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Elevan a ocho mil 500 los muertos por represión en Siria

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Cerca de ocho mil 500 personas, la mayoría civiles, han muerto en Siria desde que inició hace casi un año la represión contra la revuelta popular en contra del presidente Bashar al-Assad, anunció hoy el Observatorio Sirio de Derechos humanos (OSDH).

Entre las ocho mil 458 víctimas mortales figuran seis mil 195 civiles, mil 835 soldados y policías, así como 428 soldados desertores que se unieron a los opositores, explicó Rami Abdel Rahman, jefe del OSDH, con sede en Londres.

Además, más de 25 mil refugiados están registrados por las Naciones Unidas en los países vecinos de Siria y entre 100 mil y 200 mil personas se han visto desplazadas en el interior del país.

A finales de febrero pasado, el secretario general adjunto de las naciones Unidas, Lynn Pascoe, había estimado en más de siete mil 500 la cifra de muertos en Siria debido a la represión y bombardeos de las tropas leales al régimen sirio, en particular contra la ciudad de Homs.

La situación humanitaria es cada vez más preocupante en Siria, donde las organizaciones humanitarias siguen sin tener acceso a las ciudades devastadas por los bombardeos.

Este miércoles, la directora de las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Valerie Amos, llegó a Siria para intentar que personal humanitario tenga acceso a las ciudades bombardeadas, en especial en Homs.

Tras permanecer bloqueado durante seis días, un convoy de ayuda de la Media Luna Roja ha logrado este miércoles entrar en el barrio de Bab Amro, en Homs, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Arabe, Kofi Annan, también llegará el próximo sábado a Siria para lograr el acceso humanitario a las zonas afectadas y promover una salida pacífica a la crisis siria mediante el apoyo de las partes implicadas en el conflicto.

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Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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