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México

EU eliminó de su lista negra a hijos y esposa de Caro Quintero

Luego de casi ocho años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra y desbloqueó las cuentas de 30 empresas, así como aquellas vinculadas con los hijos y esposa de Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, quien está acusado de asesinar a un agente norteamericano y sigue prófugo.

Entre junio y octubre de 2013, las autoridades norteamericanas incluyeron a 18 personas y 30 entidades en la lista de Designaciones Especiales de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, con lo cual fueron congeladas sus cuentas en Estados Unidos. Pero este 23 de abril, esas sanciones fueron levantadas.

De acuerdo con el reporte, se trata de la familia y el primer matrimonio de Caro Quintero, entre quienes están su hijo mayor, el jinete jalisciense Héctor Rafael Caro Helenes; así como los hermanos del ex participante de las Olimpiadas de Pekín 2008, Henoch Emilio Caro Elenes, Mario Yibrán Caro Elenes y/o Gibrán Caro y Roxana Elizabeth Caro Elenes; además de la madre de todos ellos, María Elizabeth Elenes Lerma y/o Elizabeth Elenes de Caro.

Juan Carlos Soto Ruiz, señalado como administrador de nueve compañías designadas, también fue removido de la lista de la OFAC. Este sujeto, originario de Guadalajara, Jalisco, fue sancionado el 31 de octubre de 2013, dos meses después de que el Narco de Narcos quedara en libertad tras casi tres décadas encerrado en una prisión mexicana.

En tanto, María Elizabeth Elenes Lerma y sus hijos fueron incluidos en la llamada lista negra el 12 de junio del mismo año que Soto Ruiz, cuando el ex líder del Cártel de Guadalajara aún estaba tras las rejas.

La gran mayoría de los negocios están ubicados en Jalisco, donde el capo amasó una fortuna ilícita, según los reportes de agencias estadounidenses. Aunque otros se ubican en Guanajuato, Sinaloa y Veracruz.

Según los informes del Departamento del Tesoro, son empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria, minoristas de gasolina o incursionan en el ramo agrícola, además de aquellas que producen y comercian fertilizante orgánico y pesticidas. Igual se incluyen zapaterías ubicadas en diversas plazas comerciales de Guadalajara.

De ese modo fueron levantadas las sanciones a Desarrollos BIO GAS Guadalajara; ECA ENERGÉTICOS, Tlaquepaque; SAL ORGÁNICA Zapopan; Petro BIO, Guadalajara; PRONTO SHOES y CX Inspira/CX-Moda, Guadalajara, Veracruz, Nuevo León, Iztapalapa y León; Hacienda las Limas en Acatlán y Zapopan; EVCOMER, Guadalajara; El ÉBANO DE MARÍA, Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Mazatlán, Nuevo León, Celaya, Tijuana, en Los Cabos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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