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Es oficial, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública

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Con la publicación del decreto referente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública federal. La de Gobernación se encargará de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

Ello, luego de 12 años de que se creó la SSP, dependencia que tuvo como una de sus tareas principales el combate a la delincuencia organizada en coordinación con las fuerzas federales, así como la seguridad pública en zonas federales como aeropuertos y fronteras.

Entre los programas que operó la SSP se encuentran el Programa Nacional de Seguridad Pública; Programa Sectorial; Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia y el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, entre otros.

Entre las acciones más destacas de la SSP se encuentra la detención de líderes de diversas organizaciones criminales, como José Antonio Acosta Hernández, alias “el Diego” y de Marco Antonio Guzmán Zúñiga, líderes del grupo delictivo “la Línea”, brazo operativo del cártel de los Carrillo Fuentes que fueron detenidos en Chihuahua en 2011.

Además, el año pasado la SSP informó sobre la detención de José Antonio Torres Marrufo, alias “el Marrufo”, líder de la organización delictiva “Gente Nueva” y quien es presunto autor intelectual de la muerte de 18 personas en el centro de rehabilitación “El Aliviane”, en septiembre de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una de las detenciones más importantes concretadas recientemente por personal de la SSP fue la de José Jorge Balderas Garza, alias el “el JJ”, presunto operador financiero de la organización delictiva, y presunto autor material de la agresión al futbolista Salvador Cabañas.

Sin embargo, Durante la última etapa de dicha dependencia, la Policía Federal también se vio envuelta en hechos polémicos como la agresión a dos funcionaros de la embajada de Estados Unidos y un capitán de la Marina el 24 de agosto pasado, por lo que fueron consignados 14 de sus elementos.

Además, el 25 de junio de 2012 hubo una balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde murieron tres uniformados a manos de sus propios compañeros, quienes fueron relacionados con el tráfico de drogas y por lo que se detuvo a Bogard Felipe Lugo de León.

De esta forma, con el Decreto publicado este miércoles, en su Artículo 27 fracción XII, será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes”.

Asimismo, estará dentro de la esfera de esta dependencia proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal.

Coadyuvará a la prevención del delito, ejercer el mando de la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos personales, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

La fracción XIII bis establece que deberá proponer acciones para asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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