Chihuahua
Emite CNDH documento en donde responsabiliza a Quezada y funcionarios por accidente en Aeroshow
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades de Chihuahua por violaciones a las garantías de las 9 víctimas mortales del accidente de la troca monstruo en el Aero Show 2013 y responsabilizó de las mismas al ex alcalde Marco Adán Quezada, al ex subdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona y al ex jefe de la Unidad de Protección Civil, Guillermo Olivas, así como otros 4 ex funcionarios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades de Chihuahua por violaciones a las garantías de las 9 víctimas mortales del accidente de la troca monstruo en el Aero Show 2013 y responsabilizó de las mismas al ex alcalde Marco Adán Quezada, al ex subdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona y al ex jefe de la Unidad de Protección Civil, Guillermo Olivas, así como otros 4 ex funcionarios.
En la recomendación 12/2014 del organismo nacional, dirigida al gobernador César Duarte y otras autoridades locales, se identifican 8 autoridades responsables de violaciones en agravio de las víctimas mortales, 90 heridos y sus familiares, por la tragedia ocurrida el pasado 5 de octubre de 2013, cuando se realizaba el festival aéreo.
La recomendación se derivó de una queja de oficio iniciada por la CNDH dos días después de los hechos y en ésta se determina que se violaron los derechos a la protección, a la seguridad jurídica y la legalidad por parte de las autoridades que identifica como «AR» en el documento oficial.
La omisión es atribuida además al ex coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil, José Manuel Domínguez, al ex secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez García, al ex tesorero municipal, Ildefonso Sepúlveda y al ex director de Desarrollo Comercial y Turístico, Alfonso Prieto.
En el documento, entregado al Gobierno del Estado de Chihuahua, la CNDH señala que existen hechos irregulares como la transferencia de recursos públicos mediante un convenio sin la licitación correspondiente que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Obra Pública del Estado, por lo que no existe sustento jurídico para dicha acción que realizó la Presidencia Municipal durante la administración pasada, a fin de que una organización particular se encargara del espectáculo. La empresa contratada a la que se le trasfirieron recursos públicos, indica, no fue supervisada por la autoridad ni se constató que tuviera la capacidad suficiente para la realización del evento.
Especifica que el alcalde entonces, tenía la representación del gobierno municipal para dicho convenio mediante el que se entregaron recursos del erario a un organismo privado, además de que era el responsable del otorgamiento de permisos para la realización de los espectáculos. Agrega, en el mismo caso del ex presidente municipal, que por su autoridad fue quien obligó al ayuntamiento a transferir los recursos públicos a la agrupación, sin mediar los procedimientos legales a los que deben ceñirse las autoridades.
Asienta además que la autoridad municipal en todos sus niveles, desde la encargada de la Protección Civil hasta la responsable de los espectáculos, como Gobernación, tiene la facultad de cancelar el evento al no existir medidas de seguridad adecuadas, lo que no cumplió, omisión que derivó en los hechos ocurridos.
Por diferentes omisiones que corresponden a las diversas áreas que cada uno tenía a su cargo, la CNDH pide al Gobierno del Estado de Chihuahua que inicie acciones mediante el Ministerio Público para sancionar las conductas de los funcionarios involucrados, en la organización del Extremo Aero Show 2013 y la posterior atención al accidente ocurrido cuando el chofer de la troca monstruo, Francisco Velázquez Samaniego, perdió el control del vehículo y pasó por encima de los espectadores del denominado «Demolition Show».
Al ser dirigida la recomendación a las diversas autoridades locales, éstas tienen la oportunidad de aceptarlas o rechazarlas, brindando los argumentos del porqué de su decisión, pero hasta la fecha no hay respuesta del Gobierno del Estado, pues tiene 15 días hábiles para responder de acuerdo con el mismo documento, que en unas horas hará público la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En los argumentos de la recomendación se exponen los hechos, ocurridos el 5 de octubre de 2013, cuando el vehículo del espectáculo se dirigió accidentalmente a un área donde se encontraba el público, lugar que no era resguardado por vallas ni otras medidas de contención.
En los hechos fallecieron 9 personas, las cuales son identificadas como «V», víctimas, además de resultar heridas otras 90, que fueron atendidas en diversos hospitales de la ciudad.
Por esos hechos, actualmente se encuentra detenido el chofer de la troca monstruo, Francisco Velázquez, además de que se encuentran sometidas a proceso penal otras personas, dos encargados de Protección Civil, el empresario responsable del «Demolition Show» y el representante de la agrupación Espectáculos Extremos de Chihuahua, Felipe Valdez.
Fuente: El Heraldo de Chihuahua.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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