Luego de la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, registrada el sábado 11 de julio y revelada hasta el domingo 12 de julio del 2015, y las acciones en las funciones de seguridad recaen en la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró el Episcopado Mexicano en el semanario Desde la Fe.

La Iglesia católica a través de su editorial dominical Desde la Fe,realizó una crítica a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para extinguir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que en el año 2012 la Cámara de Diputados modificó para concentrar nuevamente todas sus funciones en la Segob.

“Los motivos fueron dudosos, pero finalmente se logró poner todas las instancias administrativas de seguridad pública, seguridad nacional, vigilancia fronteriza y migratoria e inteligencia bajo esta dependencia”, añadió en su editorial bajo el título de “Supersecretaría”.

Señala que “la vergonzosa fuga” de uno de los delincuentes más connotados, pone en tela de juicio la viabilidad de aquella reforma y la concentración de funciones en una entidad política encargada del gobierno interior.

Bajo el argumento de que “la sociedad mexicana exige emprender acciones para proveer tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional para cada persona y familia”, la subjetividad populista legislativa justificó la “supersecretaría”, detalla la publicación.

Para el Episcopado Mexicano, la «supersecretaría» concentra actividades como la coordinación de secretarios de Estado, registrar firmas oficiales de funcionarios, publicar el Diario Oficial, censurar algunas publicaciones, inspeccionar a la población del país, expulsar extranjeros indeseables así como actividades de seguridad pública, nacional e inteligencia, entre otras.

Ante tales tareas, la “supersecretaría” muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del sistema de inteligencia.

La editorial critica que a casi tres años, los legisladores del Congreso de la Unión no regatearon a la actual administración el renacimiento de la “supersecretaría”. No obstante, considera que la competencia de la Secretaría de Gobernación fue jurídicamente desnaturalizada para imponer criterios ineficaces que confunden a un organismo político como aparato policial.

El Economista