto inicial, se entregó con bastante retraso y presenta serias fallas y vicios en su construcción.

Salcido no se resignó y el martes 5 estalló una resonada –aunque efímera- rebelión contra quien lo suplió en el TSJ. En conferencia de prensa manifestó que dejaba la Secretaría de Educación y Cultura y volvía a la presidencia pues así se lo había pedido el pleno de los magistrados, ante las graves deficiencias y retrasos mostradas en la conducción del Poder Judicial, y  declaró: “La prioridad es restablecer el orden de poder judicial y restablecer una administración racional trasparente con un uso apegado a derecho de los recursos públicos a partir de hoy”.

Sin embargo, el presidente en funciones no cedió e incluso mandó personal de seguridad para evitar el ingreso de Salcido a la flamante y ya muy achacosa Ciudad Judicial. Parecería que todo se precipitaba hacia un choque de trenes…pero la montaña gimiente sólo parió un ratón. El dócil pleno del Tribunal se reunió, ratificó a Sepúlveda como presidente hasta que termine el (eterno) sexenio y manifestó que Salcido regresaba pero sólo como magistrado. Poco después, Salcido acudió a  entrevistarse con Duarte y al finalizar ambos manifestaron su voluntad de solucionar el problema y  “fortalecer las instituciones”. Pero el sainete no tuvo el final feliz que se esperaba, pues el miércoles, Salcido declaró que renuncia al Poder Judicial y firmó su solicitud de jubilación en Pensiones Civiles del Estado. En menos de tres años, fue ascendido a la cima y  precipitado a la sima por los designios del gobernador. Lo peor es  que con el se derrumbó la poca credibilidad que restaba al Poder Judicial en Chihuahua

Todo esto se da en el contexto del arranque de la contienda por la gubernatura del estado. En la que ha quedado muy claro que Duarte impuso su aplanadora para imponer el pacto que le permita total impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, en el desastre financiero en que deja a Chihuahua y en la baja de la mayoría de los indicadores de desempeño del gobierno.

Lo malo es que todo esto no sólo sucede en Chihuahua.  La destrucción de las instituciones pilares de la democracia, la implantación de dictaduras regionales, el saqueo sistemático de los fondos públicos, es la estrategia que  Peña Nieto, el PRI y sus aliados están implementando para repetir el ciclo de impunidad, corrupción  y antidemocracia en el 2018. Ya es hora de pararlos.