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México

Elecciones 2021: la narcopolítica mostró todo su poder con más de 80 asesinatos

Las históricas elecciones mexicanas del 6 de junio, donde se pondrá a prueba el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son también las más violentas de la historia reciente con más de 230 asesinatos vinculados a la política, pese al plan de protección prometido por el mandatario.

Desde que comenzó el proceso electoral el 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha documentado más de 780 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018.

“Sin duda, en términos globales, esta elección será la más violenta desde el año 2000”, manifiesta Rubén Salazar, director de Etellekt.

La consultora contabiliza 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

(Foto: EFE)(Foto: EFE)

Casi el 90% de los ataques corresponden al ámbito local y 75% de los fallecidos eran opositores al gobierno de su estado, detalla Salazar.

Gran parte de los asesinatos -el 44 %- han sido de la alianza opositora “Va por México”, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Sí es una expresión ya no solo de narcopolítica de nuestro país, sino de un verdadero Estado criminal que está presente en los tres niveles de gobierno, no solo en el municipal, en el estatal también y en el federal”, asegura Salazar.

Una de las aspirantes que ha obtenido protección es Lía Limón, candidata de la alianza opositora “Va por México” a la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, donde denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Ha sido un ataque constante del cual hemos dado parte a las autoridades, como ha sucedido en otros estados, hay un número nunca antes visto de candidatos que han perdido la vida, no es un solo caso, por lo tanto ya basta”, comenta Limón en entrevista con Efe.

RÉCORDS DE VIOLENCIA

Friends mourn during the wake of mayoral candidate Alma Barragan in Moroleon, Mexico, Wednesday, May 26, 2021. Barragan was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleon, in violence-plagued Guanajuato state. (AP Photo/Armando Solis)Friends mourn during the wake of mayoral candidate Alma Barragan in Moroleon, Mexico, Wednesday, May 26, 2021. Barragan was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleon, in violence-plagued Guanajuato state. (AP Photo/Armando Solis)

La elección ocurre después de los dos años más violentos en la historia de México con 34,681 asesinatos en 2019 y 34,554 en 2020.

Por ello, la candidata Limón considera que la violencia política es parte de una tendencia general de inseguridad que ha alcanzado a la capital.

“En todas las colonias, en todas las calles, la gente expresa estar harta de la inseguridad, vivir con miedo y estar hartos de vivir con miedo y en malas condiciones, por eso es un tema prioritario para atender”, manifiesta.

La oposición también ha advertido de que López Obrador y su partido atacan la legitimidad del autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) para desacreditar y judicializar las contiendas que pierdan, como Álvaro Obregón.

“Lo he vivido en carne propia y me parece lamentable, yo sí creo en la democracia, sí creo en la necesidad de cuidar nuestras instituciones democráticas, sí creo en que puede haber diversidad de opiniones y de postura”, dice Limón.

SIN DISTINCIÓN

Limón es una de las aspirantes que ha solicitado protección y denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). (Foto: EFE)Limón es una de las aspirantes que ha solicitado protección y denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). (Foto: EFE)

Pese al ensañamiento con la oposición, Etellekt también cuenta que el 29% de los asesinados han sido aspirantes de Morena o aliados.

La policía también ha protegido a políticos como Juan Antonio Magaña, candidato del oficialista Partido Verde a gobernador de Michoacán, donde un grupo no identificado incendió su camioneta.

“No importa de qué instituto político sea la víctima, hechos como estos no solamente empañan el proceso electoral, sino también nos dejan muy mal parados en la seguridad, en la imagen que tenemos de México en el extranjero, pareciera que aquí es tierra de nadie”, afirma Magaña.

Pese a la agresión, ha sido el único candidato en entrar a Aguililla, uno de los municipios más violentos por la guerra de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Nueva Familia Michoacana.

“Pareciera, si lo vemos a bote pronto, que solamente los del Partido Verde aquí en Michoacán, hemos recibido algún tipo de agravio de esta naturaleza, pero eso nos sirve para seguir adelante, para animarnos”, insiste.

Los ataques suceden pese al plan de protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que no atendió la solicitud de Efe para detallar lo conseguido por la estrategia.

Helden de Paz, consultora internacional de seguridad, ve positivo que por primera vez exista un plan, pero opina que “desafortunadamente está fracasando”.

“No veo indicadores que nos digan que en el próximo ciclo electoral ya no vamos a enfrentarnos a este tipo de problemáticas, estamos empezando a normalizar la violencia en cada elección. Ya no es sorpresa que maten a otro candidato”, lamenta.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 93.5 millones están llamados a renovar los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernaciones estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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