México

En riesgo gasto de seguridad

Los recortes que el gobierno prepara para 2016 pondrán en jaque la viabilidad y continuidad de 62 proyectos de inversión vinculados con temas de seguridad, a los cuales ya se les había asignado un presupuesto estimado antes de la caída de los precios del petróleo y otros factores que han mermado las finanzas públicas.

Dichos proyectos, según había calculado el gobierno antes de la crisis, tendrían un flujo de recursos que superaría los 15 mil 300 millones de pesos y comprenden desde la adquisición y renta de aeronaves, hasta la construcción de buques, la compra de insumos para actividades operativas y de inteligencia, y la ampliación de centros penitenciarios.

Esta asignación virtual de recursos para 2016 fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 diseñado por la Secretaría de Hacienda y aprobado el año pasado, sin embargo como la misma dependencia ya adelantó, las nuevas circunstancias obligarán a partir de un presupuesto base cero. El documento de los precriterios presupuestales enviados por Hacienda al Congreso advierte que la administración pública federal realizará una reingeniería integral que abarcará la estructura programática y calendario de ejecución de proyectos.

Se revisó los proyectos de inversión relacionados con temas de seguridad. En el rubro de Defensa Nacional se tenían estimados poco más de 7 mil millones de pesos para 16 acciones en 2016; en Marina son seis mil 442 millones para 36 programas; Gobernación tenía previstos mil 701 millones en siete proyectos y la PGR 89 millones para otros tres pendientes.

Los recortes que se tienen previstos para el próximo año no sólo alcanzarán a los proyectos de inversión sino también al gasto corriente. Se tiene previsto, según el informe enviado por Hacienda a los Diputados, reducciones de 200 millones de pesos en servicios de inteligencia y de 140 millones de pesos en subsidios de seguridad para estados o municipios.

ADIÓS A FLOTAS

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina esperaban poder desembolsar el próximo año centenares de millones de pesos destinados a fortalecer sus flotas aéreas, terrestres y marítimas. La mayoría de dichas adquisiciones está inscrita o proyectada en contratos multianuales.

Una de las inversiones más importantes proyectadas es la adquisición de nuevos vehículos tipo Humvee todoterreno multipropósito, para lo cual se tenía pensada una inversión de más de mil 300 millones de pesos en 2016. La intención del Ejército Mexicano es renovar anualmente la flota de Humvees con los que cuenta y que ya cumplieron su vida útil. Por lo menos el próximo año pretendía comprar 500 de estos vehículos al fabricante en los Estados Unidos.

Otra inversión importante es la renta de seis helicópteros de fabricación europea EC 725 Súper Cougar, por los cuales se debería pagar casi 430 millones de pesos el año que viene. El Ejército utiliza este tipo de aeronaves para transporte de personal y para operaciones de alto impacto, sobre todo de fuerzas especiales.

La Fuerza Aérea Mexicana también esperaba otra aeronave de transporte militar C-295 de fabricación española, las cuales son utilizadas para sustituir a los grandes pero viejos modelos Hércules y Antonov, además de varias aeronaves pequeñas y helicópteros para trabajos de entrenamiento y capacitación. Para una mejor vigilancia aérea, el Ejército tenía pronosticado desembolsar casi 365 millones de pesos en el arrendamiento de cuatro radares tridimensionales de largo alcance, así como nuevos equipos de comunicaciones, logística y demás que se incorporaría al llamado Sistema de Administración del Espacio Aéreo.

La Armada de México esperaba contar por su parte con por lo menos 646 millones de pesos en 2016 para impulsar la construcción de cuatro buques de vigilancia oceánica con una capacidad de desplazamiento de mil 680 toneladas y los cuales cuentan, cada uno, con su propia patrulla interceptora y helicóptero. Además se tenía previsto gastar 211 millones en embarcaciones de alta velocidad y 453 millones en patrullas costeras.

Varias de estas embarcaciones ya se encuentran en desarrollo, pero se requiere del financiamiento estimado para continuar con su manufactura. La Armada también tenía pronosticadas inversiones relacionadas con actividades de seguridad nacional e interior, por ejemplo 128 millones de pesos para sistemas de vigilancia marítima, de tres millones de pesos para la construcción de un campo de entrenamiento de tiro virtual.

SIN HOSPITALES, NI CERESOS
No todas las inversiones que se tenían programadas eran para naves y coches. La Armada, por ejemplo, tenía programada como su inversión más fuerte para 2016 la construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, el cual contaría con 70 camas, dos quirófanos, 26 consultorios y otros servicios generales.
Además se preveía invertir en un nuevo centro oncológico de casi dos mil metros cuadrados anexo al actual Hospital General Naval de Alta Especializada en la Ciudad de México, así como un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III, también anexo al mismo complejo hospitalario.
Todo lo anterior requeriría un flujo económico superior a los mil millones de pesos según las estimaciones que hizo la Secretaría de Hacienda antes de que se anunciaran los recortes y reorganización del presupuesto para el próximo año.

En tanto, para combatir el problema de la sobrepoblación penitenciaria, Gobernación preveía desembolsar en 2016 más de 600 millones de pesos para la construcción, ampliación y adecuación de un nuevo módulo integral en el centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Cuatro Noroeste.

Hasta ahora el gobierno federal no ha detallado la cancelación oficial de ninguno de estos programas de inversión, sin embargo, la cantidad de recursos que realmente reciban o incluso su posible reprogramación se conocerán en el proyecto de presupuesto que Hacienda mande al Congreso en septiembre.
‘Presupuesto requiere reingeniería’

Para 2016, México requiere un paquete económico audaz e inteligente, pero, sobre todo, con una reingeniería precisa en la cual deberá trabajar el gobierno federal y la Cámara de Diputados, señaló Lourdes Medina Valdés, integrante de la Comisión de Hacienda quien añadió que, a partir de la próxima semana se analizarán los precriterios que envió la Secretaría de Hacienda para el proyecto del siguiente año.

La legisladora dijo que a partir de la propuesta de recortar 130 mil millones de pesos para 2016, se deberá conformar un plan económico con el cual subsanar la falta de recursos.

«Los pre-criterios de la Secretaría de Hacienda fueron turnados ya a la Comisión de Hacienda a la que pertenezco y, en el momento en el que se convoque a reunión, comenzaremos el análisis del preproyecto que nos hizo llegar el Gobierno federal el cual ya contiene elementos de preocupación como la propuesta de recorte equivalente a 130 mil millones de pesos en donde rubros como el de seguridad no son trastocados, pero sí varios proyectos sociales», explicó la diputada por Quintana Roo. El recorte equivale a un 4.2 por ciento del PIB.
Proyectos onerosos

Estos son algunos proyectos costosos.
? Adquisición de equipos y materiales para operaciones tácticas (Sedena) con dos mil 489 millones de pesos.
? Compra de vehículos Humvee todoterreno (Sedena) se requieren mil 305 millones de pesos.
? Construcción hospital Naval Segundo Nivel (Semar) se requieren 912 millones de pesos.
? Expansión del Cefereso 4 Noroeste se requieren 602 millones de pesos.

México

Detesta Sheinbaum el regreso de Rocha a Sinaloa

El regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, tras 112 días de licencia, ha calado en las entrañas del partido en el poder. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como Morena y una veintena de gobernadores emanados de la autonombrada Cuarta Transformación, han querido desmarcarse de la decisión de quien hoy está acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya, argumentan en el oficialismo, ha vuelto a su cargo de forma unilateral, en una decisión no consultada.

La agrupación guinda encabezada por Ariadna Montiel ha asegurado, en un escueto mensaje, que no fue informada previamente, que “se deslinda de esta decisión” y, coincidiendo con la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, aclara que la reincorporación de Rocha Moya responde a una determinación personal del mandatario sinaloense.

La reacción de los otros gobiernos estatales ha ido más lejos. Han recordado al gobernador que “ninguna decisión personal está por encima del mandato ciudadano ni del proyecto colectivo”. No han necesitado pedirle expresamente que solicite una nueva licencia. Después de cerrar filas con Sheinbaum, el mensaje ha sido inequívoco: “Hacemos un llamado a Rubén Rocha Moya a la madurez y a la responsabilidad”. El pronunciamiento confirma que el regreso de Rocha no cuenta con el respaldo político de la estructura territorial de Morena.

Con todo, la reacción del oficialismo ha llegado con retraso: cinco horas después de que Rocha Moya anunciara su regreso e incluso acudiera a la sede gubernamental. El mensaje de la dirigencia morenista ha sido replicado textualmente por algunas figuras de la agrupación guinda, como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, mientras los senadores del bloque han dicho que serán respetuosos de los tiempos y de las indagatorias de las autoridades.

Otras figuras también han elevado el tono. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha sugerido a Rocha reconsiderar su decisión y retomar la licencia hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones, bajo el argumento de que así se evitaría que este episodio sirva a la oposición “para dañar la imagen de la presidenta”.

No ha sido el único. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena y cercano a la mandataria, también se ha salido del guion y ha recalcado que el regreso de Rocha es una muestra de que el fuero constitucional —que protege al gobernador de ser procesado penalmente— debe desaparecer. “El fuero es una vergüenza nacional. Es una protección injustificada y arbitraria que genera impunidad y degrada la representación popular”, ha lanzado.

La Secretaría de Gobernación también ha aclarado que la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con los 10 funcionarios y exfuncionarios en la mira de Estados Unidos, incluido Rocha. Y ha reiterado que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado con insistencia a Washington las pruebas que sustenten los señalamientos. Hasta ahora, no han llegado.

Sin embargo, la mandataria no ha emitido pronunciamiento alguno. El regreso de Rocha ha coincidido con un resfriado que ha impedido a Sheinbaum encabezar su conferencia matutina este viernes. “Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo”, publicó la presidenta en su cuenta de X horas antes de que el gobernador anunciara su regreso.

Rocha, entretanto, ha construido su retorno sobre la idea de que, después de la presunta investigación de la Fiscalía mexicana, no existen elementos que acrediten su participación en un delito. En su mensaje, aseguró que es “ajeno e inocente” respecto de las acusaciones y que vuelve para cumplir su encargo hasta octubre de 2027.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos señala a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios cercanos a él, incluido el senador Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. El gobernador se ha limitado a negar las imputaciones.

Antes de que el oficialismo saliera a plantar cara, las críticas de la oposición cayeron como avalancha. El PAN condenó la decisión de Rocha Moya. Jorge Romero, dirigente del partido albiazul, desconoció al Gobierno de Sinaloa y reiteró su petición de declarar la desaparición de poderes en el estado, una facultad del Senado mexicano, mientras legisladores panistas, del PRI y de Movimiento Ciudadano calificaron el regreso como un símbolo de impunidad. La senadora Lilly Téllez habló de un país sometido por un “narcopartido”.

El PRI endureció todavía más el tono. El dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno, acusó al gobernador de ser un político protegido por Morena y sostuvo que su regreso evidencia la política de impunidad que ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Desde Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez calificó el hecho como un día de “vergüenza nacional” y cuestionó el mensaje que el Gobierno envía con este retorno. “No se aclararon las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que emitió una orden de extradición del gobernador de Sinaloa. Sin verdad y sin justicia, solo queda impunidad”, dijo en un video publicado en sus redes.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido de reciente creación Somos México, atribuyó el regreso a una decisión del Gobierno y aseguró que existe un pacto de impunidad.

El anuncio de Rocha ha llegado, además, a atizar el fuego político en Sinaloa, que se extiende a todo el país. La detención de Fausto Corrales volvió a poner bajo los reflectores el episodio del 25 de julio de 2024, cuando fue asesinado el exdiputado federal Héctor Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión sostenida por la FGR a raíz de una carta atribuida al capo. Corrales es considerado un testigo clave de ese capítulo.

Aun así, Rocha vuelve ahora al Palacio de Gobierno, carente del respaldo de la presidenta, de su partido y de sus correligionarios. Mientras tanto, se reactivan un puñado de preguntas: ¿cuánto ha avanzado la investigación de la Fiscalía mexicana? ¿Qué pruebas tiene Estados Unidos contra Rocha Moya?

Con todo esto en el aire, el gobernador vuelve a la primera línea y retoma su cargo en el ojo del huracán.