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Opinión

EL “VOTO ÚTIL” DE MANUEL ESPINO Y EL “TONTO INÚTIL” DE VICENTE FOX Por Luis Villegas

Sí, sí, ya lo sé, se suponía que tengo una entrega pendiente, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. MAYO DE 2012. 3ª DE III PARTES, y el compromiso de escribir sobre un libro, “México 2012. Desafíos de la consolidación”.1 Sí, de veras que sí lo entiendo, pero resulta que soy veleta. Y no lo soy porque yo quiera, no señor, lo soy porque como cualquier escritor que se respete, aunque nada más tenga dos o tres lectores, en mi caso no pasan de  28 -según dicen (y mi mamá no cuenta porque es fan obligada)-, el asunto es que me han emplazado, so pena de dejar de leerme (¡gulp!), a que escriba sobre el asunto del “voto útil” que promueve Manuel Espino. Me imagino que la razón es obvia, le están pidiendo a un ex-panista (yo), que opine respecto de lo que otro ex-panista, Manuel, propone, a fin de que el ciudadano promedio le dé sentido a su voto.

 

Es difícil; yo no puedo evitar sentir simpatía por Manuel Espino. Muchas cosas se decían de él previo a su arribo al CEN del PAN -muy pocas buenas, por cierto-; y en los hechos resultó que, a la hora de la hora, se descamisó porque Felipe Calderón llegara a la Presidencia de México. Yo no sé si me veo ingenuo, pero no lo creo. Yo fui testigo de cómo Manuel, y luego Fox, metieron las manos hasta los codos para que Felipe Calderón llegara a ser Presidente de la República. Así que, con todos sus “prietitos”, lo cierto es que Manuel estuvo a la altura de lo que se esperaba de él como líder del PAN nacional. Ya luego, distanciado del poder por el poder mismo -quiero decir con esto que el “poder” (quisiera pedirle al lector que reparara en la sutil metáfora que equipara al “poder”, así como sustantivo, con la Presidencia de la República)-, es decir, a partir de que Felipe Calderón distanció de sí a quien, en los hechos, fue el segundo artífice de su triunfo (el primero fue Fox), era natural el resentimiento de Manuel; y ahí hubiera quedado, pienso yo, de no ser porque el “poder” se empeño en hacer talco a su otrora benefactor a partir de que este, en legítimo ejercicio de su derecho a la libre expresión, empezó a escribir un montón de cosas respecto a los yerros y fallos del “poder”. No, pos así no.

 

Quiero decir que el “poder”, en todo momento, en vez de perseguir a sus críticos (por muy benefactores que fueran), tuvo expedita la vía de dejar de hacer tarugadas como medio de evitar el improperio, la diatriba, la mofa o el escarnio o de hacer caso omiso a sus autores. Como sea, en el caso concreto, resulta que el “poder”, como las reatas (“R e a t a s”, no “ratas”), se rompió por lo más delgado y decidió correr a Manuel Espino de las filas del PAN. Oiga, usté, el niño es risueño y le hacen cosquillas…

 

Ya puestos, yo no creo, ni por mucho, que Manuel haya sido el peor Presidente de ese instituto político. Comparado con sus sucesores, de los tres, Germán, César y Gustavo, no se hace un medio Manuel. Por eso yo no puedo evitar sentir simpatía por Manuel Espino.

 

Pero de ahí a que Manuel salga con que el “voto útil” debe ser a favor de Enrique Peña Nieto (a) “El Bombón”, media un mundo de diferencia.

 

En la jerga electoral, el llamado “voto útil” tiene distintas connotaciones; para Arturo Sarukhán -embajador de México en los Estados Unidos-, es un voto ponderado, racional, desprovisto de partidismo, por el bien de la República y de un Estado “plural, tolerante, justo, democrático y laico”; para Javier Lozano, abogado, catedrático de la Escuela Libre de Derecho e identificado con el PAN, es “el que se destina a un candidato realmente competitivo ante el desplome del que originalmente era de tu preferencia”; en tanto que el perredista Jesús Ortega nos dice sobre el voto que, lo primero, es no anularlo; y lo segundo, utilizarlo para que “gane quien garantiza cambio con democracia y prosperidad para todas y todos”;2 en tanto que la diputada priísta por el Estado de Hidalgo, Paula Hernández, nos dice de él que es el que por derecho y obligación se ejerce por algún partido. Para el especialista Imer B. Flores, en cambio, existen muchos tipos de voto útil: El de control, voto plural, voto crítico, etc.3

 

Para mí, el voto útil es el voto racional. Es el que se emite al margen de preferencias personales.

 

El llamado de Manuel Espino es una trampa; no puede ser voto útil el que se emite a favor del puntero; ese sería un voto de conveniencia; un voto como el que promueven Manuel Espino o, para el caso, Vicente Fox, es un voto convenenciero que, para colmo, se emite sobre la base de fobias personalísimas en contra de uno de los aspirantes; ninguno de los dos son personajes que puedan, en la especie, ser considerados “imparciales” u “objetivos”; los dos padecen del mismo mal: Una animadversión personal que nubla su juicio y confunde su entendimiento de tal suerte que, en este trance, no es posible tomar con seriedad su dicho.

 

El voto útil es un llamado a la inteligencia del elector para que vote por la mejor opción, a su juicio, cuando todas las demás alternativas (incluida la de sus preferencias personales) ya no son viables, como sería el caso de Josefina Vázquez Mota y de Gabriel Quadri, quienes en esta etapa del proceso ya no tienen la menor posibilidad de llegar.

 

El “voto útil” es todo lo opuesto a aquello que nos proponen ambos personajes pues, como queda dicho, es un voto que se emite atendiendo a la razón, no a la facción; al entendimiento, no a la animadversión; al cálculo, no al arrebato; a la reflexión, no a la pasión. En suma, “voto útil” es aquel que se emite por la convicción que genera la necesidad de un cambio auténtico de rumbo y no aquel que se alimenta de una animadversión cultivada durante años.

 

Difícil decisión la de los panistas de esta hora, quienes deberán debatirse entre seguir la línea institucional del Partido a favor de una candidata y una candidatura que hace aguas por todos lados, hacerse eco del llamado de estos ex–líderes blanquiazules o hacer uso de sus propias facultades intelectuales para decidir lo mejor para México. El tiempo dirá de qué están hechos.

 

 Montes.

[email protected], [email protected]

 

1 Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Pedro Salazar (Coords.) (2012): “México 2012. Desafíos de la consolidación”. Tirant Lo Blanch. México.

2 Visible en el sitio: http://www.votoutil.mx/definiciones/index.html

3 FLORES MENDOZA, Imer Benjamín (2011): “El problema del ‘voto nulo’ y del ‘voto en blanco’. A propósito del derecho a votar (vis-à-vis libertad de expresión) y del movimiento anulacionista” en Elecciones 2012: En busca de equidad y legalidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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