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México

Exige PAN auditoría por la tarjeta IAVE

El vicecoordinador del PAN exigió a las autoridades de la Cámara de Diputados realizar auditoría para comprobar los trayectos que han recorrido los distintos legisladores con la tarjeta IAVE

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MÉXICO, D.F.- El vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres, exigió a las autoridades de la Cámara de Diputados realizar una auditoría para comprobar los trayectos que han recorrido los distintos legisladores con la tarjeta IAVE para definir actos de corrupción o algún sobreuso de este privilegio que tienen los legisladores.

Este martes, se publicó que el Congreso erogó en dos años 20 millones de pesos en pago de los Identificadores Automáticos de Vehículos (tarjeta IAVE) para los 628 diputados y senadores que lo integran, lo que forma parte de sus prestaciones. Los dispositivos son para el pago de peajes de casetas, toda vez que ésto apoya sus trabajos relacionados con el proceso legislativo y el cumplimiento de sus atribuciones.

El panista coahuilense Marcelo Torres comentó que están a favor de que se pueda hacer un análisis muy serio de éste y cualquier otro rubro que implique un gasto al presupuesto porque actualmente se tienen que cuidar mucho los gastos de austeridad.

“El ejemplo lo tenemos que poner todos, en el caso de estos 20 millones de pesos acumulados en dos años por medio de una prestación como es el servicio IAVE, tiene que hacerse un análisis muy serio porque si se dividen los 20 millones entre los 628 legisladores, hablamos de 16 mil pesos por año por legislador, lo que un gasto excesivo”, comentó el panista.

Fuente: El Mercurio

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México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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