Opinión
En San Luis Potosí, la misma incongruencia que en el país Por Aquiles Córdova Morán
Los antorchistas potosinos, igual que los de Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur (ante las sedes de sus respectivos gobiernos), llevan varios días acampados frente al despacho del Dr. Fernando Toranzo Fernández en demanda de soluciones a varias y añejas necesidades de algunos de los grupos más pobres de la entidad. Y exactamente igual que en los otros estados citados, la protesta no es gratuita ni nació de la falta de paciencia, racionalidad y respeto a las vías institucionales para encauzar este tipo de demandas, sino del hecho cierto y comprobable de que han agotado todos los plazos, todas las instancias, todos los argumentos y toda la modestia y paciencia que cabe en estos casos, sin que nadie les haya dado, hasta hoy, ni siquiera una explicación comedida.
Pero las autoridades agazapadas tras la indiferencia, ahora que finalmente los pobres de San Luis han decidido hacer pública su inconformidad, se muestran ofendidas e irritadas por ello y responden, igual que en los estados enumerados, con una guerra de desprestigio e intimidación en vez de soluciones. Para la campaña de desprestigio, han puesto en movimiento a sus gorilas de la pluma que, desde las páginas de algunos medios escritos (o desde las cabinas de ciertos noticiarios de radio y estudios de televisión), han comenzado a disparar lodo siguiendo la muy vista “estrategia” de no manejar argumentos coherentes ni hechos comprobables, sino sólo repetir, una y otra vez, la misma acusación sin sustento, escueta y sin adornos, hasta fijarla con fuego en la mente del público: los “antorchos” son “chantajistas” y “extorsionadores”, sus protestas son un “chantaje” contra el débil e indefenso gobierno para forzarlo a conceder sus “abusivas” e “injustificadas” peticiones. Aplican, pues, la conocida receta de Goebbels, el jefe nazi de la propaganda de Hitler: “una mentira repetida mil veces, acaba por convertirse en verdad”.
La guerrita intimidatoria, por su parte, tampoco se distingue por su sutileza o su novedad. Primero se apersonó un jefe policíaco en las oficinas del Comité Estatal Antorchista, con la encomienda de “explicarle” a los dirigentes que el plantón causa molestias a la población, ensucia el centro histórico y contamina visual y auditivamente. Conclusión salomónica: deben levantarlo a la mayor brevedad. Enseguida, frente al plantón y a pocos metros de la gente, se montó un alarde policíaco con cientos de hombres blindados con cascos, escudos y máscaras y armados de todas armas, lo que les daba un aspecto realmente espantable. La gente comenzó a aglutinarse, atraída por tan inusual despliegue de fuerza armada, preguntándose si por acaso no habría estallado la tercera guerra mundial sin que se diera cuenta. La tercera medida, la más inesperada por absurda, fueron las tronantes declaraciones de una señora diputada, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, incitando al gobierno a “no tener miedo” y reprimir con mano dura a los antorchistas, puesto que éstos causan diversos daños a la ciudad y a la población sin ninguna causa ni motivo. Y remató su “brillante” faena con este capotazo: ellos tienen derecho a manifestarse, pero sin atropellar derechos de terceros.
Visto todo esto a la luz de la sana razón, no tiene coherencia ni valor alguno; es basura mediática y rastrerismo político de la más baja especie. En efecto, no se puede llamar “chantaje” a la protesta pública, del tipo que sea, sin responder antes una cuestión obvia: ¿por qué, entonces, ese “chantaje” está estatuido y amparado por la Constitución General de la República? ¿Es acaso nuestra Carta fundamental un documento redactado por delincuentes para proteger a delincuentes? Y en caso de que así fuera, ¿por qué se ataca a quienes la ejercen y se deja intocada la fuente del mal? ¿Por qué no se exige la derogación de los artículos octavo y noveno constitucionales y se constriñen a denigrar a quienes se amparan en ellos? Sobre el supuesto de que la protesta pública es un “chantaje”, es decir, un delito, se pide represión y cárcel para los antorchistas; pero si, en términos generales, delincuente es quien viola la ley, entonces los delincuentes no son los antorchistas que se amparan en ella, sino quienes la violan flagrantemente negando de facto el derecho a la protesta pública y desconociendo su obligación de atender y resolver las peticiones justas y legítimas de los gobernados. Delincuentes son, pues, los funcionarios morosos y los medios venales que les hacen coro.
¿Y qué diremos de la señora diputada, un miembro del Honorable Poder Legislativo cuya responsabilidad esencial es hacer las leyes y procurar su recto y justo cumplimiento? ¿Conoce esa señora la Constitución; sabe de qué está hablando? Si no la conoce ¿qué hace en el poder legislativo? Y si la conoce, ¿cómo se atreve a pisotear de modo tan indigno, y por simple servilismo rastrero, la ley fundamental de los mexicanos que ella es la más obligada a cumplir? ¿Y qué decir de esa muletilla absurda y desgastada de respetar el derecho de manifestación pública “pero siempre que no afecte derechos de terceros”? ¿No se da cuenta la diputada que está repitiendo un evidente y vulgar sofisma, que sólo pueden dar por bueno los retrasados mentales? Derecho de manifestación, sí, dice ella, pero sin obstaculizar el tránsito de nadie, sin hacer ruido, sin contaminar visualmente ni dar mal aspecto al centro histórico. No cuelguen mantas ni carteles ni griten consigna alguna. En resumen: “jueguen al toro, pero sentaditos”. ¿Por qué no organiza ella una manifestación así, para demostrarnos cómo se logra semejante milagro?
Todo esto es así, como dije, visto como ejercicio de la sana inteligencia. Pero desde el ángulo social la cosa es mucho más seria, pues tanto lo que pasa en San Luis Potosí como en Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa o Baja California Sur, es un síntoma alarmante de la misma causa de fondo: una visión reaccionaria y antipopular del quehacer político que no registra, o le importa un bledo, la terrible pobreza y desigualdad en que se debaten las mayorías trabajadoras del país y, que, en consecuencia, ni cree necesario hacer algo para paliar el problema, ni tampoco está dispuesta a respetar el derecho de las víctimas a defenderse de modo organizado y ejerciendo sus derechos constitucionales. Pero si la lógica política y la experiencia histórica no mienten, éste es el coctel explosivo más eficaz y seguro para detonar un conflicto social de grandes proporciones, que ya asoma las orejas, por cierto, en los conflictos poselectorales que todos sabemos. Dr. Toranzo, señores gobernadores de Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur: su desazón por las protestas antorchistas tiene un remedio fácil y bueno para todos: apliquen una pequeña dosis de justicia social y de una política de más altura y resuelvan. La patria se los agradecerá.
La política mexicana tiene algo de cantina vieja: todos juran lealtad eterna hasta que llega la cuenta. Entonces miran hacia otro lado, piden otro tequila y fingen que nunca conocieron al que está pagando solo. Lo que está ocurriendo con Rubén Rocha Moya no es una excepción. Es el manual.
Caleb Ordoñez
Hace apenas unos meses, desde Palacio Nacional y desde las tribunas de Morena, cuestionar a Rocha equivalía casi a traicionar a la patria. Había indignación cuidadosamente producida, discursos patrióticos de estudio, llamados encendidos a no «subordinarse» a Estados Unidos. Había quienes aseguraban que todo era una operación mediática contra la Cuarta Transformación. Que el gobernador de Sinaloa era víctima, no protagonista.
Y luego llegó el silencio.
A Rocha no lo abandonaron con un comunicado. Lo abandonaron cuando nadie lo volvió a mencionar. Y en política, el silencio es la forma más cobarde de traicionar.
Como lo habíamos previsto en otra columna de #ZonaLibre, desaparecieron las defensas efusivas. Se evaporaron los grandes operadores del movimiento que antes salían a poner el pecho. Nadie dijo «con Rubén hasta el final» porque nadie quería terminar hasta el final con Rubén. Morena entendió algo brutalmente sencillo: defenderlo empezaba a costar más de lo que ayudaba. Y en política, cuando algo empieza a costar, se abandona. No con drama. Con enmudecimiento. Con ausencia. Con el arte fino de ya no contestar el teléfono.
El problema es que los silencios también hablan. Y este gritaba.
Porque una cosa es blindar políticamente a un gobernador cuestionado. Eso ocurre todo el tiempo en México y nadie se escandaliza demasiado. Otra cosa muy distinta es convertirlo en bandera nacional cuando las acusaciones crecen, las presiones internacionales aumentan y el nombre de tu gobernador empieza a aparecer en conversaciones que no quieres tener. Ahí el cálculo cambia. Ahí el partido aprende a no pronunciar ciertos nombres en voz alta.
Rocha se convirtió en eso: en un nombre que Morena aprendió a no pronunciar. En el expediente que existe pero que nadie saca del cajón. En la llamada que se deja ir al buzón.
Y justo ahí, mientras Sinaloa se convertía en un pantano cada vez más incómodo, alguien dentro del partido tomó una decisión estratégica que parecía inteligente y terminó siendo un regalo envenenado para la oposición: mover la conversación hacia Chihuahua. Hacia la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos.
Rocha es el nombre que Morena aprendió a no pronunciar. Maru es el nombre que Morena no puede dejar de atacar. Esa diferencia lo dice todo.
La lógica era comprensible desde adentro: instalar la idea de que la gobernadora panista estaba permitiendo injerencia extranjera, golpearla narrativamente, convertir el debate chihuahuense en uno de soberanía nacional. En otras palabras: dejar de hablar de Rocha y empezar a hablar de Maru. Cambiar el canal. Controlar la sintonía.
Lo que no calcularon es que Chihuahua no es un canal que se cambia fácilmente.
La marcha que debía demostrar músculo terminó demostrando otra cosa. No necesariamente vacío numérico —las cifras en política siempre son disputadas— sino algo peor: la percepción de vacío. Y en política moderna, la percepción vale más que la matemática. Puedes juntar miles de personas y aun así parecer débil si la narrativa pública decide que esperaban más. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Comenzó a circular la idea del acarreo, de la presión territorial, de la movilización artificial. Nada nuevo bajo el sol político mexicano. El problema específico es que Chihuahua no reacciona igual que otros estados frente a esas cosas.
Hay entidades donde el acarreo ya forma parte del paisaje cotidiano, casi como el tráfico o el calor. Chihuahua históricamente se presume distinto. Más incómodo con el poder. Más frontal. Más rebelde. Más empresarial. Más bravo. Más norteño en el sentido político del término: una identidad construida sobre la desconfianza al centro, sobre la memoria de pleitos viejos, sobre el orgullo de haber tenido que resolver las cosas sin que nadie de la gran Tenochtitlán viniera a ayudar.
Morena cometió un error que no es de estrategia sino de lectura cultural. Y esos son los peores errores porque los más difíciles de corregir.
Cada vez que el centro intenta decirle al norte cómo debe sentirse, ocurre algo predecible: el norte decide sentir exactamente lo contrario.
En lugar de instalar la imagen de una gobernadora aislada y débil, le ayudaron a construir el personaje que más le conviene: la gobernadora que se pelea con el centro y no se rinde. La mujer que no se deja. La norteña que le dice no a la Ciudad de México. Ese personaje, en Chihuahua, tiene historia. Tiene resonancia. Tiene mercado electoral y es comúnmente apoyado y aplaudido.
Los errores y arrebatos internos
Y mientras todo eso ocurría afuera, adentro de Morena empezaron los jaloneos que siempre siguen a los eventos que salen mal. Porque cuando algo falla, en cualquier partido político del mundo, todos buscan culpables más rápido que soluciones. Es una ley tan constante como la gravedad.
Aparecieron las versiones de tensión entre Andrea Chávez y la presidenta nacional de Morena, la también chihuahuense Ariadna Montiel. Las acusaciones cruzadas sobre quién movilizó menos, quién prometió más gente, quién operó mal, quién llegó tarde, quién dejó solos a quiénes. La política mexicana es un teatro fascinante: pueden hablar horas sobre transformación histórica, revolución moral y pueblo noble, pero al final terminan peleándose por quién llenó menos camiones.
La acusada de acarreo, Andrea Chávez, ya vive una situación particularmente compleja. Tiene reflectores nacionales. Conecta con sectores jóvenes. Domina las redes sociales con naturalidad, algo que pocos políticos mexicanos han logrado. Tiene narrativa, tiene presencia, tiene la capacidad de convertir un momento en tendencia.
Pero dentro de Morena muchos la ven más como fenómeno mediático frágil que como estructura territorial real. Y esa distinción importa muchísimo cuando se aproxima una elección tan importante. Andrea viene arropada desde el Senado, específicamente de Adán Augusto Hernández y el exgobernador Javier Corral, algo que en Chihuahua no gusta nada.
En el norte, nadie gana con retuits. Se gana con estrategia en calle, con operadores, con gente que conoce cada colonia por su nombre.
Porque mientras todos se distraían peleando por la narrativa de la marcha, otro nombre comenzó a crecer de manera silenciosa y sostenida: Cruz Pérez Cuéllar. Con menos estridencia, con menos clips virales, pero con algo que en política tiene más peso específico que cualquier tendencia viral: estructura real, operación probada, conocimiento granular del territorio y —quizá lo más importante— la capacidad de hablarle a un electorado fronterizo y rural sin sonar como alguien enviado desde Insurgentes Sur a explicarle cómo vivir.
Ese perfil es la verdadera preocupación interna de Morena en Chihuahua (ganaría por más de 10 puntos según casi todas las encuestas) Y si Cruz termina siendo el candidato natural, muchas piezas del morenismo local quedarán desplazadas. Y cuando eso ocurre, las guerras internas no son posibilidad: son certeza.
Donde Andrea construye audiencia, Cruz construye mapa. Uno es el político que la gente comparte; el otro es el político que la gente lleva a votar. En una elección normal, ambos sirven. En Chihuahua, en 2027, solo uno de esos perfiles gana y eso lo sabe la presidenta.
La nueva adelita del PAN
Mientras tanto, Maru Campos ha tomado una decisión que sus adversarios siguen sin comprender del todo: polarizar deliberadamente. Elegir el conflicto como terreno. Pelearse con el centro no como accidente sino como cálculo y todo esto, en entrevistas realizadas en la misma CDMX.
Muchos analistas y operadores de Morena creen que enfrentarse abiertamente con Claudia Sheinbaum es suicida políticamente. Y en la mayoría de los estados probablemente tendrían razón. Pero Chihuahua no es la mayoría de los estados.
Chihuahua tiene memoria política larga. Tiene identidad fronteriza que no es folklore sino convicción. Tiene una relación históricamente complicada con el centralismo que viene de muy atrás, mucho antes de que existiera Morena o el PAN. Ahí el conflicto con el centro no erosiona necesariamente: a veces consolida. A veces convierte a una gobernadora en símbolo de resistencia regional. Y los símbolos de resistencia regional ganan elecciones en territorios que sienten que el centro los ignora o los utiliza.
Maru entendió algo que sus adversarios no: esta elección no se ganará con estadísticas de obras públicas ni con programas sociales bien presentados en PowerPoint. Se ganará emocionalmente. Se ganará en el terreno de la identidad. Se ganará en la pregunta que los chihuahuenses se hacen antes de entrar a la urna: ¿quién me representa? ¿Quién habla como yo? ¿Quién tiene claro que no somos una extensión de la Ciudad de México?
En México no gana quien tiene razón. Gana quien logra que ya nadie recuerde cuál era la pregunta original.
Aquí está entonces la paradoja que hace tan extraordinario este momento político.
Morena quiso usar Chihuahua para hacer olvidar a Sinaloa. Quiso mover la conversación nacional de Rocha a Maru. Quiso transformar un pantano en una oportunidad de narrativa soberanista. Y al intentarlo, hizo exactamente lo que no debía hacer: le dio a su adversaria el escenario que más le favorece, el villano que más necesitaba y el conflicto que mejor activa a su electorado.
Rocha es el expediente que nadie quiere defender demasiado fuerte porque defenderlo ya es perder algo.
Maru es el conflicto que todos quieren amplificar porque en Chihuahua el conflicto con el centro es capital político.
Uno se hunde en el silencio cómplice de quienes debían cuidarlo.
La otra flota sobre el ruido que sus adversarios generan sin querer.
Y en medio de todo esto, los chihuahuenses observan algo que ya empieza a parecer costumbre nacional: políticos peleándose furiosamente por controlar una narrativa mientras el resto del país intenta descifrar dónde termina la estrategia y dónde empieza la verdad. Si es que esa frontera todavía existe.
Morena quería apagar el incendio de Sinaloa con agua de Chihuahua. Lo que no vio es que Chihuahua ya tenía su propio fuego. Y ese fuego, avivado desde afuera, se vuelve más difícil de controlar.
Al final, la política mexicana contemporánea opera bajo una lógica que ya no tiene que ver con programas, propuestas ni verdades verificables. Tiene que ver con quién controla el momento. Con quién logra que la conversación cambie antes de que el incendio llegue a su puerta. Con quién convierte su problema en el problema del otro.
Rocha aprendió tarde que no alcanzó a hacer ese movimiento.
Maru parece haberlo aprendido a tiempo.
Y Morena, que tanto ha hablado de transformación, sigue repitiendo el error más viejo de la política mexicana: creer que el poder que se tiene hoy garantiza el poder que se necesitará mañana.
No garantiza nada. Nunca lo ha hecho.
La cantina sigue abierta. Rocha ya no aparece en la conversación (y le esperan sus peores días). Maru sigue en ella, más fortalecida de lo que imaginó. Y Morena, que quiso cambiar el canal, terminó transmitiendo exactamente lo que no quería.
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