Opinión

En San Luis Potosí, la misma incongruencia que en el país Por Aquiles Córdova Morán

Los antorchistas potosinos, igual que los de Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur (ante las sedes de sus respectivos gobiernos), llevan varios días acampados frente al despacho del Dr. Fernando Toranzo Fernández en demanda de soluciones a varias y añejas necesidades de algunos de los grupos más pobres de la entidad. Y exactamente igual que en los otros estados citados, la protesta no es gratuita ni nació de la falta de paciencia, racionalidad y respeto a las vías institucionales para encauzar este tipo de demandas, sino del hecho cierto y comprobable de que han agotado todos los plazos, todas las instancias, todos los argumentos y toda la modestia y paciencia que cabe en estos casos, sin que nadie les haya dado, hasta hoy, ni siquiera una explicación comedida.

Pero las autoridades agazapadas tras la indiferencia, ahora que finalmente los pobres de San Luis han decidido hacer pública su inconformidad, se muestran ofendidas e irritadas por ello y responden, igual que en los estados enumerados, con una guerra de desprestigio e intimidación en vez de soluciones. Para la campaña de desprestigio, han puesto en movimiento a sus gorilas de la pluma que, desde las páginas de algunos medios escritos (o desde las cabinas de ciertos noticiarios de radio y estudios de televisión), han comenzado a disparar lodo siguiendo la muy vista “estrategia” de no manejar argumentos coherentes ni hechos comprobables, sino sólo repetir, una y otra vez, la misma acusación sin sustento, escueta y sin adornos, hasta fijarla con fuego en la mente del público: los “antorchos” son “chantajistas” y “extorsionadores”, sus protestas son un “chantaje” contra el débil e indefenso gobierno para forzarlo a conceder sus “abusivas” e “injustificadas” peticiones. Aplican, pues, la conocida receta de Goebbels, el jefe nazi de la propaganda de Hitler: “una mentira repetida mil veces, acaba por convertirse en verdad”.

La guerrita intimidatoria, por su parte, tampoco se distingue por su sutileza o su novedad. Primero se apersonó un jefe policíaco en las oficinas del Comité Estatal Antorchista, con la encomienda de “explicarle” a los dirigentes que el plantón causa molestias a la población, ensucia el centro histórico y contamina visual y auditivamente. Conclusión salomónica: deben levantarlo a la mayor brevedad. Enseguida, frente al plantón y a pocos metros de la gente, se montó un alarde policíaco con cientos de hombres blindados con cascos, escudos y máscaras y armados de todas armas, lo que les daba un aspecto realmente espantable. La gente comenzó a aglutinarse, atraída por tan inusual despliegue de fuerza armada, preguntándose si por acaso no habría estallado la tercera guerra mundial sin que se diera cuenta. La tercera medida, la más inesperada por absurda, fueron las tronantes declaraciones de una señora diputada, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, incitando al gobierno a “no tener miedo” y reprimir con mano dura a los antorchistas, puesto que éstos causan diversos daños a la ciudad y a la población sin ninguna causa ni motivo. Y remató su “brillante” faena con este capotazo: ellos tienen derecho a manifestarse, pero sin atropellar derechos de terceros.

Visto todo esto a la luz de la sana razón, no tiene coherencia ni valor alguno; es basura mediática y rastrerismo político de la más baja especie. En efecto, no se puede llamar “chantaje” a la protesta pública, del tipo que sea, sin responder antes una cuestión obvia: ¿por qué, entonces, ese “chantaje” está estatuido y amparado por la Constitución General de la República? ¿Es acaso nuestra Carta fundamental un documento redactado por delincuentes para proteger a delincuentes? Y en caso de que así fuera, ¿por qué se ataca a quienes la ejercen y se deja intocada la fuente del mal? ¿Por qué no se exige la derogación de los artículos octavo y noveno constitucionales y se constriñen a denigrar a quienes se amparan en ellos? Sobre el supuesto de que la protesta pública es un “chantaje”, es decir, un delito, se pide represión y cárcel para los antorchistas; pero si, en términos generales, delincuente es quien viola la ley, entonces los delincuentes no son los antorchistas que se amparan en ella, sino quienes la violan flagrantemente negando de facto el derecho a la protesta pública y desconociendo su obligación de atender y resolver las peticiones justas y legítimas de los gobernados. Delincuentes son, pues, los funcionarios morosos y los medios venales que les hacen coro.

¿Y qué diremos de la señora diputada, un miembro del Honorable Poder Legislativo cuya responsabilidad esencial es hacer las leyes y procurar su recto y justo cumplimiento? ¿Conoce esa señora la Constitución; sabe de qué está hablando? Si no la conoce ¿qué hace en el poder legislativo? Y si la conoce, ¿cómo se atreve a pisotear de modo tan indigno, y por simple servilismo rastrero, la ley fundamental de los mexicanos que ella es la más obligada a cumplir? ¿Y qué decir de esa muletilla absurda y desgastada de respetar el derecho de manifestación pública “pero siempre que no afecte derechos de terceros”? ¿No se da cuenta la diputada que está repitiendo un evidente y vulgar sofisma, que sólo pueden dar por bueno los retrasados mentales? Derecho de manifestación, sí, dice ella, pero sin obstaculizar el tránsito de nadie, sin hacer ruido, sin contaminar visualmente ni dar mal aspecto al centro histórico. No cuelguen mantas ni carteles ni griten consigna alguna. En resumen: “jueguen al toro, pero sentaditos”. ¿Por qué no organiza ella una manifestación así, para demostrarnos cómo se logra semejante milagro?

Todo esto es así, como dije, visto como ejercicio de la sana inteligencia. Pero desde el ángulo social la cosa es mucho más seria, pues tanto lo que pasa en San Luis Potosí como en Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa o Baja California Sur, es un síntoma alarmante de la misma causa de fondo: una visión reaccionaria y antipopular del quehacer político que no registra, o le importa un bledo, la terrible pobreza y desigualdad en que se debaten las mayorías trabajadoras del país y, que, en consecuencia, ni cree necesario hacer algo para paliar el problema, ni tampoco está dispuesta a respetar el derecho de las víctimas a defenderse de modo organizado y ejerciendo sus derechos constitucionales. Pero si la lógica política y la experiencia histórica no mienten, éste es el coctel explosivo más eficaz y seguro para detonar un conflicto social de grandes proporciones, que ya asoma las orejas, por cierto, en los conflictos poselectorales que todos sabemos. Dr. Toranzo, señores gobernadores de Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur: su desazón por las protestas antorchistas tiene un remedio fácil y bueno para todos: apliquen una pequeña dosis de justicia social y de una política de más altura y resuelvan. La patria se los agradecerá.

Opinión

Chihuahua, la gran batalla. Por Caleb Ordóñez T.

Andrea Chávez hizo prácticamente todo lo imaginable para convertirse en candidata a gobernadora de Chihuahua. Recorrió el estado durante años, apareció en espectaculares, inundó las redes, protagonizó polémicas nacionales, consiguió el respaldo de Adán Augusto López y tuvo al PT amenazando prácticamente con una rebelión si Morena no la elegía. Construyó alrededor de su nombre esa sensación tan mexicana, de antaño, de que una candidatura ya estaba decidida antes de decidirse.

Y pues, perdió.

No por mucho. En la pregunta definitiva de Morena, Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 31.53% contra 30.61% de Andrea. Apenas 0.92 puntos. Pero debajo de aquella diferencia microscópica aparecieron datos bastante más interesantes: Cruz tenía mayor conocimiento que quizá solo los chihuahuenses entenderían, fue un 64.75% contra 51.17%; también quedó arriba cuando se preguntó quién sería mejor candidato y registró mayor disposición de voto. El mecanismo ponderado terminó otorgándole 8.5 puntos contra 1.5. Una tremenda paliza.

Andrea construyó visibilidad. Cruz conservó los factores reales del poder. Y ésa puede ser la primera gran lección de Chihuahua rumbo a 2027.

Porque Cruz es un político de una estructura de antaño; otra escuela. Fue dirigente estatal partidista, diputado local, diputado federal, senador por Morena y dos veces alcalde de Ciudad Juárez. Ya había perdido una candidatura al gobierno estatal pues no tenía presupuesto, luego regresó a Juárez, hizo puentes con AMLO y Sheinbaum, reconstruyó y esperó.

Pertenece a esa generación que aprendió política de primer nivel antes de TikTok: conocer municipios, relacionarse con empresarios, campesinos, ganaderos, comerciantes, dirigentes seccionales, hacerse amigo de adversarios y hasta esquivar los rencores personales que muchas veces pesan más que cualquier encuesta.

No creo que sea fácil.

Pero suele ser bastante bastante útil.

Quizá por eso su primera reacción después de derrotar a Andrea no fue cobrar facturas. “La voy a buscar”, le dijo con ánimo conciliador al periodista Joaquín López-Dóriga. La llamó un activo de Morena y habló inmediatamente de unidad, estructura territorial y diálogo.

Cruz entendió algo elemental: ganó la candidatura, pero todavía no gana Chihuahua.

Y para ganar Chihuahua necesita a Andrea y a su gente.

Después de semejante inversión política -y económica-, Chávez no desaparece porque perdió una encuesta. Conserva reconocimiento, operadores, seguidores en redes sociales, relaciones nacionales y una estructura construida durante años. Además es juarense, justamente donde Cruz deberá resolver una de las sucesiones municipales más importantes del país.

¿Andrea candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez?

Hoy sería especulación.

Pero tampoco hay que ser Maquiavelo para imaginar la posibilidad.

Una Andrea verdaderamente incorporada, llevando a su estructura hacia Juárez mientras Cruz concentra su operación estatal, podría transformar la batalla interna más peligrosa de Morena en una alianza electoral formidable. Ella tendría futuro; Cruz tendría unidad; Morena conservaría dos estructuras que hasta hace unos días estaban intentando derrotarse.

Para conseguirlo ambos tendrían que tragarse algo.

Andrea, el orgullo.

Cruz, las facturas pendientes.

Eso se llama política.

La otra posibilidad es mucho más entretenida para el PAN: que Andrea se retire, que sus operadores se dispersen o, peor todavía, que comience el deporte favorito de los partidos mexicanos cuando alguien pierde una interna: el fuego amigo. Una elección competitiva puede perderse por los votos que obtiene el adversario, pero también por aquellos que tus propios aliados deciden no ayudarte a conseguir.

Cruz parece dispuesto a intentar la operación cicatriz, aunque no con todos. Con Andrea quiere hablar. Con Javier Corral, no se tomará ni un café. Cuando López-Dóriga le preguntó por el exgobernador, respondió que no es su compañero y que no quiere su apoyo. Incluso consideró que ser su enemigo es un gran premio, pues en Chihuahua no quieren al exgobernador.

Ahí también hay oficio.

Cruz parece distinguir perfectamente entre Andrea y todos los personajes que se acomodaron alrededor de Andrea. Una cosa es integrar a quien prácticamente empató la medición final y otra organizar una posada para abrazarse con cada adversario acumulado durante veinte años.

Unidad no significa amnesia.

Mientras tanto, en el PAN deben estar haciendo cuentas.

Marco Bonilla gobierna la capital y pertenece al partido que controla el estado. Tiene estructura, exposición, pocos negativos y el enorme activo de competir desde el principal bastión panista. Pero enfrente tendrá a un político que gobierna la ciudad más poblada de Chihuahua, conoce los sectores económicos y políticos del estado y lleva décadas construyendo relaciones más allá de los partidos.

Las encuestas cuentan historias diferentes. Algunas han colocado a Cruz con ventajas muy importantes; otras han puesto a Bonilla competitivo. Eso significa algo mucho más divertido que una elección resuelta:

Hay elección.

Y Chihuahua capital será una batalla dentro de la gran batalla. El PAN conserva ahí su principal fortaleza, pero también tendrá que administrar sus diferencias internas que son verdaderamente hostiles. Morena deberá demostrar que puede trasladar hacia el centro del estado la fuerza que posee en Juárez. Cruz tendrá que convertir poder territorial en una coalición estatal; Bonilla, transformar una plataforma capitalina en un proyecto para 67 municipios.

Porque Chihuahua no será una elección más.

Para Morena es la joya que todavía no posee. La izquierda contemporánea nunca ha gobernado el estado y conquistarlo tendría un enorme valor político y simbólico. Para el PAN significa exactamente lo contrario: Chihuahua forma parte intrínseca de su historia y perderlo sería entregar uno de sus bastiones nacionales fundamentales.

La paradoja es maravillosa. Un estado que nunca ha tenido un gobierno estatal de izquierda tiene profundas conexiones con la izquierda que gobierna México. Bertha Luján, chihuahuense, presidió el Consejo Nacional de Morena y es madre de Luisa María Alcalde y Bertha Alcalde. María Sorté, madre de Omar García Harfuch, nació en Camargo. Andrea es juarense. Cruz también construyó desde Juárez su principal fortaleza política.

E insisto, Chihuahua nunca ha sido gobernado por la izquierda.

Pero demasiados caminos de la izquierda nacional conducen hacia Chihuahua. Tierra que la presidenta ha llamado “su Estado favorito”.

Por eso todos van a ir.

Morena buscará aquello que todavía no tiene. El PAN defenderá aquello que no puede permitirse perder. El PT tendrá que acomodarse después de haber apostado abiertamente por Andrea. La gobernadora Maru Campos defenderá su legado y Marco Bonilla tendrá que salir de la comodidad de la capital y hacer campaña lo más pronto posible.

Y en medio estarán Cruz y Andrea.

Ella tendrá que decidir qué hacer con su derrota.

Él, qué hacer con su victoria.

Falta más de un año.

Pero Chihuahua ya dejó de prepararse para el 2027.

Chihuahua ya está en el 2027 y el país entero querrá saber qué sucederá ahí. Podría convertirse en la madre de todas las batallas.