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México

Exigen información de panistas detenidos

Alrededor de 50 vecinos de la Delegación Benito Juárez pidieron al Embajador de Brasil en México, Marcos Raposo Lopes, información sobre la situación jurídica de los panistas Sergio Eguren y Rafael Medina, detenidos en aquel país.

Encabezados por la perredista Leticia Varela, presidenta de la Asociación Reinventemos Benito Juárez, los vecinos acudieron esta mañana a la Embajada carioca, ubicada en Lomas de Chapultepec.

Los colonos entregaron una misiva dirigida a Raposo Lopez para obtener información sobre Sergio Eguren y Rafael Medina, directores de Desarrollo Delegacional y de Gabinete y Proyectos Especiales en la Benito Juárez.

«Tenemos la certeza de que la justicia brasileña no será vulnerable a influencias o relaciones políticas que, desde nuestro País, traten de ocultar, una vez acreditados, los detalles de estos lamentables hechos», se lee en la carta que entregaron.

Los inconformes también expusieron que están ciertos de que el Embajador Marcos Raposo Lopes cumplirá con su labor diplomática y de que el gobierno de Fortaleza actuará con responsabilidad y no permitirán que una eventual falta como ésta sea ignorada.

«Aquí esas personas son personajes políticos ligados al Partido Acción Nacional, que gobernó nuestra nación por 12 años, y que debieran de conducirse con probidad y estricto apego a la ley», señaló uno de los vecinos.

En el lugar fueron recibidos por un representante del Embajador a quien entregaron el documento que portaban.

El domingo, Sergio Eguren y Rafael Medina fueron detenidos por presuntamente acosar a una mujer y agredir a su acompañante en Fortaleza.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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