En su calidad de legislador presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y líder de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota Jiménez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, una de oro y otra de plata, con valores nominativos de 100 y 20 pesos, respectivamente.

Lo anterior, como parte de las celebraciones durante todo este año, que están a cargo del diputado federal José Antonio Rojo García de Alba, en su calidad de presidente del Comité Nacional para los Festejos del Centenario de la Promulgación de la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915 realizada en el gobierno de don Venustiano Carranza y que fue el detonante para la distribución de más de la mitad del territorio mexicano, a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades rurales.

En su exposición de motivos, el senador y dirigente de la Confederación Nacional Campesina, precisó que la Ley Agraria de 1915 fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias que dieron origen a la Revolución Mexicana.

Sus principales consignas convertidas en norma, fueron: la justa repartición de la tierra mediante el expolio de las haciendas, y “la tierra es de quien la trabaja”, que años antes había prohijado Emiliano Zapata en el Plan de Ayala, promulgado en 1911.

La base para la redacción a cargo del abogado Luis Cabrera, en ese tiempo secretario de Hacienda, de lo que constituyó el primer documento jurídico en materia agraria radicalmente avanzado para su época, rompió con esquemas antiguos de la clasificación doctrinaria del derecho público y privado, como lo fue el derecho social.

El apartado de los derechos sociales fue consagrado en la Constitución de 1917, promulgada por el Congreso Constituyente durante el gobierno de Carranza en febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro.

La Revolución Mexicana, que estalló en 1910 encabezada por Francisco I. Madero, marcó el inicio de una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública por una mejor distribución de la tierra. Esta acción sentó las bases para lo que después tomó forma a través de la más reconocida de las consignas de esa revolución: “la tierra es de quien la trabaja”.

Fue Francisco I Madero el primero que estampó en un documento revolucionario, como lo fue el Plan de San Luis, no sólo para convocar al pueblo de México a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, sino además el propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos.

Ya en 1911, ante las dificultades que enfrentaba el gobierno maderista, encontramos en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, un documento renovador de la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.

Asimismo, el Plan de Guadalupe propuesto por Venustiano Carranza, cuyo objetivo era contrarrestar la pretensión de Victoriano Huerta para legitimarse, fue determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al encontrar el respaldo de las principales figuras revolucionarias como Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata.

Todos estos documentos son claros antecedentes que hicieron posible que se expidiera la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

Gracias a esta Ley y a través de sus cien años de vigencia, hoy en día existen casi 32 mil núcleos agrarios con alrededor de 100 millones de hectáreas –la mitad del territorio nacional–formados por campesinos, comuneros, ejidatarios y propietarios rurales quienes contribuyen día con día al sustento alimenticio de la población del país y, con su esfuerzo y trabajo, son factores fundamentales para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero del país.