Ciudad de México.– Edgar Amador Zamora, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, trabajó en Vector Casa de Bolsa, institución financiera recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en esquemas de lavado de dinero vinculados a cárteles del narcotráfico mexicanos.

La trayectoria de Amador Zamora en Vector fue destacada públicamente por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de marzo en la red social X, como parte de su perfil profesional tras ser nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sustitución de Rogelio Ramírez de la O.

Vector Casa de Bolsa también ha sido relacionada con el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. Según el Registro Público de Comercio, Romo figura como accionista fundador de Vector, además de haber sido su consultor y presidente honorario de Vector Empresas.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la prohibición de transacciones financieras con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las identificó como entidades implicadas en el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico y en la facilitación de pagos para adquirir precursores químicos destinados a la producción de fentanilo.

Ante el señalamiento, la Secretaría de Hacienda respondió con un comunicado en el que afirma no contar con información que vincule a estas instituciones financieras con actividades ilícitas. La dependencia indicó que ha solicitado formalmente al gobierno estadounidense pruebas que sustenten las acusaciones, sin que hasta ahora haya recibido documentación.

“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, advirtió la dependencia.

Por su parte, Vector aseguró en días recientes que las operaciones señaladas fueron realizadas con “empresas legalmente constituidas”, y defendió la legalidad de sus actividades, sin emitir comentarios específicos sobre las sanciones impuestas.

Las acusaciones del gobierno estadounidense y la vinculación indirecta del actual secretario de Hacienda con una de las entidades implicadas abren un nuevo frente de escrutinio sobre los vínculos entre el sistema financiero mexicano y las redes del crimen organizado, justo cuando el nuevo gobierno federal busca enviar señales de confianza a los mercados e inversionistas internacionales.