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Ernestina Godoy: ¿Renacimiento de la FGR? Por Caleb Ordóñez T.

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Hay figuras políticas que nacen del poder; otras, en cambio, se convierten en símbolo de un proyecto porque encarnan su narrativa, sus tensiones y sus aspiraciones. Ernestina Godoy pertenece a esta segunda categoría. No es solo la nueva fiscal general de la República: es, para bien o para mal, el punto de inflexión con el que Claudia Sheinbaum pretende diferenciar su movimiento del lopezobradorismo original. Si Gertz Manero representó la era de la confrontación y los expedientes cruzados, Godoy es presentada como el relevo institucional que promete un rostro más técnico, más austero, más femenino y más cercano al discurso de gobernabilidad que Sheinbaum intenta consolidar.

Godoy se ha convertido en la pieza clave para explicar qué significa hoy el “movimiento sheinbaumista”: un reacomodo, no una ruptura; una continuidad, pero con nuevas reglas. Y aunque la narrativa es seductora, la transición no será sencilla.

Los positivos: técnica, autonomía discursiva y una visión de derechos. Y negativos desde la oposición.

Durante su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy logró algo que muy pocos fiscales capitalinos pueden presumir: mantener una línea estratégica clara. Apostó por fortalecer la investigación de delitos de alto impacto, integró unidades especializadas contra feminicidios y trató —con resultados razonables— de profesionalizar procesos que históricamente habían dependido de “jefes de grupo” más que de criterios técnicos.

Uno de los mayores méritos, mencionado incluso por adversarios, fue su impulso a modelos de investigación con perspectiva de género. En una Ciudad de México donde las cifras de violencia contra mujeres son siempre tema de escrutinio, el trabajo de la fiscalía local avanzó en homologar protocolos y fortalecer equipos periciales. No fue perfecto, pero sí un paso tangible.

Además, Godoy ha sido descrita como una funcionaria metódica, con capacidad de escucha y, sobre todo, sin los rasgos de protagonismo que caracterizaron a su antecesor. Ella representa, para el círculo cercano de Sheinbaum, la oportunidad de que la FGR deje de ser un actor político reactivo y se convierta en un órgano de Estado que genere estabilidad, en lugar de tormentas.

Sin embargo, los cuestionamientos también están ahí. Críticos —incluidos algunos dentro de Morena— señalan que Godoy no logró despejar las dudas sobre el uso político de la fiscalía capitalina, donde casos como el del Cártel Inmobiliario fueron interpretados por la oposición como expedientes construidos a conveniencia. Aunque la fiscalía presentó pruebas y defendió procedimientos, la percepción quedó instalada.

Esa percepción la acompañará ahora a nivel nacional. Será imposible evitar que cada decisión de la FGR sea evaluada no solo por su mérito jurídico, sino por el lugar que ocupa dentro del tablero político del nuevo gobierno.

Hay otro punto clave: su cercanía con Sheinbaum. Para unos es una fortaleza —“habrá coordinación institucional”—; para otros, un riesgo —“será una fiscalía alineada al Ejecutivo”—. Godoy deberá demostrar, con hechos y expedientes bien armados, que su lealtad principal es hacia el Estado, no hacia el movimiento que la respalda.

Godoy recibe una FGR con fracturas internas, rezago, pugnas sindicales y una reputación erosionada por la figura dominante y a veces errática de Alejandro Gertz Manero. Tres retos son ineludibles:

1. Reestructurar la institución: las áreas técnicas y periciales requieren inversión, capacitación y procesos estandarizados. No basta con cambiar el discurso; hay que cambiar la maquinaria.

2. Despresurizar los expedientes pendientes: desde casos de alto impacto político hasta las investigaciones que Gertz dejó abiertas o detenidas. Godoy deberá demostrar que no habrá “venganzas heredadas”, pero tampoco carpetazos.

3. Recuperar credibilidad pública: esto implica comunicar mejor, transparentar procesos y explicar decisiones. La FGR no puede seguir siendo un búnker hermético.

¿Por qué será diferente a Gertz Manero?

La diferencia principal no será jurídica sino de estilo. Gertz construyó una fiscalía personalista, vertical, dependiente de su voluntad. Godoy, por el contrario, opera desde la lógica del método, no del temperamento. No busca el reflector, sino el procedimiento. No habla para agitar, sino para justificar.

Además, Sheinbaum la necesita como símbolo de moderación y profesionalismo, no como arma política. Si Gertz incomodaba al régimen con sus pleitos, Godoy está llamada a darle al gobierno un rostro institucional que genere menos fuego cruzado y más estabilidad.

Claro: ser “diferente” no garantiza ser mejor. Dependerá de su capacidad de tomar distancia, incluso del poder que la nombró.

Ernestina Godoy llega con el beneficio de una segunda oportunidad para la FGR. México ya probó lo que ocurre cuando una institución tan poderosa se encierra en sí misma y responde a impulsos personales. Ahora se abre la posibilidad de un modelo más profesional, más predecible y más orientado al Estado que al individuo.

El reto es monumental, pero también inevitable: si la fiscalía fracasa, lo hará el proyecto de justicia de todo el país. Pero si Godoy logra reconstruirla con rigor y autonomía, no solo será distinta a Gertz Manero; será la primera fiscal en décadas que transforme la institución desde la inteligencia, no desde el miedo.

Y quizá entonces, por primera vez, la FGR pueda dejar de ser un campo de batalla y convertirse en lo que México lleva años esperando: un verdadero instrumento de justicia. Una nueva dinámica está por comenzar, y esta vez, el país no está para desperdiciarla.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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