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EL PODER JUDICIAL, DESTRUIDO POR EL AUTORITARISMO. por VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

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EL PODER JUDICIAL, DESTRUIDO POR EL AUTORITARISMO

Por: Víctor M. Quintana S.

No es López Obrador, son los gobiernos priístas  quienes mandan al diablo a  las instituciones. La transición a la democracia está atorada en México porque en lugar de destituir el autoritarismo, es el autoritarismo quien destruye las instituciones democráticas. Los caprichos y desplantes del gobernador César Duarte han sumido a Chihuahua en la más grave crisis institucional de que se tenga memoria. No sólo se trata del total sometimiento de los poderes al Jefe del Ejecutivo del Estado, sino de la abyección, la pérdida de toda legitimidad, del más espantoso ridículo que sufre lo que era el Poder Judicial del Estado.

El martes 5,  el Supremo Tribunal de Justicia se vio como el escudo de los Habsburgo: con dos cabezas. Un presidente con licencia que dice ya la cumplió y reclama la presidencia con todo y oficina; y otro presidente en funciones que no se quiere levantar de la silla. Ambos originarios de Parral, paisanos y  en su momento, designados por César Duarte con la connivencia, o más bien, obediencia del pleno del Supremo Tribunal y del Congreso del Estado.

La sumisión del Poder Judicial al Gobernador Duarte es cosa ya sabida,  pero los hechos más recientes lo que demuestran es una voluntad de aniquilar este poder, de exhibirlo como un títere del Ejecutivo. El 8 de diciembre pasado, el entonces presidente del TSJ, Miguel Salcido Romero pidió licencia de su cargo por haber sido designado Secretario de Educación por el Gobernador. En su lugar fue “electo” por el pleno el magistrado Gabriel Sepúlveda. Hay que aclarar que tanto éste como otro diputado priísta de la anterior legislatura, más otros once, entre ellos dos apoyados por Acción Nacional en el Congreso, entraron con calzador y al vapor al ser retirados “voluntariamente” trece magistrados no hace ni dos años por designios del Palacio de Gobierno.

La caída de Salcido de la Presidencia del Judicial a la Secretaría de Educación y Cultura fue interpretada como una represalia del gobernador, por no haber aquel aceptado recibir la obra de la recién inaugurada Ciudad Judicial (“la más grande de Latinoamérica”, whatever that means). Obra que superó en mucho el presupuesto inicial, se entregó con bastante retraso y presenta serias fallas y vicios en su construcción.

Salcido no se resignó y el martes 5 estalló una resonada –aunque efímera- rebelión contra quien lo suplió en el TSJ. En conferencia de prensa manifestó que dejaba la Secretaría de Educación y Cultura y volvía a la presidencia pues así se lo había pedido el pleno de los magistrados, ante las graves deficiencias y retrasos mostradas en la conducción del Poder Judicial, y  declaró: “La prioridad es restablecer el orden de poder judicial y restablecer una administración racional trasparente con un uso apegado a derecho de los recursos públicos a partir de hoy”.

Sin embargo, el presidente en funciones no cedió e incluso mandó personal de seguridad para evitar el ingreso de Salcido a la flamante y ya muy achacosa Ciudad Judicial. Parecería que todo se precipitaba hacia un choque de trenes…pero la montaña gimiente sólo parió un ratón. El dócil pleno del Tribunal se reunió, ratificó a Sepúlveda como presidente hasta que termine el (eterno) sexenio y manifestó que Salcido regresaba pero sólo como magistrado. Poco después, Salcido acudió a  entrevistarse con Duarte y al finalizar ambos manifestaron su voluntad de solucionar el problema y  “fortalecer las instituciones”. Pero el sainete no tuvo el final feliz que se esperaba, pues el miércoles, Salcido declaró que renuncia al Poder Judicial y firmó su solicitud de jubilación en Pensiones Civiles del Estado. En menos de tres años, fue ascendido a la cima y  precipitado a la sima por los designios del gobernador. Lo peor es  que con el se derrumbó la poca credibilidad que restaba al Poder Judicial en Chihuahua

Todo esto se da en el contexto del arranque de la contienda por la gubernatura del estado. En la que ha quedado muy claro que Duarte impuso su aplanadora para imponer el pacto que le permita total impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, en el desastre financiero en que deja a Chihuahua y en la baja de la mayoría de los indicadores de desempeño del gobierno.

Lo malo es que todo esto no sólo sucede en Chihuahua.  La destrucción de las instituciones pilares de la democracia, la implantación de dictaduras regionales, el saqueo sistemático de los fondos públicos, es la estrategia que  Peña Nieto, el PRI y sus aliados están implementando para repetir el ciclo de impunidad, corrupción  y antidemocracia en el 2018. Ya es hora de pararlos.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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