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México

En riesgo gasto de seguridad

Los recortes que el gobierno prepara para 2016 pondrán en jaque la viabilidad y continuidad de 62 proyectos de inversión vinculados con temas de seguridad, a los cuales ya se les había asignado un presupuesto estimado antes de la caída de los precios del petróleo y otros factores que han mermado las finanzas públicas.

Dichos proyectos, según había calculado el gobierno antes de la crisis, tendrían un flujo de recursos que superaría los 15 mil 300 millones de pesos y comprenden desde la adquisición y renta de aeronaves, hasta la construcción de buques, la compra de insumos para actividades operativas y de inteligencia, y la ampliación de centros penitenciarios.

Esta asignación virtual de recursos para 2016 fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 diseñado por la Secretaría de Hacienda y aprobado el año pasado, sin embargo como la misma dependencia ya adelantó, las nuevas circunstancias obligarán a partir de un presupuesto base cero. El documento de los precriterios presupuestales enviados por Hacienda al Congreso advierte que la administración pública federal realizará una reingeniería integral que abarcará la estructura programática y calendario de ejecución de proyectos.

Se revisó los proyectos de inversión relacionados con temas de seguridad. En el rubro de Defensa Nacional se tenían estimados poco más de 7 mil millones de pesos para 16 acciones en 2016; en Marina son seis mil 442 millones para 36 programas; Gobernación tenía previstos mil 701 millones en siete proyectos y la PGR 89 millones para otros tres pendientes.

Los recortes que se tienen previstos para el próximo año no sólo alcanzarán a los proyectos de inversión sino también al gasto corriente. Se tiene previsto, según el informe enviado por Hacienda a los Diputados, reducciones de 200 millones de pesos en servicios de inteligencia y de 140 millones de pesos en subsidios de seguridad para estados o municipios.

ADIÓS A FLOTAS

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina esperaban poder desembolsar el próximo año centenares de millones de pesos destinados a fortalecer sus flotas aéreas, terrestres y marítimas. La mayoría de dichas adquisiciones está inscrita o proyectada en contratos multianuales.

Una de las inversiones más importantes proyectadas es la adquisición de nuevos vehículos tipo Humvee todoterreno multipropósito, para lo cual se tenía pensada una inversión de más de mil 300 millones de pesos en 2016. La intención del Ejército Mexicano es renovar anualmente la flota de Humvees con los que cuenta y que ya cumplieron su vida útil. Por lo menos el próximo año pretendía comprar 500 de estos vehículos al fabricante en los Estados Unidos.

Otra inversión importante es la renta de seis helicópteros de fabricación europea EC 725 Súper Cougar, por los cuales se debería pagar casi 430 millones de pesos el año que viene. El Ejército utiliza este tipo de aeronaves para transporte de personal y para operaciones de alto impacto, sobre todo de fuerzas especiales.

La Fuerza Aérea Mexicana también esperaba otra aeronave de transporte militar C-295 de fabricación española, las cuales son utilizadas para sustituir a los grandes pero viejos modelos Hércules y Antonov, además de varias aeronaves pequeñas y helicópteros para trabajos de entrenamiento y capacitación. Para una mejor vigilancia aérea, el Ejército tenía pronosticado desembolsar casi 365 millones de pesos en el arrendamiento de cuatro radares tridimensionales de largo alcance, así como nuevos equipos de comunicaciones, logística y demás que se incorporaría al llamado Sistema de Administración del Espacio Aéreo.

La Armada de México esperaba contar por su parte con por lo menos 646 millones de pesos en 2016 para impulsar la construcción de cuatro buques de vigilancia oceánica con una capacidad de desplazamiento de mil 680 toneladas y los cuales cuentan, cada uno, con su propia patrulla interceptora y helicóptero. Además se tenía previsto gastar 211 millones en embarcaciones de alta velocidad y 453 millones en patrullas costeras.

Varias de estas embarcaciones ya se encuentran en desarrollo, pero se requiere del financiamiento estimado para continuar con su manufactura. La Armada también tenía pronosticadas inversiones relacionadas con actividades de seguridad nacional e interior, por ejemplo 128 millones de pesos para sistemas de vigilancia marítima, de tres millones de pesos para la construcción de un campo de entrenamiento de tiro virtual.

SIN HOSPITALES, NI CERESOS
No todas las inversiones que se tenían programadas eran para naves y coches. La Armada, por ejemplo, tenía programada como su inversión más fuerte para 2016 la construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, el cual contaría con 70 camas, dos quirófanos, 26 consultorios y otros servicios generales.
Además se preveía invertir en un nuevo centro oncológico de casi dos mil metros cuadrados anexo al actual Hospital General Naval de Alta Especializada en la Ciudad de México, así como un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III, también anexo al mismo complejo hospitalario.
Todo lo anterior requeriría un flujo económico superior a los mil millones de pesos según las estimaciones que hizo la Secretaría de Hacienda antes de que se anunciaran los recortes y reorganización del presupuesto para el próximo año.

En tanto, para combatir el problema de la sobrepoblación penitenciaria, Gobernación preveía desembolsar en 2016 más de 600 millones de pesos para la construcción, ampliación y adecuación de un nuevo módulo integral en el centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Cuatro Noroeste.

Hasta ahora el gobierno federal no ha detallado la cancelación oficial de ninguno de estos programas de inversión, sin embargo, la cantidad de recursos que realmente reciban o incluso su posible reprogramación se conocerán en el proyecto de presupuesto que Hacienda mande al Congreso en septiembre.
‘Presupuesto requiere reingeniería’

Para 2016, México requiere un paquete económico audaz e inteligente, pero, sobre todo, con una reingeniería precisa en la cual deberá trabajar el gobierno federal y la Cámara de Diputados, señaló Lourdes Medina Valdés, integrante de la Comisión de Hacienda quien añadió que, a partir de la próxima semana se analizarán los precriterios que envió la Secretaría de Hacienda para el proyecto del siguiente año.

La legisladora dijo que a partir de la propuesta de recortar 130 mil millones de pesos para 2016, se deberá conformar un plan económico con el cual subsanar la falta de recursos.

«Los pre-criterios de la Secretaría de Hacienda fueron turnados ya a la Comisión de Hacienda a la que pertenezco y, en el momento en el que se convoque a reunión, comenzaremos el análisis del preproyecto que nos hizo llegar el Gobierno federal el cual ya contiene elementos de preocupación como la propuesta de recorte equivalente a 130 mil millones de pesos en donde rubros como el de seguridad no son trastocados, pero sí varios proyectos sociales», explicó la diputada por Quintana Roo. El recorte equivale a un 4.2 por ciento del PIB.
Proyectos onerosos

Estos son algunos proyectos costosos.
? Adquisición de equipos y materiales para operaciones tácticas (Sedena) con dos mil 489 millones de pesos.
? Compra de vehículos Humvee todoterreno (Sedena) se requieren mil 305 millones de pesos.
? Construcción hospital Naval Segundo Nivel (Semar) se requieren 912 millones de pesos.
? Expansión del Cefereso 4 Noroeste se requieren 602 millones de pesos.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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