La representante de Unicef en México, Isabel Crowley, aseguró que la educación es un agente de cambio clave capaz de terminar con la violencia que se vive en escuelas, y propuso leyes y políticas públicas para abatir la deserción y evitar el trabajo infantil.

De acuerdo con el «Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica» elaborado por Unicef y la SEP, casi la mitad, es decir 43.2 por ciento, del personal docente refiere que ha detectado casos de violencia en el entorno escolar, expresó.

Mientras 90 por ciento del alumnado de sexto de primaria y de secundaria planteó que alguna vez han sufrido humillaciones o insultos. «Necesitamos revertir esto de manera urgente» , alertó.

En el foro «La escuela como promotora de la paz: una mirada desde el Poder Legislativo» , consideró que las escuelas no sólo deben ser espacios libres de violencia, sino escenario idóneo para la promoción de la cultura de paz y derechos humanos.

«Deben ser áreas de protección y de seguridad para los niños, niñas y adolescentes, de convivencia pacífica, en donde se aprenda a solucionar los problemas a través del diálogo» , puntualizó.

La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideró que la educación es un agente de cambio clave capaz de acabar con el ciclo de violencia.

Por ello, propuso formular leyes e implementar políticas públicas para abatir la deserción y evitar que los menores sean víctimas del trabajo infantil, de las redes de trata y de los grupos delictivos, pues seis millones de niñas y niños en México no asisten a la escuela.

Se debe promover el desarrollo e implementar políticas públicas integrales e intersectoriales de prevención de violencia, crear un sistema de garantías y derechos a niñas y niños, así como tener un régimen especial y de restitución de derechos.

«En México se carece de un sistema para proteger a este sector» , por lo que es necesario impulsar un régimen de defensa de la infancia, que conecte a todos de forma coordinada y restituya derechos incumplidos, expuso.

Es decir que los menores no tengan que trabajar en las calles, detectar cuando son víctimas de violencia en sus hogares, escuelas, comunidades e instituciones, así como dar respuesta institucional adecuada para que crezcan libres violencia y disfruten su infancia.

Reconoció que la violencia es tema complejo y multifactorial, por lo que se deben sumar esfuerzos para su prevención e hizo un llamado a los legisladores a propiciar un mejor presente y futuro para ese sector. «Al invertir en la infancia se logra un mejor país» , anotó.

Por separado la diputada Verónica Juárez Piña indicó que a fin de prevenir y erradicar la violencia que victimiza a niñas, niños y adolescentes, es necesario que padres y madres de familia, docentes, autoridades y legisladores actúen de manera coordinada.

La legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció los esfuerzos realizados desde diversos ámbitos para enfrentar este problema, pero consideró necesaria su armonización para la obtención de mejores resultados.

«Necesitamos ponernos de acuerdo para que, con lo que contamos ahora, optimicemos recursos económicos, materiales y humanos en aras de este objetivo» , puntualizó.

También es necesaria la participación de la niñez y la adolescencia en esta tarea, para lo cual se debe impulsar el conocimiento sobre sus derechos para que puedan ejercerlos, además de demandar que se les respeten y garanticen, consideró.

Se les debe preguntar «qué piensan, qué sienten ante las distintas circunstancias, qué quieren y a qué aspiran, y a partir de ello tomar las decisiones particulares» , precisó.

Manifestó la disposición y compromiso de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara baja para sumarse a ese esfuerzo conjunto y hacer lo necesario para prevenir y erradicar la violencia contra los menores de edad.

Recordó que en el Congreso de la Unión hay siete iniciativas para crear nuevas leyes y reformar otras a fin de hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia, por lo que confió en que pronto se puedan dictaminar y aprobar para cumplir con ese objetivo.

«Creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad en ello y en aras de una vida libre de violencia para ellos en México estaremos trabajando seguramente desde este espacio» , reconoció.

Sobre la violencia en las escuelas, manifestó que no se puede ver como el único espacio o como una «isla» de la violencia, sino también en el hogar, la familia, la comunidad, el espacio público y a través de los medios de comunicación.

Por ello, todos los actores en esos ámbitos tienen responsabilidad y todos son necesarios en la búsqueda de soluciones, pero ello implica también coordinación y suma de esfuerzos, puntualizó.

En su oportunidad, el diputado Jorge de la Vega Membrillo afirmó que no se puede incurrir más en el error de negar esta problemática, pues se ha convertido en un problema social y, sin duda, ha generado un clima de profunda hostilidad para el desarrollo de los menores.

Reconoció que la escuela refleja la descomposición social existente en el país, por lo que es fundamental ponerle especial atención, en particular por parte de quienes aplican las políticas públicas.

En tanto, Martha Leticia Sosa Govea afirmó que el Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad de adecuar el marco jurídico actual para combatir el bullying, pero también el Ejecutivo federal debe mejorar el ingreso familiar.

No sólo en México sino que en todos los países latinoamericanos existe la preocupación por la violencia escolar, expuso la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la cámara baja.

Destacó que diputados y senadores deben cumplir su obligación de hacer compatible la ley con la realidad, aunque también los gobiernos federal y estatales deben diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas para combatir la agresión en los planteles.

La diputada panista afirmó que el bullying no sólo es un problema de principios, valores, relaciones humanos y actitud, sino de ingresos, porque, dijo, «cuando hay problemas económicos en la casa, surge la violencia» .

Por ello, subrayó, el Legislativo debe vigilar que el gobierno mejore los ingresos familiares, lo más pronto posible para evitar la explotación de todos estos problemas sociales.