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México

Ella es Andrea Vélez, la mujer que reclutaba modelos para «El Chapo» Guzmán

Una de las mayores obsesiones del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán eran las mujeres, debido a su elevado número de amantes y esposas con las cuales compartió distintas facetas de su vida.

Sin embargo, algunas mujeres fueron asesinadas y otras fueron usadas contra su voluntad a manos del capo sinaloense, y a muchas de sus relaciones las espiaba mediante tecnología de última generación a través de la escucha de sus conversaciones.

Andrea Vélez Fernández fue la siniestra asistente que trabajó para El Chapo, con la finalidad de seducir a funcionarios y altos mandos del Ejército Mexicano.

Este martes, en el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, quien fuera persona de confianza de El Chapo, relató que su asistente Andrea Vélez dirigía una agencia de modelaje en la Ciudad de México.

Sin embargo, el establecimiento era una fachada, pues las edecanes eran en realidad damas de compañía que pertenecían a una red de prostitución del Cártel de Sinaloa.

Según detalló Cifuentes, la tarea de las mujeres no era entretener a los miembros de la organización de El Chapo, sino que estaban dedicadas a seducir a funcionarios vinculados con el narcotráfico.

Alex Cifuetes declaró que El Chapo estaba interesado en complacer al militar debido a que este había emprendido una cacería en su contra, sobre todo después de 2008, cuando autoridades mexicanas y estadounidenses lo comenzaron a asediar.

“Ella introduciría a las amigas al general en fiestas privadas”, dijo el capo colombiano, sin mencionar la identidad del militar. El trato consistía en entregar mujeres a dicho líder de la milicia y ofrecerle 10 millones de dólares “para dejar en paz” al cártel, el uniformado no accedió.

Cifuentes señaló que el militar odiaba demasiado a Guzmán Loera para aceptar su soborno, pero El Chapo acusó a Andrea Vélez de mentir y ordenó asesinarla, aunque nunca logró cumplir su cometido.

De acuerdo con el testimonio de un agente del FBI, Andrea Vélez empezó a colaborar de forma secreta con las autoridades estadounidenses en 2012 y fue trasladada a Estados Unidos tras recibir una amenaza de muerte.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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